. El crecimiento económico se ha estancado bajo su administración.

Enero de 2025 se erige como un punto crítico para la administración de Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien enfrenta un crecimiento económico estancado que ha hecho re-evaluar las promesas de cambio y transformación que caracterizaron su campaña electoral. En medio de notables desafíos sociales y económicos, las decisiones recientes de su gobierno están generando un clima de incertidumbre que puede tener repercusiones significativas en la nación en los próximos meses.

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Colombia indican que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) para 2025 será apenas del 2%, lo que contrasta drásticamente con los niveles de crecimiento de diversas economías de la región que han experimentado un repunte tras la pandemia. Este estancamiento económico se ha visto impulsado por una serie de políticas que, en lugar de reactivar la economía, han generado desconfianza tanto en inversionistas nacionales como internacionales.

Uno de los puntos más criticados de la gestión de Petro es su enfoque en la reforma tributaria, que ha sido calificada por algunos economistas como "confusa" y "punitiva". La implementación de impuestos adicionales a las empresas y un aumento en la carga fiscal ha provocado que muchas industrias reconsideren sus operaciones en Colombia. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inversión extranjera directa se ha reducido en un 15% en comparación con el año anterior, lo que indica una falta de confianza en el clima de negocio.

En términos de promesas incumplidas, la administración de Petro se había comprometido a abordar de manera efectiva la pobreza, la desigualdad y el acceso a la educación y la salud. Sin embargo, los informes de organismos como la Cepal sugieren que la pobreza multidimensional ha aumentado, afectando a más del 35% de la población. Esto contrasta con los compromisos anunciados por el gobierno de avanzar hacia una "Colombia más equitativa" en el primer año de su mandato.

Adicionalmente, el sector de la seguridad también ha sido un foco de preocupación. Las cifras de homicidios y desplazamientos forzados han mostrado un repunte alarmante, indicando que las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno no han logrado estabilizar áreas críticas del país. En un contexto donde la violencia y el crimen organizado parecen avanzar, la falta de un plan claro y efectivo ha dejado a muchos colombianos en la incertidumbre.

Mirando hacia el futuro, las perspectivas para el resto de 2025 no son alentadoras. La combinación de un crecimiento económico estancado, la disminución de la inversión y un aumento en la inseguridad podría llevar a un ciclo de crisis políticas y sociales más profundas. La oposición ha comenzado a capitalizar esta situación, llevando a cabo protestas que reclaman un cambio en la dirección económica del país, mientras que la pantalla de movilización social podría abrir el camino a un ambiente de mayor inestabilidad.

Es crucial que el gobierno de Petro reevalúe sus políticas y busque un diálogo constructivo tanto con el sector privado como con los ciudadanos. Sin una renovación en la confianza y una acción decisiva que priorice la reactivación económica, puede enfrentarse a un año lleno de descontento social, desconfianza institucional y deterioro de las condiciones de vida en un país que anhela cambios reales.

En conclusión, a medida que el 2025 apenas comienza, los riesgos latentes de la administración de Gustavo Petro son evidentes. Si no se ajustan las políticas y se toman medidas concretas para abordar los problemas económicos y de seguridad, la gestión podría enfrentar una crisis de credibilidad que podría tener repercusiones duraderas para Colombia y su población. La necesidad de un giro decisivo es urgente, y el tiempo se agota.