El Acuerdo de Paz Colombia, el pacto firmado en 2016 entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC-EP para poner fin al conflicto armado interno, es hoy el centro de una solicitud formal de un grupo de sus firmantes. Miembros del antiguo secretariado de las Farc radicaron un derecho de petición ante la administración del presidente Abelardo de la Espriella, buscando conocer la postura oficial frente a la implementación del pacto para el periodo presidencial 2026-2030. La acción legal, presentada el 21 de agosto de 2026, refleja la inquietud por la continuidad de los programas de reincorporación y la estabilidad de las entidades encargadas del seguimiento.
Entre los excombatientes que firman la misiva de 16 páginas se encuentran Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez. Su preocupación principal surge tras los anuncios gubernamentales sobre una reestructuración estatal que incluye la supresión de 229 cargos en la Presidencia y la posible eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, transfiriendo sus funciones al Comisionado Nacional de Seguridad.
¿Qué significa la incertidumbre para el Acuerdo de Paz Colombia y sus firmantes?
La incertidumbre sobre la implementación del Acuerdo de Paz Colombia podría generar un retroceso significativo en los avances de reincorporación, afectando la estabilidad social y la seguridad en diversas regiones del país. Para Colombia, esto se traduce en un riesgo real de desconfianza de los excombatientes hacia el Estado, lo que podría debilitar los procesos de reincorporación económica y social, e incluso, en el peor escenario, impactar la seguridad ciudadana si las vías de legalidad se cierran. La supresión de cargos y la posible eliminación de entidades ponen en riesgo la capacidad operativa del Estado para cumplir con los compromisos, afectando directamente a los firmantes y a las comunidades que dependen de estos programas.
Claves de la solicitud y el marco legal que rige el Acuerdo de Paz
El pliego de peticiones incluye solicitudes concretas como la presentación de estudios técnicos, fiscales y jurídicos que soporten las propuestas de reestructuración, así como diagnósticos del proceso de empalme. Los firmantes también solicitan precisar las medidas de protección para salvaguardar la vida de los excombatientes en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Otras preocupaciones fundamentales son:
Reestructuración del aparato estatal, incluyendo la potencial eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el traslado de funciones clave.
Vencimiento de decretos de apoyo económico básico y atención psicosocial, programado para el 31 de diciembre de 2026, sin borradores de prórroga a la vista.
Futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ante las intenciones del Ministerio de Justicia de revisar sus periodos de vigencia y posibles proyectos de ley que alteren sus competencias o presupuesto.
Activación y funcionamiento de instancias de control como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).
Los peticionarios recordaron que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los compromisos del Acuerdo Final constituyen un referente obligatorio de validez que rige durante tres periodos presidenciales completos, es decir, hasta el año 2030. Este principio de progresividad implica que la oferta institucional consolidada para la paz no puede ser desmantelada de manera unilateral, como lo ha señalado la Corte Constitucional en diversas sentencias, y según destaca La Silla Vacía en sus análisis sobre el tema.
Esta solicitud subraya la necesidad de una comunicación clara y transparente por parte del Gobierno Nacional para garantizar la confianza y la sostenibilidad del proceso de paz en Colombia. La respuesta a este derecho de petición será determinante para el futuro de miles de firmantes y para la percepción de cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado. Para seguir de cerca este y otros temas relevantes, explore más noticias de Colombia.
