Altos mandos de la Marina podrían ir a prisión por presuntos contratos fantasmas y doble remuneración

La Fiscalía anticorrupción del Callao ha solicitado al Poder Judicial una condena de seis años y cuatro meses de prisión para siete altos mandos de la Marina de Guerra del Perú por supuestamente permitir y validar un daño al Estado peruano que supera los 3,6 millones de soles, a través de pagos de doble remuneración y contratos ficticios por servicios académicos y de asesoramiento en diversas ramas navales.

Según reporta La República, en 2018 se filtró un informe de Inspectoría Naval que reveló numerosas irregularidades en cientos de contratos de servicios, firmados entre 2013 y 2016, cuyos proveedores eran mayormente marinos retirados.

Mediante adendas se habría incrementado las remuneraciones, eludiendo las restricciones impuestas por la Ley General de Presupuesto de los años 2013 y 2014. Como resultado, 275 marinos habrían tenido ingresos dobles al sumar sus pensiones y el pago por el servicio, comprometiendo así 19 millones 327 mil 717.67 soles de fondos.

Además, no habría constancia de que las actividades de capacitación o asesoría se llevaron a cabo realmente, dado que en 289 contratos no se realizó una adecuada supervisión del servicio. Algunos de los instructores designados estaban fuera del país mientras se suponía que impartían clases o charlas. Como consecuencia, el presupuesto naval se habría visto afectado en 17 millones 303 mil 320.98 soles.

La Inspectoría Naval, según La República, señaló que la dirección de administración de personal de la Marina contrató a 47 individuos sin llevar a cabo un concurso público CAS, sin demostrar que había necesidad de ello, y sin saber si asistían efectivamente a cumplir con los servicios.

Esto resultó en “la pérdida de la oportunidad de utilizar eficientemente los recursos presupuestales y la contratación de 43 personas con remuneraciones simultáneas por 3 millones 903 mil 588.40 soles y pensiones por 3 millones 279 mil 047.93 soles”, indicaron.

La acusación penal fue presentada por el fiscal Carlos Meza Fernández, de la fiscalía corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Callao. Actualmente, el caso se encuentra en la fase de control de acusación en la Corte Superior de Justicia del Callao, esperando pasar a juicio.

El Ministerio Público ha solicitado condenas de prisión por el delito de negociación incompatible para los siguientes individuos, así como el pago de una multa equivalente a 304 días de su salario o pensión diaria, además de una inhabilitación para ocupar cargos públicos durante los próximos 15 años.

Además de los capitanes de corbeta Edith Arias Moreno, Rubén Edmundo Castillo Pulache y Mike Cariapaza Palomino, también se incluyen:

• Vicealmirante Ricardo Alfonso Menéndez Calle, excomandante general de la Marina
• Contralmirante Héctor Edmundo Riolo de la Oliva, en retiro
• Contralmirante Giancarlo Polar Figari, en retiro
• Contralmirante César del Alamo Carrillo, jefe de la División de Entrenamiento y Doctrina del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía señala que los principales culpables de este ‘desfalco presupuestal’ son Riolo de la Oliva y Polar, quienes fueron directores de administración de personal naval en 2013, cuando se presentó el requerimiento, y en 2014, cuando se ejecutaron las ampliaciones de contrato y los pagos.

Los informes de Auditoría, respaldados por la investigación fiscal, afirman que se realizaron 275 pagos de doble remuneración por un total de 19,3 millones de soles.

Durante el desarrollo de las diligencias, también se implicó a los exjefes de Estado Mayor de la Marina de Guerra durante los años 2013-2014, Wladimiro Giovannini y Freire y Reynaldo Pizarro Antram.

Se menciona en el diario que se les acusaba de “autorizar la suscripción de las adendas que ampliaron el plazo de los contratos y el incremento de la remuneración”.

Sin embargo, durante el proceso se comprobó que su función únicamente era verificar que existiera un marco presupuestal para satisfacer las solicitudes del organismo de personal de la Marina, y así atender las necesidades de la institución. Por esta razón, la fiscalía pidió que se desestimaran los cargos en su contra.

El Ministerio Público presentó como evidencia de estos presuntos delitos los informes de Auditoría Naval y los testimonios de varios oficiales, tanto en actividad como en retiro. Entre los testigos más relevantes se encuentra el excomandante Gregory Paredes Saavedra, quien realizó una denuncia ante la Procuraduría Anticorrupción y la Fiscalía.

Luis Adawi Cáceres, director de la Escuela Naval de la Marina, y algunos oficiales que pudieron haber sido favorecidos con contratos, como Francisco Bugarin Núñez, Manuel Carmona Benrasconi y Ricardo Arbocco Liceti, también están incluidos en esta acusación.

Los informes de Inspectoría citados por La República indicando que la dirección de administración de personal contrató a 138 personas para cargos de ‘asesor docente’ o ‘docente’, y cuatro para trabajos administrativos.

En este contexto, se observa que no hubo “documentación que respalde la realización del concurso y que el seleccionado cumpliera con el perfil, calificaciones, experiencia, capacitación, facultad para contratar con el Estado, y la declaración de suspensión de pensiones, entre otros”, se indica en los documentos.

Durante los años 2014 a 2016, las unidades y 70 dependencias hicieron solicitudes para la contratación de personal CAS, la mayoría de los cuales tenían antecedentes militares o eran pensionistas con formación y/o experiencia en la Marina de Guerra del Perú, y en algunos casos mencionaban directamente nombres específicos de personas a contratar, sin evidencia documental que justificara y acreditara la necesidad del servicio.

Un testigo, el excomandante Gregory Paredes Saavedra, también se encontraba involucrado en otra controversia judicial. El 29 de enero de 2024, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones sentenció al capitán de corbeta retirado a tres años de prisión suspendida.

Según la corte, fue hallado culpable de difamación agravada contra el almirante retirado Carlos Tejada Mera, excomandante general de la Marina de Guerra del Perú, y otras figuras de la institución.

Paredes acusó a Tejada de involucrarse en actos corruptos después de no recibir el ascenso al grado de fragata, argumentando que la decisión fue impulsada por un presunto bajo rendimiento y problemas de conducta.

El 11 de agosto de 2023, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima absolvió a Paredes; sin embargo, el almirante Carlos Tejada apeló y el caso llegó a la Cuarta Sala Penal de Apelaciones, donde se revocó la decisión anterior e impuso la condena de tres años de prisión suspendida.