Colombia
Angie Rodríguez renunció como superintendente ad hoc de la Nueva EPS y denunció campaña de desprestigio
La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y secretaria general de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, ha presentado su renuncia al cargo de superintendente nacional de Salud ad hoc para la Nueva EPS.
Además, ha denunciado ser víctima de una campaña de desprestigio así como del uso indebido de su nombre para el cobro irregular de fondos en entidades de salud intervenidas por el Estado.
La decisión fue comunicada directamente al presidente de la República a través de una carta donde la funcionaria detalló los motivos de su renuncia al cargo ad hoc, indicando que las acusaciones y las supuestas maniobras fraudulentas en su contra hacían insostenible su permanencia en esa función específica.
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Rodríguez Fajardo aclaró que, días antes de hacer pública su renuncia, presentó una denuncia formal ante las autoridades competentes contra persona indeterminada, con el objetivo de investigar quiénes estarían utilizando su nombre de manera fraudulenta.
Según su relato, estas personas habrían acudido a entidades de salud intervenidas con el fin de cobrar fondos, invocando su posición y cercanía con el poder Ejecutivo.
“En días recientes, presenté una denuncia a las autoridades competentes contra persona indeterminada para que investiguen quiénes están utilizando de forma indebida mi nombre para cobrar dinero en las EPS intervenidas del país”, declaró la funcionaria en su anuncio público.
Rodríguez Fajardo aseguró que estos acontecimientos no son aislados, sino que forman parte de un patrón de hostigamientos, persecuciones y montajes en su contra, que —aseguró— buscan dañar su imagen y su trayectoria en el servicio público.
En vista de todo esto, consideró que renunciar como superintendente ad hoc de la Nueva EPS es una manera de proteger la institucionalidad y garantizar que las investigaciones avancen sin interferencias.
A pesar de su renuncia a ese cargo específico, la funcionaria subrayó su compromiso con la transparencia y la ética pública, y defendió su conducta durante su tiempo en posiciones de alta responsabilidad en el Gobierno nacional.
“Soy una mujer digna, transparente, que ama el servicio público, y por eso he decidido hacer esta denuncia pública”, afirmó.
En su pronunciamiento, también hizo un llamado a la población para que colabore con las autoridades judiciales y de control, proporcionando cualquier información que ayude a esclarecer quiénes estarían detrás del supuesto uso fraudulento de su nombre y de las acusaciones que, según ella, son parte de una estrategia de desprestigio.
El estado actual de la Nueva EPS está en uno de sus momentos más críticos, marcado por una aguda crisis financiera y múltiples fallas en la atención médica en diferentes regiones del país.
En Antioquia, la deuda acumulada de la Nueva EPS con los hospitales públicos alcanza cerca de 300 mil millones de pesos, cifra que pone en riesgo la sostenibilidad de al menos 125 instituciones y compromete la atención de miles de pacientes.
Esta problemática se agravó cuando la EPS no cumplió con compromisos financieros previos a la intervención estatal, lo que generó retrasos en el pago de nóminas, proveedores y obligaciones contractuales.
El panorama general del departamento es aún más complicado: la deuda total de las EPS con los hospitales públicos de Antioquia asciende a 1,5 billones de pesos, de los cuales cerca de 500 mil millones corresponden a obligaciones posteriores a la intervención.
Mientras Savia Salud continúa siendo la EPS con mayor pasivo, la Nueva EPS se encuentra entre las principales responsables de la presión financiera sobre la red hospitalaria.
La falta de presencia del interventor en reuniones esenciales con gerentes hospitalarios ha aumentado la preocupación del sector, el cual espera acuerdos de pago urgentes para evitar un colapso mayor.
A esta crisis financiera se le suman graves problemas en la atención a los usuarios. En Pereira, la Personería emitió una alerta respecto a los reiterados incumplimientos de la Nueva EPS y Coosalud EPS, relacionados con demoras en citas con especialistas, retrasos en la entrega de medicamentos y la no prestación de servicios de alta complejidad.
De acuerdo al personero encargado, Carlos Olivares, esta es una crisis estructural que vulnera el derecho fundamental a la salud y podría implicar incumplimientos de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
