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Barranquilla volvió a convertirse en un escenario clave para los grandes debates nacionales con la apertura del I Encuentro de Altas Cortes y el V Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria, una cumbre inédita que por primera vez reúne, en un mismo espacio, a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
El evento, que se desarrolla en el Hotel Marriot, se centra en la discusión jurídica del país y evidencia el interés de la ciudad por consolidarse como sede de eventos académicos de alto nivel.
La apertura estuvo a carga de Mauricio Rodríguez Tamayo, presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, entidad anfitriona. El magistrado definió el encuentro como un ejercicio necesario para revisar el rol del poder judicial en un momento en el que la confianza ciudadana enfrenta desafíos y la polarización afecta la estabilidad institucional.
“Este primer encuentro de altas cortes es el recordatorio de la importancia de la justicia en nuestro país, el deber y el compromiso que tenemos como servidores judiciales de materializar realmente la justicia para la gente”, afirmó frente a los asistentes. Aseguró que el espacio permitirá “dos días de debate, ideas y aprendizajes con el ánimo de seguir fortaleciéndonos institucionalmente”.
El encuentro abrió con mesas centradas en temas claves: las garantías del debido proceso, los límites del derecho penal, la separación de poderes como base del sistema democráticolos tribunales constitucionales como garantías de la autonomía judicial y el papel del ciudadano en el control de la actividad administrativa del Estado.
Las discusiones fueron técnicas, pero con un tono político evidente: los magistrados coincidieron en que El país enfrenta un momento de tensión institucional que exige volver al rigor constitucional.
Un llamado directo: ‘Nadie puede creerse dueño del Estado’
La intervención más contundente del día la hizo. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.quien lanzó un mensaje directo al país ya las autoridades, incluyendo al presidente Gustavo Petro. “Todos, particulares y autoridades, deben estar sometidos a la Constitución. Nadie se puede creer que el dueño del Estado”, sostuvo con énfasis.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ternera Barrios, en Barranquilla. Foto:redes sociales
Ibáñez afirmó que el respeto a la Carta Política no es una discusión abstracta, sino una garantía básica de convivencia. Según él, cuando los gobernantes desbordan sus competencias, ponen en riesgo la base misma del Estado de derecho. “Para vivir en sociedad nos damos una Constitución. Y esa Constitución debe ser respetada por todos. Esa es la esencia de una sociedad civilizada”, expresó.
Sin embargo, Ibáñez fue más allá del discurso y detalló lo que considera una de las mayores amenazas para el poder judicial: la falta de autonomía real.
Según dijo, pese a que la Constitución reconoce la independencia de la Rama Judicial, en la práctica esta no existe plenamente debido a la dependencia financiera del Ejecutivo.
“Cada vez nos alejamos más de hacer una oferta judicial porque no tenemos autonomía. Si necesitamos pedir un recurso para crear un cargo en la rama judicial, nos toca pedirle limosna a la Rama Ejecutiva del poder público”, afirmó.
Encuentro de Altas Cortes y V Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria en Barranquilla. Foto:redes sociales
Agregó que el recorte presupuestal de casi 6 billones de pesos para 2026 “sencillamente nos impide el ejercicio de la función judicial”.
Ibáñez remató su intervención asegurando que “la Constitución garantiza la autonomía judicial, pero esa autonomía está en el papel”, por lo que pidió un esfuerzo conjunto para convertirla en una realidad efectiva.
La Corte Suprema: jueces con criterio, no autómatas
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco José Ternera Barrio.centró su participación en la importancia de la independencia judicial como eje de la separación de poderes. Ternera insistió en que los jueces deben tomar decisiones basadas en el derecho, pero también en un análisis profundo de las circunstancias de cada caso.
“No somos autómatas ni operadores mecánicos del derecho. Impartir justicia exige criterio, independencia y responsabilidad”, señaló.
De acuerdo con el magistrado, la función judicial no puede reducirse a la simple aplicación automática de normas, pues eso desconoce la complejidad de los conflictos sociales que llegan a los estrados judiciales.
Ternera insistió en que la ciudadanía debe entender que las cortes no responden a intereses políticos ni presiones externas, sino a la necesidad de garantizar confianza y seguridad jurídica. “La justicia debe enviar un mensaje de tranquilidad a los colombianos, y eso solo se logra con decisiones independientes y responsables.”, aseguró.
El magistrado también respaldó las discusiones sobre la necesidad de revisar la financiación de la Rama Judicial, en concordancia con lo dicho por Ibáñez. Según sostuvo, sin recursos no hay justicia que funcione con eficiencia ni con oportunidad.
Regionalización y reforma pensional: los otros temas del día
La agenda del primer día también incluyó temas propios del contexto político. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.intervino para pedir el respaldo de las altas cortes al proceso de regionalización del Caribe. Solicitó apoyo al proyecto de ley que busca transformar la Región Administrativa de Planeación (RAP) Caribe en Región como Entidad Territorial (RET).
Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico Foto:Gobernación
“Es imperativo fortalecer la descentralización y reconocer las particularidades de cada región, permitiendo que la justicia llegue con celeridad, eficacia y cercanía a todos los rincones del país”, dijo Verano.
Otro asunto que generó atención fue la confirmación, por parte del magistrado Ibáñez, de que el conjuez Pablo Márquez tiene 15 días hábiles para decidir si acepta o no la designación para destrabar la votación de la reforma pensional en la Corte Constitucional.
Según explicó, el avance depende de la velocidad con la que el conjuez responda y del tiempo necesario para evaluar y convocar la Sala Plena correspondiente. “Podemos convocar lo antes posible, pero estamos sujetos a que él se pronuncie”, precisó el magistrado.
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