A nueve años del acuerdo de paz: qué ha avanzado y qué sigue pendiente en Colombia

Colombia celebra el noveno aniversario del trascendental Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Farc, un acuerdo que aspiraba a poner fin a más de 50 años de conflicto armado. Con una inversión que supera los 107 billones de pesos, el proceso ha alcanzado hitos significativos, aunque aún enfrenta considerables desafíos en áreas como la implementación, la seguridad y la justicia transicional.

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se ha avanzado en varios frentes, especialmente en la reintegración de excombatientes. Más de 11.000 firmantes continúan su proceso de reintegración a la vida civil, a pesar de los riesgos persistentes y las preocupaciones de seguridad en diversas regiones del país.

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La Agencia Nacional de Tierras indica que hasta agosto de 2025 se han otorgado 16.500 hectáreas, con un total acumulado de 275.577 hectáreas, aunque el 84% de los títulos definitivos de propiedad aún está pendiente. Esto representa solo el 9% del objetivo de 3 millones de hectáreas estipulado en el Acuerdo para tierras redistributivas. Además, se han formalizado 3,5 millones de hectáreas, alcanzando la mitad de la meta de 7 millones, beneficiando al 64% de los agricultores y al 75% de las comunidades étnicas.

En cuanto a seguridad, durante el Gobierno del Cambio se han activado instancias del Sistema Integral para el Ejercicio de la Política (SISEP), así como se ha aprobado e implementado el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP). Asimismo, se reglamentó el Programa de Protección Integral (PPI), que tiene como objetivo garantizar la seguridad de los excombatientes y sus familias.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha impuesto sanciones en casos notorios, como el caso 01 donde sancionó a siete miembros del último Secretariado de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad. También está el caso 03 donde se sancionó a 12 miembros de la Fuerza Pública por asesinatos y desapariciones forzadas en la región Caribe.

En cuestiones de participación política, el partido Comunes, que representa a los excombatientes, se enfrenta al último período legislativo con sus diez escaños. En las próximas elecciones, deberán competir en condiciones de igualdad para mantener su representación.

A pesar de los logros, continúan los retos en reincorporación, sustitución de cultivos ilícitos, justicia transicional y reforma rural. La Jurisdicción Agraria y Rural, fundamental para resolver los conflictos relacionados con la tierra, sigue estancada en el Congreso, motivo por el cual la Defensoría del Pueblo insta a avanzar en los dos debates restantes.

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) ha formalizado más de 56.000 planes de inversión, aunque solo el 1,5 % de las familias ha recibido atención total. Al mismo tiempo, el Programa RenHacemos ha sumado a 3.913 personas, comprometiendo 5.885 hectáreas para avanzar hacia economías lícitas.

El Acuerdo ha fortalecido la protección y asistencia a las víctimas, a través de la Ley 2421 de 2024 y la coordinación de políticas con un enfoque de género y diversidad. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha logrado recuperar 1.239 cuerpos, 162 entregas dignas y localizar con vida a 141 personas.

La Misión de Verificación de la ONU ha registrado 481 excombatientes asesinados, 164 intentos de homicidio y 57 desapariciones desde la firma del Acuerdo. En regiones como Bolívar y Antioquia, continúan las graves violaciones a los derechos humanos, así como el desplazamiento forzado y la violencia sexual.

En el ámbito rural, el Estado ha adquirido más de 640.000 hectáreas para el Fondo de Tierras, distribuyendo 250.703 hectáreas con un enfoque redistributivo. Además, se han establecido Zonas de Reserva Campesina en Áreas de Reserva Forestal, ofreciendo seguridad jurídica a las familias campesinas y promoviendo el desarrollo rural sostenible.

El Programa de Política de Drogas 2023–2033 propone un enfoque ambiental y de corresponsabilidad internacional, con el objetivo de reducir 90.000 hectáreas de coca para 2026 mediante conservación y restauración.