Amenazas exministra Buitrago: Senadora Zuleta señalada por presiones en cárceles

La denuncia de amenazas exministra Buitrago se refiere a las coacciones que Ángela María Buitrago, exfuncionaria de la cartera, afirmó haber recibido por parte de una senadora mientras desempeñaba su cargo. Buitrago señaló que fue objeto de mensajes directos que la acusaban de ser “enemiga de la paz”, en medio de decisiones sobre operativos en centros penitenciarios. Los hechos fueron revelados en una entrevista, donde la exministra vinculó directamente a la senadora Isabel Zuleta con dichas presiones.

¿Cuáles fueron los motivos de las amenazas exministra Buitrago?

Las presiones sobre la exministra Buitrago surgieron en relación con la implementación de controles y requisas en centros de reclusión. Según Buitrago, se le advirtió que las medidas adoptadas desde el Ministerio, como las requisas permanentes, podrían afectar los diálogos de paz en curso. La exfuncionaria insistió en la necesidad de cumplir la ley, afirmando que esta “no autoriza ni privilegios ni tratos diferenciales” para los condenados por la justicia colombiana.

Durante los operativos, se incautaron elementos como computadores y USBs, y posteriormente, según la denuncia, hubo solicitudes para su devolución. Buitrago indicó que se estaría utilizando una parte de la Ley 2272 para otorgar “privilegios y beneficios indebidos” a personas condenadas. Estos elementos, según la exministra, deben ser objeto de investigación.

La senadora Isabel Zuleta y las denuncias

Ángela María Buitrago señaló a la senadora Isabel Zuleta como la persona detrás de las presiones recibidas. Afirmó que la congresista le envió mensajes a su WhatsApp, interfiriendo en dinámicas relacionadas con los centros carcelarios y los procesos de negociación. La exministra reiteró que se presentaron “insistencias para que se devolvieran elementos incautados” después de los procedimientos de control.

Los hechos denunciados fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, tanto durante como después de la gestión de Buitrago, según declaraciones dadas a La FM. La exfuncionaria sostuvo que estas situaciones evidencian un problema estructural, donde la concesión de beneficios fuera de la ley está prohibida y puede configurar conductas punibles como el pago a funcionarios.

La exministra enfatizó la importancia de que todos estos elementos sean investigados a fondo para esclarecer las responsabilidades y garantizar la integridad de las instituciones. Este caso subraya la tensión entre la seguridad penitenciaria y los procesos de diálogo en Colombia.

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