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Con la radicación de la ponencia del proyecto de reforma laboral este miércoles 4 de junio, para su último debate en la plenaria del Senado, comienza a correr el reloj de lo que se considera el tramo final en el Legislativo de este accidentado proyecto que busca implementar nuevas reglas de juego en esta materia en el país.
El texto presentado para discusión es el mismo aprobado en la Comisión IV de dicha corporación y se espera que en los próximos días representantes de las distintas bancadas puedan avanzar en acuerdos y consensos en torno a los temas clave que han generado gran polémica entre el Gobierno y algunos parlamentarios, así como entre los distintos gremios de la producción, muchos de los cuales consideran que de pasar la iniciativa como está hasta el momento, tendrá un impacto negativo en la tasa de desempleo, al tiempo que se convertirá en un obstáculos para reducir la elevada informalidad laboral, hoy en 56,8 por ciento.
Se tiene previsto que la discusión de la ponencia se retome la próxima semana, en medio de la expectativa por el anuncio del Presidente Gustavo Petro de sacar adelante vía decreto su consulta popular, iniciativa que ha recibido fuertes críticas desde diversos sectores, que lo ven como una forma de ‘deslegitimar al Congreso de la República’.
“La consulta por decreto sin cumplir con los requisitos constitucionales, no solo es irresponsable, sino abiertamente ilegal. El artículo 104 de la Constitución Política de Colombia es claro y categórico: para que el Presidente de la República convoque una consulta popular, se requiere concepto previo y favorable del Senado. No hay lugar a interpretaciones. Cualquier intento de eludir esta exigencia viola de forma flagrante no solo ese artículo, sino el principio democrático de separación de poderes”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
Algunos reparos
La mayor parte del texto que se discutirá en el último debate de la plenaria del Senado fue aprobado sin mayores modificaciones en el pasado 28 de mayo en la Comisión Cuarta de esa misma célula legislativa. Y si bien este avance tiene aspectos positivos en cuanto al principio de trabajo digno y decente, así como en mejora de la la estabilidad de los trabajadores, hay quienes consideran que también dejan importantes vacíos, al tiempo que crea barreras para la generación de trabajo y la lucha contra la erradicación de la informalidad, entre otros temas fundamentales.
Para los analistas del centro de estudios económicos Anif “las nuevas exigencias en materia de contratación, los cambios en la definición de la jornada laboral y el incremento en los recargos por trabajo el domingo, festivos y horarios nocturnos, pueden traducirse en mayores rigideces y desincentivos a la generación de empleo formal“, temas a los que no se les ha dado un debate profundo.
Esa es una de las mayores preocupaciones que tiene el sector productivo colombiano frente al proyecto que avanza en el Legislativo, más cuando se sabe que la generación de empleo en el país está soportada por las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que son las que conforman el 98 por ciento del aparato productivo nacional.
Por eso guardan la esperanza de que en los días que restan para el debate del proyecto se logre hacer una discusión más profunda a esos temas puntuales, para lo cual han presentado algunas alternativas que hagan menos costosa esa reforma a la mayoría de empresas del país.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ha manifestado en diversas oportunidades su disposición a discutir y concertar en esos temas sensibles para sacar adelante la reforma laboral. Ha dicho que los empresarios están dispuestos a ceder frente a temas del recargo nocturno y el pago de los dominicales y festivos, a pesar de que esto representa un impacto grande para las compañías, en medio de una coyuntura en la que la economía no crece al ritmo deseado.
Para los analistas de la Anif, “la reforma cuenta con un amplio apoyo popular y su aprobación en el Legislativo parece un hecho“, Por eso insisten en un llamado para que en las discusión que se avecina se incorpore un mecanismo de evaluación que permita medir sus efectos sobre el mercado laboral en los próximos años. “Eso permitirá, sin perjuicio de la medida, tomar los correctivos necesarios para limitar sus efectos sobre el mercado de trabajo”, dien.
Las salidas
Los empresarios colombianos son conscientes de que el país tarde o temprano tendrá que ajustar sus normas laborales y no se oponen a ello, siempre y cuando esos cambios se hagan sobre planteamientos que no ahoguen al sector productivo, al punto que eviten que pueda generar más empleo formal o que se vea abocado a prescindir de puestos de trabajo para poder cumplir con los que se apruebe en la reforma laboral.
Jaime Alberto López, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), dice que es entendible que las dinámicas de la economía los obligará tarde o temprano a realizar ajustes en sus operaciones, de ahí la necesidad de que esto sea un proceso gradual.
A este sector le preocupa lo aprobado hasta ahora por los miles de empleos que están en juego, también por la informalidad a la que muchos empresarios tendrían que llegar ya que la estructura de costos de sus empresas no funcionará con esas nuevas reglas.
Cálculos de la Anif indican que, teniendo que las actividades con menor capacidad de generar empleo formal y las empresas de menor tamaño estarían entre las más afectadas con la reforma, los sobrecostos podrían traducirse en un aumento en la tasa de informalidad entre 0,5 puntos porcentuales (recargo dominical) y 0,63 puntod (cambio de jornada diurna).
Advierte, además, que esos sobrecostos podrían traer destrucción de empleos, que en un escenario medio podría alcanzar los 140.000 puestos, siendo el principal factor de presión el aumento en los costos derivados del cambio en la jornada diurna.
La tasa de informalidad laboral en Colombia se situó en 58 por ciento al cierre de abril del 2025. Foto:Solutions & Payroll
“La inclusión laboral efectiva requiere algo más que generar vacantes. Implica remover las barreras que impiden a las personas acceder a empleo formal, asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones laborales y, sobre todo, que las políticas públicas se articulen con el sector privado para crear ecosistemas de contratación sostenibles y legales”, señala Eduard Forero Benavidez, director general de Solutions & Payroll.
Para las directivas de la Anif , dado que la discusión de la reforma laboral avanza sin mayores cambios en los temas que más impactaran el mercado de aprobarse la iniciativa como está hasta el momento, se hace necesario que incorporar un artículo que establezca la obligación de realizar una evaluación de los efectos de la reforma en el mercado laboral dos años después de su entrada en vigor.
Así las cosas, si las advertencias del centro de pensamiento se confirman y se evidencia una disminución en los niveles de formalidad, debería contemplarse una extensión en los plazos de transición hacia los nuevos recargos por trabajo nocturno y dominical.
“Esta propuesta no alteraría ni la aprobación de la reforma ni el contenido de sus disposiciones, pero permitiría contar con un mecanismo de ajuste que corrija el rumbo en caso de que los efectos negativos sobre el empleo formal lleguen a materializarse”, puntualiza la entidad en un reciente informe..
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