“Impacto del Crimen Organizado: Un Freno al Crecimiento Económico en Latinoamérica, según el Banco Mundial”

A lo largo de mucho tiempo, América Latina y el Caribe “ha sufrido por un crecimiento económico anual pobre, escasa productividad”, pobreza y elevados niveles de desigualdad y “permanecerá atrapada en esta deficiente situación” hasta que contenga el crimen organizado y la violencia que acarrea, se indica en un informe.

Las tasas de asesinatos en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe “exceden con creces las registradas en cualquier otro lugar del planeta”, resalta.

Si bien la población de la región representa aproximadamente el 9% del total mundial “acumula un tercio del total de los asesinatos” y la diferencia se ha ampliado, pasando de una tasa promedio 5.4 veces mayor que la del mundo (22.0 frente a 4.1) en la primera década de este siglo a una 8 veces superior (23.9 frente a 3.0)” en la segunda, indica.

Las tasas promedio de asesinatos en el lapso 2018-2022 oscilan desde 38 por cada 100,000 habitantes en Honduras hasta 5 en Argentina y 4 en Bolivia.

En los últimos años, la situación ha mejorado en países como El Salvador y Venezuela, pero se ha deteriorado en otros como Ecuador y Haití, agrega.

A medio y largo plazo, el informe sugiere mejorar los sistemas educativos y los mercados laborales, aunque a corto plazo defiende “priorizar el fortalecimiento estratégico de la capacidad en prisiones, cuerpos de policía y sistemas de justicia”. También la prevención enfocada en “jóvenes en riesgo de unirse a grupos delictivos”.

No es sencillo identificar qué está detrás del aumento del crimen organizado en la región, sostiene el BM, pero hay ciertos factores que inciden.

La organización menciona la demanda global de cocaína, oro ilegal y tráfico de migrantes en la década de 2010, la reestructuración de los grupos ante las represiones gubernamentales, la mayor disponibilidad de armamento, la diversificación de sus negocios y el uso de alta tecnología.

La pandemia del covid-19 también ha tenido un impacto. En Colombia y México “facilitó que las organizaciones criminales adquirieran legitimidad y poder al ofrecer apoyo social y gobernanza, en algunos casos sustituyendo al Estado en áreas de marcada pobreza y desigualdad”, afirma el Banco Mundial.

“En respuesta al cierre de fronteras durante la pandemia, el Tren de Aragua (Venezuela) pasó de cobrar tarifas por facilitar el tránsito de los migrantes a establecer su propia operación, que incluye la propiedad de empresas de transporte y alojamiento”, agrega.

En sus cifras más recientes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que los costos directos del crimen organizado alcanzaron el 3.4% del PIB de América Latina y el Caribe en 2022.