Así serán los problemas en el servicio de energía que se vienen para los colombianos por los nuevos impuestos del Gobierno Petro

El Decreto 0177 de 2026 del Gobierno de Gustavo Petro estableció una transferencia adicional del 2% sobre las ventas brutas de energía para generadoras hidroeléctricas y térmicas en ocho departamentos colombianos, durante seis meses. La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) expresó su oposición a esta medida, argumentando que aumenta la carga ambiental del 6% al 8% para las hidroeléctricas y del 4% al 6% para las térmicas, lo que, según la organización, pone en peligro la estabilidad del sector eléctrico, incrementa la incertidumbre regulatoria y obstaculiza la inversión y la confiabilidad del sistema, impactando directamente el costo de vida.

La asociación, liderada por Natalia Gutiérrez, reconoció la importancia de proteger los ecosistemas estratégicos ante la crisis climática, pero cuestionó la legalidad y relevancia de la norma. Aclaró que “las medidas adoptadas no cumplen completamente con los estándares constitucionales de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad que rigen los estados de excepción”.

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La transferencia adicional impuesta por el Gobierno se suma a las que ya asumían las generadoras, alterando así la estructura financiera de estas empresas durante la duración de la emergencia. Mientras que las hidroeléctricas y térmicas estaban sujetas a un 6% y 4% de transferencia ambiental respectivamente, ahora tienen la obligación de aportar temporalmente 2 puntos porcentuales (pp) más de los ingresos brutos.

La Asociación subrayó que se trata de “un cobro sobre ingresos brutos -no sobre utilidades-, que se aplica independientemente de la rentabilidad de las compañías, lo que podría significar, a nivel sectorial, afectaciones al flujo de caja de empresas que requieren mucho capital y tienen altos compromisos financieros, impactando en el costo de vida de todos los colombianos”.

Se advirtió que la transferencia se exigirá sin considerar la rentabilidad, lo que afectará particularmente a empresas con márgenes reducidos o resultados negativos. Esta presión financiera, añadieron, pone en riesgo la operatividad y el desarrollo de proyectos en curso.

El recargo adicional del 2% se aplicará sobre los ingresos brutos de las generadoras, lo cual lo distingue de los impuestos que se aplican a las utilidades. Esta distinción es crucial para entender la magnitud del impacto.

Acolgen alertó que la medida “puede representar, a nivel sectorial, afectaciones al flujo de caja de empresas intensivas en capital y con altos compromisos financieros”. Se considera que el aumento de la carga fiscal podría verse reflejado rápidamente en la capacidad de las empresas para cumplir con sus obligaciones y mantener la solvencia.

La organización reafirmó el riesgo de que el “impacto se traduzca en el costo de vida para todos los colombianos”. El momento elegido para implementar esta carga coincide, además, con la necesidad de garantizar reservas para enfrentar eventos como el fenómeno de El Niño al final del año.

El decreto autoriza a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) a “modificar, durante la emergencia y por un plazo de hasta seis meses, instrumentos de manejo ambiental de proyectos hidroeléctricos que tengan alertas del Ideam, incluso, prevaleciendo sobre compromisos contractuales”.

Acolgen expresó su preocupación por la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria que podrían verse comprometidas. La organización también advirtió que “las decisiones que generan incertidumbre regulatoria pueden afectar la inversión y, en consecuencia, la seguridad energética que Colombia necesita”.

La posibilidad de cambiar las condiciones técnicas y contractuales de proyectos ya licenciados aumenta la incertidumbre sobre nuevas inversiones y afecta la confianza legítima de los actores en el mercado.

La posición del gremio responde a la carencia de justificaciones técnicas y financieras sólidas para implementar la transferencia adicional. “No se evidencia de manera suficiente la necesidad de imponer una carga extraordinaria al sector eléctrico cuando existen mecanismos ordinarios para atender la emergencia”, concluyó.

La Asociación cuestionó la definición del monto a recaudar, indicando que “no se justifica técnicamente por qué el porcentaje fixado es del 2% ni cuál es el costo real que se pretende cubrir”. También señaló que “se constituye una exacción sobre ingresos brutos que ignora los principios de equidad y capacidad contributiva”. Lamentaron que “se permite la modificación temporal de instrumentos ambientales con efectos estructurales que sobrepasan el alcance estrictamente coyuntural permitido por el artículo 215 de la Constitución”.

Entre las preocupaciones legales se incluye la correspondencia de la medida con los parámetros de los estados de excepción y la proporcionalidad entre la carga y los daños que se busca cubrir.

Las preocupaciones y efectos que Acolgen ha señalado ante el Decreto 0177 son:

• Afectan la seguridad energética de los usuarios, al desestimar los compromisos de energía firme de los embalses y poner en riesgo la confiabilidad del sistema a mediano plazo, sobre todo ante un posible fenómeno de El Niño a finales de año.
• Podrían comprometer la cobertura de la energía contratada con generación propia, afectando la confianza de los agentes y generando presiones al alza en los precios de los contratos futuros.
• Impactan de manera inmediata el flujo de caja de empresas que requieren altos niveles de capital.
• Introducen incertidumbre regulatoria en un sector que precisa reglas estables para atraer inversión.
• Generan asimetrías competitivas en el mercado al perjudicar unas tecnologías sobre otras.
• Podrían influir en la estructura de costos del sistema en un contexto de escasez hídrica y afectar a los usuarios.
• Permiten modificar condiciones técnicas y contractuales de proyectos licenciados, afectando la confianza legítima y la seguridad energética.

En su evaluación general, Acolgen ha afirmado que “el sector eléctrico ha sido fundamental para garantizar la confiabilidad del sistema y el avance del país y las presas han actuado como un regulador de caudales, previniendo desastres mayores”.

Se advirtió sobre el riesgo de que medidas temporales generen un efecto disuasorio permanente sobre la inversión. Enfatizó que “decisiones que crean incertidumbre regulatoria pueden influir en la inversión y, por lo tanto, en la seguridad energética que Colombia requiere”.

Asimismo, expresaron su deseo de colaborar a nivel institucional. “Reiteramos nuestra disposición al diálogo técnico para encontrar soluciones efectivas que protejan el ambiente sin comprometer la estabilidad del sistema eléctrico ni la confianza de los inversores”, señalaron.

El impuesto también genera preocupación en el sector asegurador. Gustavo Morales, presidente de la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), se refirió a la carga fiscal adicional provocada por la emergencia. “Esta serie de impuestos a un sector específico, que contribuye significativamente al desarrollo económico y social del país, es completamente injustificada y resulta de una visión simplista y antitécnica, y es considerar que todo el sector financiero debe ser tratado de la misma manera”.

Resaltó que el sector atiende las reclamaciones de sus asegurados en áreas como vida, salud, seguros agropecuarios, seguros patrimoniales y más, y defendió que la nueva carga tributaria es injusta respecto a su contribución.

Destacó que “nuestros rendimientos, nuestras utilidades, nuestro patrimonio, son de dimensiones muy diferentes a los de otros subsectores del sistema financiero y, por lo tanto, su tratamiento también debe ser diferenciado”.