Economia
advierten sobre menos pensionados cubiertos y mesadas más pequeñas
El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de decreto que, de acuerdo con las observaciones hechas por lo aseguradores, tendrá el efecto de rentas vitalicias más caras, menos pensionados cubiertos, mesadas más pequeñas, mayor exposición al riesgo por parte de las aseguradoras y además, un incremento en los costos fiscales para el Gobierno.
Todo esto porque modifica la cobertura del deslizamiento del salario mínimo en las rentas vitalicias, que es un mecanismo legal para proteger a las pensiones de renta vitalicia contra la pérdida de poder adquisitivo y que ocurre cuando la inflación es mayor que el aumento del salario mínimo.
Ese desplazamiento es la diferencia entre el cambio porcentual del salario mínimo legal mensual vigente y la variación porcentual del Índice de Precios del consumidor del año certificado por el Dane.
La herramienta permite que el Estado asuma el costo del deslizamiento, para garantizar que las aseguradoras cumplan con sus obligaciones y las pensiones mantengan su valor real.
El mecanismo mantiene activo el mercado de las cotizaciones de rentas vitalicias inmediatas y diferidas para los afiliados, permitiendo a las aseguradoras de vida cubrirse en el riesgo que se puede presentar en el incremento del salario mínimo anual y la variación del IPC con que se proyectaron las rentas vitalicias inmediatas y rentas vitalicias diferidas que han sido contratadas.
La propuesta del decreto cambia el parámetro técnico que determina la proyección del deslizamiento y sustituye el esquema de pago único por un giro anual y restringe el acceso al mecanismo estatal de cobertura.
LEA TAMBIÉN
El Gobierno plantea estos ajustes como una forma de reorganizar las obligaciones públicas futuras, mientras que el sector asegurador advierte incrementos en reservas, encarecimiento de las rentas vitalicias y la posibilidad de que algunas compañías dejen de ofrecer este producto en el mercado, aunque continúen pagando las mesadas ya reconocidas.
Las aseguradoras dicen que, una vez reconocida, “jamás pueden dejar de pagarla. Lo que sí pueden hacer es dejar de ofrecérsela a los pensionados del futuro. O sea, salirse del mercado”.
Si el salario mínimo crece por encima de la inflación, la aseguradora debe reconocer la diferencia. Foto:iStock
En Colombia, una parte de las pensiones se paga mediante contratos de renta vitalicia suscritos entre el afiliado y una aseguradora. Cuando la mesada está anclada al salario mínimo, cualquier incremento real del salario mínimo legal mensual vigente debe trasladarse a la pensión. Si el salario mínimo crece por encima de la inflación, la aseguradora debe reconocer ese diferencial durante toda la vida del pensionado. Esto protege el poder adquisitivo del beneficiario, pero introduce un riesgo financiero que depende del comportamiento futuro del salario mínimo.
La cobertura del deslizamiento del salario mínimo es un mecanismo financiero que protege a las aseguradoras y garantiza que las pensiones de renta vitalicia puedan ajustarse al aumento real del salario mínimo.
Sin embargo, los aumentos del salario mínimo han generado presiones crecientes en el esquema de cobertura, detallan las aseguradoras.
De acuerdo con un documento de la Federación de Aseguradores de Colombia, Fasecolda, al ministro de Hacienda, Germán Ávila, el mecanismo se concibió para estabilizar el sistema y facilitar el pago de las mesadas, pero la variación real del salario mínimo incrementó los costos asumidos por el Estado.
El parámetro técnico que proyecta el deslizamiento se basa hoy en la productividad laboral promedio reportada por el Dane. El promedio de los últimos diez años, ubicado alrededor del 0,31 por ciento, refleja un crecimiento bajo que limita la capacidad de anticipar incrementos reales del salario mínimo. Lo que genera diferencias entre las proyecciones actuariales y los valores finales que deben cubrir el Estado y las aseguradoras.
