Alerta fiscal en 2026: la deuda de Colombia alcanza su mayor peso y limita el gasto público

El calendario fiscal de 2026 comenzó con una advertencia para las finanzas públicas. La preocupación no solo radica en el monto de la deuda, sino en el creciente peso que implica su gestión año tras año. Según la actualización más reciente del perfil de deuda interna del Ministerio de Hacienda, el servicio de la deuda disparará este año a un récord histórico de $130 billones, un punto crítico en las necesidades de financiamiento del Gobierno.

Este dato cobra mayor peso al mirar más allá de 2026. Las proyecciones oficiales indican que, entre este año y 2033, los costos del servicio de la deuda interna se mantendrán altos, con vencimientos significativos que continuamente presionarán el presupuesto nacional. No es un fenómeno aislado, sino una carga prolongada que limitará la capacidad fiscal en los próximos años.

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Uno de los puntos críticos se presenta en 2029. La Contraloría General de la República advirtió en su informe más reciente que el servicio de la deuda interna podría llegar a $110,6 billones en ese año. Este escenario obligaría al Gobierno a refinanciar sumas significativas en un contexto de tasas de interés todavía elevadas, aumentando así los riesgos asociados a la gestión de la deuda.

Para comprender la magnitud del desafío, los analistas destacan que el servicio de la deuda ya representa una parte considerable de los ingresos estatales. Con un recaudo tributario que supera los $300 billones, el pago de intereses que excede los $100 billones implica que casi un tercio de lo recaudado se destina a cumplir obligaciones financieras. Esto compite directamente con otros rubros del gasto público.

Cabe mencionar que no todo el monto proyectado para 2026 se refiere a desembolsos inmediatos. De los $130 billones anticipados, cerca de $79 billones corresponden a vencimientos de capital que generalmente se renuevan mediante nuevas emisiones de deuda. El problema estructural reside en los intereses; los $51 billones restantes deben pagarse efectivamente cada año, integrándose a los gastos corrientes del Gobierno.

Esta característica explica la alta presión. A diferencia del capital, que se puede refinanciar, los intereses deben cubrirse con ingresos tributarios o, en ocasiones, con más deuda. Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana, advirtió en el diario La República que “este año enfrentaremos nuevamente una presión significativa sobre la deuda. Es fundamental destacar que el Gobierno debe pagar, antes de julio, la deuda con bancos internacionales correspondiente al total return swap utilizado el año pasado como instrumento de financiamiento.”

Romero también mencionó que, en 2026, la Dirección de Crédito Público pretende priorizar la liquidez en dólares, por lo que no se anticipan monetizaciones durante el año. Además, recordó que “no debemos olvidar que, según lo indicado por Crédito Público, la venta de US$5.000 millones en bonos globales realizada en enero ya habría cubierto las necesidades de financiamiento externo.”

Este aspecto marca una transformación notable en la estrategia. Con el financiamiento externo prácticamente asegurado, el enfoque del endeudamiento se dirigirá hacia el mercado local. Las metas preliminares divulgadas por la Dirección de Crédito Público, antes de la presentación oficial del Plan Financiero, apuntan a que el Gobierno buscaría financiación interna por cerca de $85 billones en 2026.

Este monto se generaría a través de diversos mecanismos. Aproximadamente $60 billones provendrían de subastas, $9 billones de colocaciones directas, $2 billones de emisiones de TES verdes y cerca de $4,5 billones mediante bonos pensionales. Aunque estas cifras son provisionales, ofrecen una idea clara del tamaño de la apuesta por el mercado interno.

Los primeros indicadores de esta estrategia ya son visibles. En la reciente subasta de títulos de corto plazo, el Gobierno colocó $900.000 millones, mientras que la demanda total ascendió a $2,6 billones, señal de un interés por estos instrumentos en el mercado local.

Según el seguimiento realizado por Diego Montañez, analista económico y miembro del Grupo de Coyuntura Económica de la Universidad Eafit, y divulgado en el medio anteriormente mencionado, entre enero y principios de febrero, el total de deuda interna emitida supera los $6,5 billones, calculados en valor nominal aprobado. Solo en enero, se colocaron unos $5,1 billones en Títulos de Corto Plazo, TES en pesos y TES UVR. En febrero, las emisiones alcanzan aproximadamente $1,36 billones, derivadas de una subasta de TCO cercana a $0,9 billones y una colocación de TES UVR por cerca de $0,46 billones.