Procesan a Begoña Gómez por presunta corrupción en España

La corrupción Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha escalado a la fase judicial. Un juez en Madrid decidió procesarla por varios presuntos delitos, una medida que ha generado “indignación” en La Moncloa, sede del gobierno, según reportó la prensa local. El proceso judicial contra Gómez es el conjunto de actuaciones legales que busca determinar su responsabilidad en los hechos imputados.

Esta determinación judicial se hizo pública el lunes 13 de abril de 2026, en un momento en que el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba en un viaje oficial a China. El juez Juan Carlos Peinado ha concedido un plazo de cinco días a todas las partes involucradas para que presenten sus alegatos y escritos de conclusiones provisionales, rechazando extender la instrucción del caso.

¿Qué presuntos delitos se imputan en el caso de Corrupción Begoña Gómez?

El juez Peinado encontró indicios de varios delitos en la actuación de Begoña Gómez. Estos son los principales cargos por los que se decidió procesarla:

Tráfico de influencias: El juez señala que Gómez presuntamente influyó sobre autoridades o funcionarios prevaliéndose de su relación personal con el presidente del Gobierno. Esto le habría facilitado acceder a interlocuciones institucionalmente excepcionales.
Corrupción en los negocios: Se indica que Gómez fue la “impulsora” en la captación de fondos privados, presuntamente no para una cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrar dichos fondos en su patrimonio personal.
Malversación: Existen indicios de que Gómez solicitó, aceptó y aprovechó la dedicación de una empleada retribuida por la Presidencia para tareas ajenas a su cometido institucional.
Apropiación indebida: La instructora expone que Gómez recibió un ‘software’ vinculado a la cátedra, pero no lo puso a disposición de la universidad ni lo sometió al cauce institucional correspondiente.

El juez también decidió procesar a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en el Palacio de la Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, archivó el presunto delito de intrusismo profesional al no hallar indicios sólidos que lo respaldaran. La decisión judicial fue recogida por Europa Press, agencia que ha seguido de cerca el desarrollo de este caso.

Este proceso marca un punto significativo en la investigación, poniendo el foco en las conexiones entre el ámbito universitario, empresas y la administración pública en España. Las partes implicadas tendrán ahora la oportunidad de presentar sus argumentos ante la justicia.

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