Los gremios del sector energético aseguraron que el proyecto de ley que alista el Ministerio de Minas y Energía para reducir las tarifas de energía eléctrica terminará afectando “el bienestar de los ciudadanos y del país” porque lo propuesto no permitirá lograr ese propósito.
Insisten en que una reducción en las tarifas debe lograrse a través de decisiones regulatorias técnicas, basadas en análisis de alternativas e impactos con suficiente evidencia argumentativa y beneficios positivos para el mercado, sus agentes y los usuarios.
“Solicitamos que esta reforma sea revisada con base en datos, diagnósticos reales rigurosos, criterios de sostenibilidad de largo plazo, participación informada y respeto del marco institucional”, manifestaron.
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De acuerdo con los gremios, se requieren acciones y soluciones concretas, que no necesariamente requieren reformas de ley. Proponen, por ejemplo, asegurar las condiciones para que haya una mayor oferta o generación de energía, consolidar mecanismos de mercado estandarizados anónimos y crear una cultura ciudadana frente al cuidado y uso eficiente del servicio de energía.
Estas consideraciones fueron enviadas al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por medio de una carga firmada por Andesco, Acolgén, Andeg, Asocodis, Naturgás, ACP, Cámara Colombiana de la Energía, CCE, Agremgas, Gasnova, Andi y Asoenergía.
Foto:iStock
Pago de la opción tarifaria
El Ministerio propone que la deuda de la opción tarifaria que tienen los hogares de estratos 1, 2 y 3 la paguen los usuarios de estratos 4, 5, 6 y no residenciales. Sin embargo, los gremios consideran que esta medida resulta regresiva y genera una carga desproporcionada para una población minoritaria.
Además, perjudica a quienes ya cumplieron con el pago de su deuda, pues no solo se les cambian las reglas de juego al imponerles una carga retroactiva, sino que también verían incrementada su factura al asumir las deudas de otros usuarios y otros mercados de comercialización.
Cerca del 30 por ciento de los usuarios de Colombia ya asumieron la deuda de la opción tarifaria, con lo cual a dichos usuarios los pondrían a pagar un valor adicional a cargo de otros usuarios, y a los usuarios que aún están pagando sus deudas, les tocaría pagar la deuda de ellos, y la de otros usuarios.
“Una porción muy importante de esa deuda está constituida por subsidios a cargo de la Nación. De ponerse en vigencia la norma propuesta, los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 y no residenciales regulados resultarían subsidiando a la Nación, lo cual riñe con el principio de solidaridad que se invoca como sustento de la propuesta”, manifestaron los gremios.
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Modificaciones a la conformación de la Creg
Para los gremios, la propuesta de que a la Creg ingresen representantes de la academia, usuarios y sindicatos, puede generar sesgos y riesgos para la objetividad de la toma de decisiones regulatorias.
Esto podría traducirse en errores regulatorios que afectarían gravemente tanto a usuarios como a empresas, desconociendo las responsabilidades administrativas o fiscales en las que incurren los tomadores de decisiones en estos casos.
Adicionalmente, dicen que reducir la experiencia mínima para ser experto comisionado de mínimo seis años a cinco años representa un retroceso en la calidad técnica, más aún teniendo en cuenta que otras comisiones de regulación requieren una experiencia de entre ocho y 10 años.
Ajustes a las fórmulas tarifarias
El texto propuesto habilita la modificación excepcional de fórmulas tarifarias en cualquier momento, abriendo espacio, según los gremios, a intervenciones poco técnicas bajo argumentos amplios y subjetivos, cuando la regulación debe responder a criterios objetivos, basados en evidencia técnica.
“Permitir ajustes ad hoc debilita la estabilidad del marco regulatorio, lo que tendría efectos contraproducentes tanto para los usuarios, al exponerlos a tarifas impredecibles, como para los prestadores, al generar incertidumbre en la recuperación de las inversiones”, agregaron.
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Cambios al esquema de aplicación de los subsidios de energía
Aunque los gremios consideran que la eliminación de subsidios generalizados y la transición a un Registro Universal de Ingresos (RUI) es un paso en la dirección correcta, se requiere previamente el levantamiento y consolidación de información socioeconómica de las personas, ya que hoy los subsidios son asignados según el estrato de los hogares.
Por eso, es fundamental aunar esfuerzos para concretar un cronograma que permita avanzar en esta línea, incluida la adopción de las medidas necesarias para la normalización de las medidas, la cual no puede ser una responsabilidad de los comercializadores, como se propone en el proyecto de ley.
También hacen un llamado a que el Gobierno Nacional pague los subsidios adeudados a los comercializadores de energía eléctrica y gas combustible con el fin de garantizar su sostenibilidad y liquidez. Proponen otros mecanismos de pago, como los recursos de crédito y el cruce de impuestos con las empresas.
