El penalista Álex Fernández Harding confirmó a la Unidad Investigativa de El Tiempo que su oficina asumirá la defensa de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), y de su pareja Johana Murgas Guzmán, alias la Mona, recién capturada. El anuncio ocurrió el 24 de septiembre y se produce en medio de los operativos del gobierno De la Espriella en Magdalena y La Guajira contra esa estructura criminal.
La captura de la pareja de Pinocho como punto de inflexión
Según explicó Fernández Harding al diario El Tiempo, fue precisamente la detención de Johana Murgas lo que precipitó la decisión de anunciar públicamente las intenciones de negociar. La pareja de Pinocho tiene abierto en Colombia un proceso por lavado de activos relacionado con bienes que tenía en España. Estaba en libertad al momento de su captura y el proceso estaba en etapa de juicio, según confirmó el propio abogado.
Fernández Harding señaló que Pinocho le otorgó poder a la oficina para pronunciarse a través de un documento. La oficina ya lleva además la representación de Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, hermano de Pinocho, cuya extradición había sido frenada durante el gobierno anterior. Ambos hermanos son requeridos por cortes de Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
La negociación con EE.UU. es la prioridad
El abogado fue claro sobre el orden de prioridades: la justicia federal de EE.UU. viene primero. Pinocho es requerido por una corte en Austin, Texas; su hermano Muñeca tiene indictment en esa misma corte y en otra de Virginia.
La negociación con el gobierno colombiano, según Fernández Harding, está condicionada a que se conozcan los lineamientos de las nuevas normas de sometimiento de organizaciones criminales que está construyendo el gobierno De la Espriella. El abogado también advirtió que esos lineamientos, por sí solos, no resolverán la situación judicial de su cliente en EE.UU.
Cuando se le preguntó si adelantarían primero un sometimiento en Colombia, Fernández Harding respondió: quien firma un preacuerdo está negociando términos. Explicó que se trata de cumplir la Constitución y la ley, y que están prestos a ser parte del procedimiento que se establezca, sin temor a la palabra sometimiento ni negociación, como los establece el artículo 22 de la Constitución.
El contexto: la ofensiva del gobierno contra las ACSN
El anuncio del abogado de Pinocho llega días después de los operativos que el presidente De la Espriella ordenó en Magdalena y La Guajira contra las ACSN. Esos operativos resultaron en la neutralización de Bendito Menor y de alias el Cholo, segundo y tercero al mando de la estructura criminal, que había intentado paralizar Santa Marta con un paro armado de 48 horas.
El gobierno respondió entonces con militarización de la región y una postura firme: De la Espriella llegó personalmente a Santa Marta y declaró que el Estado no daría un solo paso atrás. La Fuerza Pública tiene señalados como objetivos prioritarios a tres cabecillas: alias Pati Liso, alias 200 y al propio Pinocho.
El abogado, por su parte, planteó una visión diferente de la situación: no se trata de más bolsas, más operativos o más cadáveres, sino de un problema estructural de la región, señaló al Tiempo. La tensión entre la presión militar del gobierno y la apertura de negociación anunciada por la defensa define ahora el escenario para uno de los grupos criminales más activos del Caribe colombiano.