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El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) lanzó una seria advertencia en su más reciente reporte presentado al Congreso de la República. Señaló que los altos niveles del gasto del Gobierno Nacional Central (GNC) —actualmente en máximos históricos— tendrán efectos significativos en la próxima década. Sin embargo, este es solo uno de los peligros para la viabilidad de las finanzas públicas que han identificado en su análisis sobre el contexto actual de la situación fiscal del país.
Indica, por ejemplo, la cada vez más limitada y creciente inflexibilidad presupuestaria, lo que considera un inconveniente, ya que “disminuye el margen de maniobra del Gobierno y reduce el espacio para el gasto social y productivo”.
Respecto a los ingresos del Gobierno, el Comité advierte que el moderado aumento esperado del PIB tendencial (variable con mayor influencia en la generación de recaudo permanente), presentará desafíos para la estabilización de las finanzas públicas, al tiempo que subraya la considerable discrepancia entre las tasas de interés y el crecimiento económico, lo que complicará la convergencia de la deuda a su meta de mediano plazo.
Para el Carf, a futuro las tensiones del gasto estarán conectadas con la dinámica del gasto en el Sistema General de Participaciones (SGP), salud, pensiones e intereses, que estima pueden representar 2,3 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) anualmente durante la próxima década.
En el caso del SGP y las pensiones —explica— las presiones provienen de las reformas aprobadas por el Congreso de la República el año anterior.
En este sentido, recomienda, de manera urgente, “implementar medidas que disminuyan la rigidez presupuestaria, fortalezcan los ingresos estructurales y garanticen que nuevas reformas sean fiscalmente sostenibles.” El Carf opina que este esfuerzo solo podrá realizarse con la colaboración entre el Gobierno, el Congreso de la República y los actores de la sociedad civil”, menciona el informe.
Advertencias pertinentes
Expertos económicos consultados por EL TIEMPO coinciden en que en cuanto al gasto público el país enfrenta enormes retos, ya que las advertencias del Carf son bastante pertinentes.
Daniel Velandia, director Ejecutivo de Investigaciones Económicas y Economista Jefe de Credicorp Capital, sostiene que uno de los tópicos que más inquieta está relacionado con el pago de intereses, que ha aumentado de manera significativa en los últimos años, no solo por el contexto externo, sino también por el interno, que conlleva mayores tasas de interés derivadas, entre otras, de la percepción de mayor riesgo sobre la economía por parte de los inversionistas.
El experto agrega que otro aspecto se encuentra en el ámbito de la salud, además del tema de la reforma pensional que impone mayores presiones al gasto fiscal. “Según los cálculos del Gobierno, en los próximos años se hablaría de 3 décimas más del PIB solo por cuenta del Pilar Solidario, pero en nuestras proyecciones eso podría ser del 0,6 por ciento del PIB.”
Costo fiscal y Pilar Solidario, lo más preocupante de la reforma pensional Foto:iStock
De acuerdo con el documento del Carf, entre 2019 y 2024, el gasto del GNC aumentó 4,6 puntos porcentuales del PIB, alcanzando el 23,2 por ciento del PIB el año pasado, mientras que los ingresos se incrementaron apenas 0,3 puntos porcentuales, a pesar de la aprobación de dos reformas tributarias.
Frente
Ante esa situación, el Comité indica que este desfase “ha provocado déficits fiscales elevados y continuos, y ha acentuado la rigidez presupuestaria. Al finalizar 2024, aproximadamente el 90 por ciento del gasto del GNC se destinó a partidas fijas, relacionadas principalmente con intereses de deuda, salud, el SGP, pensiones y transferencias al déficit preexistente del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).”
Para César Pabón, director Ejecutivo Senior de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, no hay dudas de que habrá presiones significativas en el futuro. “Al incremento del gasto público no estructural en los últimos años —especialmente en funcionamiento y gasto social tras la pandemia— se agrega una alta rigidez presupuestaria: cerca del 90 por ciento de los fondos están comprometidos por normativas legales o decisiones judiciales, lo que limita considerablemente el margen de acción del Gobierno. Esta problemática se agrava por presiones fiscales inmediatas, como la reforma pensional y la evaluación del SGP.”
Él añade que para evitar un mayor deterioro fiscal, es vital implementar un plan de austeridad que minimice el gasto de funcionamiento. Un ajuste global en el gasto de funcionamiento, según sus cálculos, podría generar ahorros de al menos 20 billones de pesos. Además, es urgente —comenta— avanzar en la desindexación y flexibilización del gasto, así como en una reforma del gasto constitucional que permita alinear las obligaciones fiscales con la escasa disponibilidad de recursos del Ministerio de Hacienda.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Foto:Néstor Gómez. El Tiempo
Acuerdo político
El consenso entre los analistas es que hay una urgente necesidad de disminuir el gasto público de tal forma que el país lo ajuste o alinee con el flujo de sus ingresos y de esta manera aminorar las tensiones que existen en la economía.
Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento y estudios económicos Fedesarrollo, menciona que en su informe el Carf
reafirma el mensaje que la entidad ha venido transmitiendo en los últimos años: reducir el tamaño del gasto y hacerlo concorde a la capacidad de generación de ingresos.
“El país no puede operar sistemáticamente con déficits promedios superiores al 6 por ciento del PIB, ya que esto hace insostenible la deuda pública. Si Colombia no ajusta el tamaño del gasto en los próximos años, estoy convencido de que enfrentará una profunda crisis fiscal“, advirtió el economista.
La mayor inquietud frente a esta situación es que no existe disposición política para afrontarla, comenta Felipe Campos, gerente de Estrategia de Inversión en Grupo Alianza, frente a lo cual las herramientas técnicas disponibles, como las reglas fiscales, podrían resultar en un mero protocolo.
Además, menciona que el gran peligro es alcanzar el 70 por ciento, que aunque la regla lo permite en circunstancias específicas, convertirse en muy complicado retornar a niveles más bajos. “Lo que se podría realizar es un gran acuerdo en el que la mayoría del espectro político coincida en que es necesario un Estado más pequeño, con menos ministerios y gastos, pero esto es complicado en Colombia donde hay una necesidad de gasto. Se requiere un gran capital político que comprenda que estos niveles de gasto a largo plazo son mucho más complicados para la sociedad que mantenerlos estables, pero eso solo ocurre después de una gran crisis, como la de Argentina.”
Mientras tanto, Velandia, de Credicorp, considera que al próximo gobierno no le quedará otra opción que realizar otra reforma tributaria, pero que no sea solo más de lo mismo, sino una que aborde problemas estructurales, lo que sin duda implicará tomar decisiones complejas (IVA, umbral para el pago del impuesto a la renta). “Requerimos una reforma que incremente los ingresos de la Nación y bajo el contexto del gasto, creo que la reforma de la ley de competencias es una oportunidad para revisar el gasto público del país, para que sea más eficiente, se eliminen aspectos innecesarios y que los mensajes del Gobierno sean de responsabilidad y estabilidad fiscal, entre otros”.
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