FMI señala riesgos por déficit fiscal y retrasos en el presupuesto colombiano

21 de abril de 2025 – El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emitido un firme aviso sobre la complicada situación fiscal de Colombia, caracterizada por un déficit público que se elevó al 6,7% del PIB en 2024 y una acumulación de atrasos presupuestarios equivalente al 2,8% del PIB, es decir, alrededor de 48 billones de pesos. Este escenario, empeorado por ingresos fiscales insuficientes y gastos primarios desbordantes, plantea serios retos para la estabilidad económica del país en 2025, sobre todo en un contexto de incertidumbre global impulsado por las políticas del nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Mientras el Gobierno colombiano elabora un plan de financiamiento para reducir el déficit al 5,1% del PIB en este año, el FMI destaca la imperiosa necesidad de ajustes fiscales urgentes para prevenir una crisis de liquidez y salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Un déficit fiscal que excede las previsiones

De acuerdo al informe del FMI, el déficit fiscal del gobierno central en 2024 llegó al 6,7% del PIB, un incremento notable en comparación al 4,2% de 2023 y 1,1 puntos porcentuales por encima de la meta fijada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Este deterioro se atribuye a dos factores principales: ingresos tributarios por debajo de lo anticipado y un gasto primario que sobrepasó los límites establecidos, a pesar de las recortes realizados a finales del año anterior. La combinación de estos factores, junto con la depreciación del peso, elevó la deuda pública bruta al 61,3% del PIB al finalizar 2024, un nivel que genera inquietud entre inversores y agencias calificadoras.

Los atrasos presupuestarios, que se estiman en 48 billones de pesos (2,8% del PIB), representan obligaciones pendientes de pago que competirán con los recursos presupuestales de 2025. Esta acumulación, originada por restricciones de liquidez, podría restringir la capacidad del Gobierno para financiar programas esenciales, como aquellos destinados a atender la emergencia sanitaria por fiebre amarilla recientemente declarada, o para responder a situaciones imprevistas sociales y económicas, como la crisis de los arroceros o la escasez de gas natural.

Incertidumbre global y el efecto de la administración Trump

El FMI también resalta los riesgos externos que enfrenta Colombia, especialmente los derivados de las políticas del segundo mandato de Donald Trump, que comenzó en enero de 2025. La posible implementación de aranceles adicionales a las importaciones, como el incremento del 10% al 20% sobre productos provenientes de China, podría provocar una guerra comercial que afecte los precios de los productos básicos, vitales para las exportaciones colombianas como el petróleo y el café. Además, los canales financieros y comerciales podrían verse afectados por un endurecimiento de las condiciones globales, con aumentos en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense que incrementen los costos de endeudamiento para economías emergentes como Colombia.

La economía colombiana, que experimentó un crecimiento del 1,7% en 2024 gracias al consumo privado y una recuperación paulatina de la inversión, se enfrenta ahora a un entorno más adverso. El FMI advierte que una caída en los precios de las materias primas o una disminución en la demanda global podrían mermar los ingresos por exportaciones, mientras que la fuga de capitales, ya visible en flujos netos de portafolio negativos en 2024, podría ejercer aún más presión sobre el tipo de cambio y encarecer las importaciones.

Medidas urgentes para la sostenibilidad fiscal

El FMI reconoce los esfuerzos del Gobierno colombiano para reducir el déficit fiscal al 5,1% del PIB en 2025, conforme al Plan de Financiación presentado en febrero. No obstante, el organismo subraya que alcanzar este objetivo demandará políticas concretas para aumentar los ingresos y ajustar el gasto, especialmente

en un escenario donde los márgenes para ajustes son escasos debido a la inflexibilidad del presupuesto. La emisión de Títulos de Tesorería (TES) por 18 billones de pesos en los dos primeros meses de 2025 evitó una crisis de liquidez, aunque aumentó la carga de la deuda, lo que podría resultar en costos financieros más elevados si las tasas de interés se incrementan.

Entre las sugerencias del FMI se encuentran la reorientación del gasto público hacia inversiones productivas, como la transición energética, así como la protección de los hogares vulnerables a través de programas sociales focalizados. Además, el organismo propone reformas estructurales para elevar la productividad y atraer inversión privada, al mismo tiempo que una modernización del sistema tributario que cierre brechas y haga más progresivo el recaudo. Estas acciones, unidas a una política monetaria prudente, son fundamentales para contener la inflación, que en marzo de 2025 se ubicó en un 5,1% interanual, y para estabilizar las expectativas del mercado.

Implicaciones económicas y sociales

El deterioro fiscal tiene efectos directos en la economía colombiana. El incremento de la deuda pública y los costos de financiamiento elevados podrían derivar en tasas de interés más altas, perjudicando el consumo y la inversión privada. La depreciación del peso, intensificada por la incertidumbre global, encarecería las importaciones, lo que presionaría los precios de bienes esenciales y dificultaría el control de la inflación. Standard & Poor’s y Fitch Ratings mantienen la calificación crediticia de Colombia en BB+ con perspectiva negativa, lo que refleja los crecientes riesgos fiscales y la posibilidad de una revisión a la baja si no se llevan a cabo correcciones.

En el ámbito social, la acumulación de rezagos presupuestales podría postergar la ejecución de programas clave, como los dirigidos a la vacunación masiva contra la fiebre amarilla o la atención de crisis regionales. La necesidad de priorizar el pago de deudas pendientes limitará el espacio fiscal para nuevas iniciativas, lo que podría generar tensiones en un país que ya enfrenta demandas sociales y económicas, como las protestas de los campesinos del Catatumbo o los costos de una eventual consulta popular.

Un camino hacia la estabilidad

El diagnóstico del FMI subraya la urgencia de actuar para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas colombianas. Mientras el Gobierno elabora un plan de ajuste fiscal, la colaboración con el sector privado y la implementación de reformas estructurales resultarán cruciales para aliviar los riesgos internos y externos. La dependencia de la emisión de deuda, aunque necesaria a corto plazo, no representa una solución sostenible, y la confianza de los inversionistas dependerá de la capacidad de las autoridades para alcanzar las metas fiscales y enfrentar los desafíos globales.

En un contexto caracterizado por la incertidumbre de la política comercial estadounidense y la volatilidad de los mercados, Colombia se encuentra en un momento crítico. Las decisiones que adopten las autoridades en los próximos meses no solo influirán en la salud fiscal del país, sino también en su capacidad para proteger a los más vulnerables y establecer las bases para un crecimiento económico inclusivo y sostenible.