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Una nueva voz se suma a la polémica que rodea el borrador de decreto con el que el Gobierno busca ampliar las funciones de los operadores de giros postales. Esta vez fue la del centro de estudios económicos Anif que lanzó una advertencia contundente: permitir que estas entidades capten recursos del público sin mayores exigencias regulatorias no solo introduce riesgos para los ahorros de los usuarios, sino que puede convertirse en un retroceso para la inclusión financiera en Colombia.
En su más reciente informe semanal, la entidad cuestiona que el proyecto del Ministerio de las TIC abra la puerta para que los operadores postales realicen giros de depósito, mantengan saldos y ejecuten transferencias, pese a que no están sometidos a la supervisión de la Superintendencia Financiera ni cuentan con esquemas de protección como los seguros de depósito. En la práctica, advierte el centro de estudios, se trataría de una actividad equivalente a la captación de ahorro, una función reservada históricamente al sistema financiero regulado.
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El análisis recuerda que Colombia ha logrado avances significativos en inclusión financiera. Entre 2015 y 2024, el indicador de acceso —adultos con al menos un producto financiero— pasó de 76,3 a 96,3 por ciento, mientras que el indicador de uso creció de 64,5 a 83,9 por ciento. Solo los productos de depósito transaccional ya alcanzan al 95,8 por ciento de los adultos, impulsados en gran parte por billeteras y monederos digitales, que hoy suman 29,5 millones de usuarios.
Sin embargo, Anif subraya que el verdadero desafío no es regulatorio, sino territorial. En zonas rurales dispersas, apenas el 56 por ciento de los adultos tiene acceso a productos financieros y solo el 43,2 por ciento los usa de forma activa. Para el centro de estudios, crear esquemas paralelos con menor supervisión no cierra esa brecha y, por el contrario, expone a esas poblaciones a mayores riesgo..
Las billeteras y monederos digitales suman en la actualidad más de 29,5 millones de usuarios.. Foto:Cortesía para EL TIEMPO
Lavado de activos
Uno de los puntos más sensibles del borrador es la figura del “giro de depósito”. En la actualidad, los giros postales funcionan como mandatos de pago inmediato, sin custodia prolongada de recursos. El decreto cambiaría ese modelo al permitir que los usuarios mantengan fondos, hagan retiros parciales y transfieran dinero entre “cuentas postales”, lo que —según Anif— configura claramente una captación de recursos del público sin las salvaguardas exigidas a bancos y cooperativas.
El informe también prende alertas por los riesgos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo. A diferencia de las entidades financieras vigiladas, los operadores postales no cuentan con los mismos estándares de trazabilidad, monitoreo y control transaccional. Esto resulta especialmente delicado en un país donde, a 2023, los cultivos de coca alcanzaban cerca de 252.000 hectáreas y el efectivo representaba el 24,4 por ciento del agregado monetario más líquido, una señal —según Anif— de riesgos estructurales que no pueden ignorarse.
Otro argumento clave del centro de estudios es que la medida no responde a un vacío real de cobertura. Datos oficiales muestran un amplio traslape entre corresponsales bancarios y giros postales en la mayor parte del país, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Cafetera. Solo en zonas puntuales del Pacífico existe una mayor complementariedad, lo que —para Anif— no justifica un cambio regulatorio de alcance nacional.
‘Iniciativa podría fragmentar el sistema de pagos Bre-B del Banco de la República. Foto:iStock
Por último, el informe advierte que el decreto podría fragmentar el sistema de pagos. Colombia acaba de consolidar Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, pero los operadores postales no cumplirían los requisitos técnicos y regulatorios para integrarse a este ecosistema.
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El resultado sería un sistema financiero conectado y seguro por un lado, y operadores aislados por el otro, con menores protecciones para los usuarios.
“La inclusión financiera auténtica no se logra creando sistemas de segunda categoría”, concluye Anif. Para el centro de estudios, la solución pasa por fortalecer figuras ya existentes y reguladas, como las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (sedpes), y no por flexibilizar reglas que ponen en riesgo la confianza y los recursos del público.
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