Acemi advirtió posibles consecuencias penales por desacato del Ministerio de Salud en el ajuste de la UPC: “Estamos frente a un fraude a resolución judicial”

Las recientes declaraciones de la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, han intensificado el debate sobre la financiación del sistema de salud, luego de que la Corte Constitucional iniciara un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debido al supuesto incumplimiento de órdenes judiciales vinculadas al ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Para Vesga, la actuación del Ministerio de Salud no solo pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las EPS, sino que podría resultar en responsabilidades penales.

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“Estamos ante un fraude a una resolución judicial. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, ha desacatado de manera reiterada las órdenes de la Corte Constitucional, lo que los expone al inicio de un proceso penal que incluso podría incluir arresto”, declaró la directiva, calificando como “oportuna y necesaria” la decisión del alto tribunal, según Blu Radio.

Las afirmaciones de la presidenta de Acemi se producen tras la emisión de un auto de 49 páginas, con ponencia del magistrado Carlos Camargo, en el que la Corte Constitucional pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General investigar los supuestos incumplimientos del ministro Jaramillo.

En el mismo documento, el tribunal otorgó un plazo de 48 horas para que el funcionario explique su conducta y compulsó copias a los organismos de control, cuestionando además el seguimiento al cumplimiento de las órdenes judiciales.

El origen del conflicto se remonta al Auto 007 del 23 de enero de 2025, mediante el cual la Corte declaró insuficiente la UPC establecida para 2024 y ordenó crear un mecanismo para su reajuste también para 2025.

La decisión fijó un plazo de diez días desde su notificación, obligación que fue reafirmada posteriormente cuando el alto tribunal rechazó las solicitudes de nulidad y aclaración presentadas por el Ministerio de Salud.

Sin embargo, el Gobierno estableció para 2025 un incremento de la UPC de solo 5,36%, cifra que, según Acemi y otros gremios del sector, no cubre los costos reales del sistema.

Según estimaciones técnicas, el ajuste debía aproximarse al 16%, lo que deja un desfase de más de 10 puntos porcentuales. Cada punto faltante, advierten los expertos, equivale aproximadamente a $870.000 millones, lo que podría llevar el déficit total a superar los $9 billones.

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