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El Gobierno Nacional abrió el 2026 con una de las apuestas de financiamiento más ambiciosas de su historia reciente. A través del Decreto 1478 del 30 de diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda autorizó la emisión de hasta 152 billones de pesos en Títulos de Tesorería (TES) —la segunda más alta de la historia— para cubrir las necesidades del Presupuesto General de la Nación de este año, en un contexto de fragilidad fiscal, alta carga de deuda y un panorama político marcado por el ciclo electoral.
La decisión no pasó inadvertida entre analistas económicos, exministros y centros de estudio, que si bien reconocen que la emisión de deuda es un mecanismo habitual para cubrir déficits fiscales, advierten que el tamaño del cupo aprobado, el momento en que se ejecuta y la ausencia de una hoja de ruta clara de ajuste del gasto elevan los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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Los TES son instrumentos de deuda pública mediante los cuales el Estado se financia vendiendo bonos a inversionistas institucionales y particulares, comprometiéndose a pagar intereses y capital en plazos que pueden ir desde meses hasta varias décadas.
En este caso, el Gobierno autorizó TES Clase B por 85,2 billones de pesos para atender apropiaciones presupuestales y otros 67 billones para operaciones temporales de tesorería, una combinación que amplía de forma significativa el margen de endeudamiento interno.
Poco margen de maniobra
El anuncio se dio luego de que el Gobierno cerrara 2025 con una caja de apenas 1,4 billones, el nivel más bajo registrado en décadas, situación que, según expertos, limita la capacidad de reacción ante choques externos como una desaceleración económica más fuerte, tensiones en los mercados financieros o eventos geopolíticos que afecten el costo del crédito.
Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto:Néstor Gómez EL TIEMPO
Para Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Casa de Bolsa, el problema no es solo el uso de deuda, sino la forma como se está gestionando. “Los países con déficit suelen financiarlo con deuda pública, pero en Colombia esta emisión se está haciendo sin un rumbo claro, tras la suspensión de la regla fiscal”, señaló.
A su juicio, el énfasis casi exclusivo en aumentar ingresos vía reformas tributarias ha dejado de lado el ajuste del gasto, lo que puede elevar el riesgo país, el costo del financiamiento y la probabilidad de incumplimientos en el mediano plazo.
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Presión futura
Desde el Grupo Bolívar, Andrés Langebaek, director ejecutivo de Estudios Económicos, advirtió que un endeudamiento de esta magnitud terminará reflejándose en tasas más altas. “En los mercados financieros, quien más endeudado esté debe pagar una tasa mayor. Y eso significa que, muy probablemente, habrá que pagar más impuestos en el futuro”, afirmó, calificando la coyuntura como una “prosperidad al debe”.
Langebaek también planteó dudas sobre si esos 152 billones de pesos serán suficientes, teniendo en cuenta que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha estimado que solo el impacto del aumento del salario mínimo para 2026 implicaría un gasto adicional cercano a 5,6 billones. “La gran inquietud es qué tan fiscalmente responsable será el próximo gobierno frente a esta herencia”, advirtió.
Sede del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el centro histórico de Bogotá. Foto:Archivo particular
Riesgos del corto plazo
Una de las mayores preocupaciones está asociada al creciente uso de instrumentos de corto plazo, que si bien alivian la caja en el inmediato, elevan el riesgo de refinanciación y presionan el perfil de vencimientos.
Para José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, estas operaciones “son muy peligrosas para las finanzas públicas”, porque aumentan el endeudamiento con intereses a plazos muy cortos.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA. Foto:Sergio Acero Yate . EL TIEMPO
“Esto va más allá de lo que se había aprobado inicialmente y deja al siguiente gobierno con un riesgo fiscal elevado, tanto por déficit como por nivel de deuda”, señaló, cuestionando además el uso de operaciones que, a su juicio, se alejan de condiciones de mercado y de estándares de transparencia, como la realizada en reciente oportunidad con la firma Pacific Investment Management Company (Pimco), gestora de inversiones estadounidense, que en una colocación directa de TES le prestó al Gobierno cerca de 23 billones de pesos (unos 6.000 millones de dólares).
El contexto tampoco es favorable desde el lado del mercado. Según César Pabón, director ejecutivo sénior de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, el cupo de 152 billones de pesos responde al tamaño del presupuesto y a la pesada carga del servicio de la deuda, lo que convierte a 2025 y 2026 en los años con mayores autorizaciones de TES en la historia reciente. “Con la situación fiscal actual y el carácter electoral de 2026, es previsible que las tasas sigan altas; la de los TES a 10 años difícilmente bajará del 13 por ciento”, anticipó el economista.
Gobierno hizo primera subasta de TES UVR por $ 450.000 millones con vencimientos entre 2031 y 2062. Foto:iStock
Primeras emisiones
De hecho, las primeras subastas del año ya reflejan ese escenario. El Ministerio de Hacienda realizó ya la primera subasta de TES UVR de largo plazo de 2026, colocando 450.000 millones de pesos con vencimientos entre 2031 y 2062. La operación tuvo una demanda sólida, con ofertas por 1,86 billones, equivalentes a 6,2 veces el monto ofrecido, pero con tasas de corte cercanas al 6,4 por ciento real, lo que confirma el alto costo del financiamiento incluso a plazos largos.
El 6 de enero, el Gobierno había colocado 250.000 millones en TES de corto plazo (TCO) con vencimiento en diciembre de 2026, a una tasa de corte de 11,49 por ciento, evidenciando el elevado precio que debe pagar la Nación por financiarse en la parte corta de la curva, según los analistas.
Para los analistas, el dilema no está en si el Gobierno puede emitir deuda —porque tiene la facultad legal para hacerlo— sino en cuánto, cómo y con qué estrategia fiscal de mediano plazo.
Sin una señal clara de ajuste del gasto, recomposición de prioridades y retorno a reglas fiscales creíbles, la emisión masiva de TES podría convertirse en un factor adicional de vulnerabilidad macroeconómica, justo cuando el país entra en un año decisivo desde el punto de vista político y económico, advierten los consultados.
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