advierte Andesco sobre iniciativas del Gobierno

El 27.º Congreso Andesco reunió en Cartagena a las empresas de servicios públicos en Colombia, que lamentaron la ausencia del superintendente Yanod Márquez y del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, para hablar de los retos y preocupaciones que enfrenta el sector. 

Aunque el ministro no asistió al evento, anunció desde Valledupar un proyecto de ley para bajar las tarifas de energía eléctrica y la intención de eliminar el cargo por confiabilidad que pagan los usuarios para garantizar el suministro de electricidad durante un fenómeno de El Niño.

Para Camilo Sánchez, presidente de Andesco y también del Consejo Gremial Nacional, el Gobierno Nacional se equivoca al plantear estas iniciativas y advirtió que “malas decisiones resultan en más costos para los más pobres”.

Además, manifestó que la decisión de Moody’s y Standard & Poor’s de bajarle la calificación crediticia a Colombia “encarecerá los créditos que tienen los empresarios que están invirtiendo en nuestro país. Esto no tenía que estar pasando”.

¿Qué mensaje le deja la ausencia del superintendente Yanod Márquez y el ministro Edwin Palma en el Congreso de Andesco?

Tenemos que cambiar el discurso. En el congreso hablamos del diálogo nacional y los representantes del Gobierno no vinieron al diálogo nacional. Aquí estuvo el ente más importante de servicios públicos, que es el gremio de Andesco. 

En el evento se habló de soluciones y realidades, no de promesas. Empresas como ISA, EPM, Enel Colombia y el Grupo de Energía Bogotá (GEB) entregaron resultados y no promesas. 

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios brilló por su ausencia. La Superservicios siempre ha sido invitada de honor y en esta oportunidad se escondió para no hablar de temas fundamentales como el gas natural y la energía eléctrica. No podemos volver político algo que es supremamente técnico.

¿Cuál es la situación de los servicios públicos en Colombia?

Las empresas siguen creyendo e invirtiendo, pedimos seguridad jurídica porque nos están cambiando las reglas de juego. Eso hace que se disminuya la inversión y que se vaya para otras partes, pero lo que es peor, que se adormezca la economía en el país. 

Al ministro Edwin Palma lo invitamos al congreso y tenía un escenario con 4.000 personas para que desde la diferencia llegáramos a puntos de encuentro. No puede salir con bobadas como que aquí solo hay una buena fiesta. 

Aquí hay ideas, presupuestos, inversiones y resultados. No quiero seguir oyendo proyecticos de ley, trenes elevados del Atlántico al Pacífico y que se les olvide que hay que entregar los subsidios de energía y gas natural del 2025 porque no hay recursos en el Presupuesto General de la Nación. 

Además, si no se hacen inversiones en las redes de transmisión eléctrica, vamos a tener muchos apagones en el país. Ya pasó en Chile, Argentina, Ecuador y recientemente en Barranquilla.

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¿Qué puede pasar si el Gobierno no se pone al día con el pago de los subsidios de energía y gas natural?

Al ministro Edwin Palma no le gusta que le digamos que habrá un apagón. Colombia no se ha apagado porque, con la Contraloría y la Procuraduría, y con un mensaje de advertencia, le hicieron pagar los subsidios. El Gobierno no quería pagarlos, se demoraron. 

Actualmente, Air-e no tiene la plata que se necesita para mantener las inversiones de la región Caribe, y por eso estamos preocupados. 

Adicionalmente, el ministro Palma anunció un proyecto de ley para bajar las tarifas de energía eléctrica. Eso no sirve y no ha dado resultados en ninguna parte del mundo donde se ha implementado. Esa medida se puede devolver en contra de los usuarios.

El Gobierno Nacional no cambió la Ley 142 ni la Ley 143, y ahora nos viene a decir que en ocho meses van a tramitar una ley para bajar las tarifas de energía eléctrica.

¿Por qué es inconveniente ese proyecto de ley que anunció el ministro Palma?

