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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) encendió las alarmas por los requerimientos de información que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) estaría realizando a algunas empresas del país, en particular sobre su estructura de costos, márgenes de ganancia y estrategias de política comercial. Para el gremio, estas solicitudes no solo generarían un ambiente de incertidumbre, sino que podrían exceder las facultades legales de la entidad.
En un pronunciamiento, recordó que si bien la SIC tiene la potestad de solicitar información a personas naturales y jurídicas, esta facultad debe ejercerse “en los precisos términos que la ley establece”. A juicio del gremio, pedir datos sensibles como márgenes, costos internos o decisiones estratégicas, cuando no son pertinentes ni conducentes para una investigación concreta, “afecta la competitividad y la seguridad jurídica de las empresas que operan formalmente en Colombia”.
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El gremio empresarial fue más allá y advirtió que este tipo de requerimientos podría vulnerar derechos fundamentales como la libre empresa, la protección de los secretos industriales y la confidencialidad de las estrategias comerciales. “Las facultades para solicitar información no son una carta en blanco en un Estado de Derecho”, subrayó la Andi, al insistir en que el debido proceso administrativo debe actuar como límite al poder del Estado.
Bruce Mac Master, Presidente de la Andi. Foto:Andi
La preocupación también tiene un sustento constitucional. El gremio de los empresarios recordó que, según el artículo 6 de la Constitución, los servidores públicos solo pueden ejercer las funciones que les hayan sido expresamente atribuidas por la ley. En ese sentido, el gremio cuestionó que no exista una norma clara que habilite a la Superindustria para inspeccionar, por sí misma, aspectos como los márgenes de ganancia o el uso de tecnología por parte de las empresas.
Las advertencias de los empresarios del país, frente a esa situación, se unió a las alertas de los comerciantes , quienes calificaron estos requerimientos como una “indebida intromisión” en los asuntos empresariales y alertó sobre el riesgo de convertir a la SIC en una especie de “superintendencia de precios”, lo que, a su juicio, desnaturalizaría su función constitucional.
La Superintendencia de Industria y Comercio requirió información a comerciantes y empresarios. Foto:Archivo particular
Además, advirtió que pretender que los comercios expliquen cómo fijan precios y márgenes en miles de referencias es una exigencia “imposible de cumplir” y podría generar efectos contraproducentes como desabastecimiento e informalidad.
Aunque la Andi reiteró su respaldo a la protección del consumidor como pilar del orden jurídico, insistió en que esta debe ejercerse de manera proporcional y respetando los derechos de los agentes económicos.
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Ambos gremios de la producción coinciden en que la vigilancia estatal no puede convertirse en una fuente de incertidumbre que termine debilitando la inversión, la competencia y la confianza empresarial.
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