El nuevo esquema las rentas vitalicias podrían quedar desfinanciadas. Foto:Milton Díaz. EL TIEMPO
La primera modificación del proyecto consiste en sustituir la productividad laboral promedio como base del parámetro técnico para proyectar el deslizamiento del salario mínimo y reemplazarla por la inflación.
Así las cosas, el cambio hacia la inflación implica anticipar incrementos mayores en las mesadas futuras y ajustar las reservas desde el momento de la contratación. Esta transformación incrementa el capital que las aseguradoras deben provisionar y altera los precios del seguro previsional y de las rentas vitalicias.
Fasecolda advirtió en sus observaciones al Ministerio de Hacienda que “las modificaciones propuestas podrían eliminar, en la práctica, el aseguramiento a través de las rentas vitalicias y el seguro previsional, instrumentos esenciales para la protección de los afiliados, los pensionados y el sistema en su totalidad.” El gremio sostuvo que el ajuste del parámetro eleva de manera significativa el capital requerido y afecta la estructura del seguro previsional. Según sus estimaciones, “una menor cobertura implica una mayor exigencia de reservas y, por tanto, un aumento en el valor de la prima.”
En el mismo sentido, la Procuraduría General de la Nación alertó que el nuevo parámetro podría modificar el acceso a la pensión mínima en renta vitalicia.
La entidad señaló que “el cambio podría afectar las reservas técnicas, incrementar el valor de las rentas vitalicias y elevar el costo del seguro previsional”. De acuerdo con cálculos entregados en sus observaciones, “el capital requerido para financiar una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo pasaría de aproximadamente 349 millones de pesos a cerca de 446 millones de pesos”.
Estas variaciones, dice la entidad, pueden limitar la posibilidad de migrar a la renta vitalicia para quienes tienen saldos reducidos en sus cuentas del régimen individual.
La variación transfiere parte de la incertidumbre desde el Estado hacia las aseguradoras. Foto:iStock
La segunda modificación relevante del proyecto afecta la forma en que el Estado reconoce el deslizamiento. Actualmente, el Gobierno realiza un pago único al inicio de la renta vitalicia, lo que permite a las aseguradoras calcular desde la contratación la totalidad del soporte estatal.
El proyecto elimina este mecanismo e introduce un esquema de pagos anuales, determinado conforme al comportamiento real del deslizamiento. La variación transfiere parte de la incertidumbre desde el Estado hacia las aseguradoras, que ya no recibirán un pago anticipado, sino desembolsos periódicos ajustados año a año. El ministerio de Hacienda administraría los recursos de la reserva estatal asociada a este nuevo procedimiento.
El texto también elimina el reconocimiento de intereses entre el 1 de enero y la fecha de pago del ajuste anual. Este punto reduce el costo fiscal, pero disminuye el monto de compensación recibido por las aseguradoras en cada ciclo. Fasecolda señaló que “el proyecto de decreto no tiene en cuenta un efecto crítico sobre el Seguro Previsional […] se generaría un desbalance técnico grave: las aseguradoras tendrían que asumir obligaciones mucho más altas que las previstas al momento de fijar la prima”. El gremio añadió que el encarecimiento del capital necesario afecta tanto a las compañías como a los afiliados.
El cambio final introduce un límite para acceder a la cobertura estatal, solo las rentas vitalicias equivalentes a dos salarios mínimos podrían acogerse al mecanismo, excluyendo las pensiones equivalentes a tres salarios mínimos que hoy cuentan con esta protección. Este ajuste focaliza el apoyo del Estado en un grupo más reducido, reorganizando el alcance del subsidio implícito y reduciendo la obligación fiscal.
La Procuraduría advirtió que “807 afiliados que cumplirán la edad de pensión el próximo año quedarían sin derecho a pensionarse si el proyecto de decreto entra en vigencia”.
Más noticias
LEA TAMBIÉN
LEA TAMBIÉN