Ya tenemos subsidios cruzados en este país. Actualmente, los estratos 5 y 6, además de los sectores comerciales e industriales, pagan una sobretasa en la factura de energía del 20 por ciento. 

Además, es importante tener en cuenta que en muchas zonas del país ya se pagó la opción tarifaria y ahora se la quieren volver a cobrar a los usuarios. 

También se busca incluir en este pago a los hogares del estrato 4, algo que nunca se había hecho. Realmente, el ministro Palma está equivocado. Por eso, el diálogo es importante para que, a través de mesas de trabajo, podamos avanzar. Malas decisiones resultan en más costos para los más pobres. 

El Gobierno se echa su discurso de los pobres, pero lo que está haciendo es cobrarles más a los pobres por no conocer realmente cómo se tramita un proyecto de ley. 

Los gremios somos clave para poder llegar a acuerdos, pero el Gobierno cree que tiene que luchar con nosotros. Eso es un error; por eso le faltan ganas y canas al ministro de Minas y Energía hacia el futuro.

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¿Qué riesgos traería la propuesta de eliminar el cargo por confiabilidad?

Esa no es una decisión que pueda tomar el ministro de Minas y Energía, ya que debe tramitarse a través del Congreso de la República y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Ahí me doy cuenta de que el desconocimiento es fuerte.

Adicionalmente, un cambio de esta magnitud no se hace de la noche a la mañana, eso toma tiempo. Es otro “globito” y mientras siguen diciendo “globitos”, lo que hacen es encarecer nuestra deuda.

¿Cómo afectará a las empresas que S&P y Moody’s hayan bajado la calificación crediticia a Colombia?

Esta decisión hace que nuestros empresarios, sin hacer nada malo, se les suban los costos porque les van a comenzar a cobrar tasas de interés más altas. 

Esa decisión encarecerá los créditos que tienen los empresarios que están invirtiendo en nuestro país. Esto no tenía que estar pasando. 

Es muy importante no hacer anuncios ni especulaciones, porque cuando nos castigan las calificadoras de riesgo, el empresariado tiene un sobrecosto, y ese sobrecosto al final de cuentas, lo terminará pagando el usuario en las tarifas de los servicios públicos. 

Los inversionistas necesitan tener seguridad jurídica porque, cuando se cambian las reglas de juego, las inversiones se van para otros países como Argentina, Chile o Perú.

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¿Cuál es su posición frente a la reforma laboral que aprobó el Congreso?

Respetamos a los poderes públicos; de hecho, en muchas oportunidades hemos aplaudido al Congreso de la República. En este caso específico, el Congreso legisló, aunque no es lo que quisiéramos, pero esa es la voz del pueblo y es un poder público fundamental. 

Por lo tanto, asumimos lo que tiene que asumirse, pero a lo que sí invitamos siempre es a la concertación, al diálogo y al respeto.

Esperamos que el Gobierno no bote más “globitos” y que no peleen con los que no tienen que pelear. Los gremios permanecemos, las empresas hacen las obras y los gobiernos pasan.

¿Cuál es el mensaje que le envía al Gobierno Nacional en medio de tantas tensiones?

No improvisar, priorizar en el Presupuesto General de la Nación el pago de los subsidios de energía y gas natural. También se debe evitar que se sigan politizando las instituciones y que la Creg sea técnica y se nombren a sus seis comisionados, porque lleva tres años funcionando con solo cuatro. 

Lo más importante es que los usuarios son nuestra razón de ser y el Gobierno Nacional no nos tiene que poner a pelear con ellos. Trabajamos por los usuarios y por nivelar socialmente la economía. 

No hacemos oposición; nosotros aportamos la técnica, aunque al Gobierno no le guste lo que eso significa. Debemos tener un diálogo, pero el ministro está haciendo política. 

Yo soy el presidente del Consejo Gremial Nacional, no hago oposición ni soy candidato a nada. Yo defiendo la democracia y al sector empresarial, que es el que genera el 75 por ciento del empleo formal en el país.