Antioquia volvió a encender las alarmas: 14 presuntos feminicidios en lo que va de 2026 causan indignación

Las velas encendidas en el parque central de Peque no solo fueron un símbolo de luto, sino también una forma de clamor por justicia. Residentes de la localidad marcharon en silencio para demandar justicia por el asesinato de Nelly Tuberquia Cano, uno de los casos más recientes en una serie de crímenes que han colocado a Antioquia en el foco de atención sobre los feminicidios en el país.

La situación se repite en diversos lugares de la región. Hasta febrero de 2026, Antioquia ha reportado 14 presuntos feminicidios, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de las Mujeres. Esta cifra excede la de 2025, cuando se registraron 12 casos, y vuelve a situar a la región entre las más afectadas por esta forma extrema de violencia. En el año anterior, Antioquia se ubicó en el tercer lugar a nivel nacional.

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En muchos casos, las autoridades están investigando a parejas o exparejas como posibles culpables. En otras situaciones, los cuerpos han sido encontrados en calles o espacios públicos. Todas las investigaciones se encuentran en desarrollo.

Desde la Secretaría de las Mujeres han señalado que esta tendencia no es aislada. “Se ha presentado un aumento en los primeros días de enero que, sin duda, se relaciona con problemáticas estructurales. La violencia contra las mujeres no es solo un síntoma de desigualdades, sino también una forma de perpetuarlas a través de dominación”, indicó Carolina Lopera Tobón, secretaria de las Mujeres de Antioquia, en una entrevista con El Espectador.

La oficial explicó que varios incidentes encajan en la categoría de feminicidio íntimo, es decir, aquellos perpetrados por personas con vínculos afectivos cercanos. Sin embargo, el fenómeno no se limita a esto. En Antioquia también se registran asesinatos de mujeres vinculados a sectores criminales, disputas entre grupos ilegales y actividades ilícitas.

Este conjunto de factores resulta fundamental para entender el contexto. Carol Rojas Garzón, coordinadora del Observatorio Colombiano de Feminicidios de Republicanas Populares, sostuvo que, aunque el feminicidio sigue patrones estructurales en todo el país, Antioquia tiene características que agravan la situación: la extensión de su territorio, la presencia de grupos armados, disputas por el control territorial y un sexismo arraigado en prácticas culturales.

“Históricamente, Antioquia ha sido escenario de grandes niveles de militarización y presenta un sistema patriarcal profundamente arraigado en ideologías conservadoras, que se manifiestan en este tipo de violencias”, expresó la mencionada fuente. Según Rojas, a pesar de las variaciones entre los casos, existen patrones comunes. Muchos asesinatos se cometen con armas de fuego, y las víctimas principales son mujeres de clases trabajadoras. La exposición de los cuerpos en espacios públicos no es accidental; para la experta, es un mensaje de poder y control.

En ciertas dinámicas de grupos criminales, el asesinato de mujeres, incluidas parejas o exparejas de miembros de estas organizaciones, se utiliza como advertencia hacia grupos rivales. En este contexto, trabajadoras sexuales y mujeres vinculadas afectivamente a integrantes de estas estructuras enfrentan mayores riesgos. “Esto no significa que la violencia no esté sucediendo dentro de las casas, que sigue presente. A menudo, los hombres mantienen un control absoluto sobre la mujer, su compañera o su hija, ejerciendo violencia en el hogar. Sin embargo, cuando hablamos de militarización, generalmente ocurre en espacios públicos”, agregó Rojas.

Estas dinámicas evidencian que no se trata solo de conflictos de pareja o ajustes de cuentas entre organizaciones ilegales. El feminicidio es la manifestación más extrema de la violencia de género y de una discriminación histórica que coloca a mujeres y niñas en una situación de mayor vulnerabilidad. En Colombia, la Ley 1761 de 2015 establece el feminicidio como un delito autónomo dentro del Código Penal, buscando garantizar su investigación y castigo cuando esté motivado por razones de género.

Sin embargo, la impunidad sigue siendo un elemento crucial. “La impunidad frente a la crueldad indica que no somos dueñas de nosotras mismas, sino que pertenecemos a un patrón, a un marido, a una banda o a alguien más. Es una violencia que se puede ejercer y perpetuar debido a las profundas desigualdades económicas que enfrentamos las mujeres”, destacó Rojas.

Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia ha incrementado a más de $14 mil millones, un 43% más que en 2025, el presupuesto dedicado a fortalecer mecanismos de atención, protección y prevención de la violencia contra las mujeres, según informa la entidad. Este dato contrasta con otro: en 2025, se llevaron a cabo 108 asesinatos de mujeres en el departamento, el balance más bajo en siete años, según el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez. Sin embargo, la disminución en comparación con otros periodos no implica que el problema esté resuelto.