La reciente declaratoria de emergencia económica emitida por el Gobierno Nacional ha encendido las alarmas en el sector financiero colombiano.
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) sostiene que las medidas extraordinarias, que permiten al Ejecutivo modificar impuestos sin pasar por el Congreso, podrían transformar radicalmente la estructura del negocio bancario en el país, elevando la carga tributaria a niveles sin precedentes.
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Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, manifestó su rechazo a la medida argumentando que no existen hechos imprevistos que sustenten jurídicamente este recurso constitucional.
Según Malagón, en declaraciones publicadas por Portafolio, esta decisión busca revivir propuestas que ya habían sido descartadas en el Legislativo. “No existe hecho sobreviniente alguno que justifique una medida de este tipo, en especial porque revive por la puerta de atrás la fracasada reforma tributaria, derrotada en democracia en el Congreso de la República”, afirmó el dirigente gremial a través de sus redes sociales.
El impacto de la sobretasa al impuesto de renta
El punto de mayor fricción radica en la posibilidad de imponer una nueva carga impositiva sobre las utilidades de los bancos.
Asobancaria explica que, de concretarse una “sobre-sobretasa” derivada de la emergencia, el impuesto de renta para las entidades financieras alcanzaría el 50 por ciento.
Bajo este esquema, la agremiación advierte que la mitad de la actividad bancaria del país quedaría virtualmente bajo control del Estado, ya que el 50 por ciento de los ingresos generados por la operación se transferiría directamente a las arcas públicas vía impuestos. Malagón advirtió que esta presión fiscal dejaría a Colombia en una posición de vulnerabilidad internacional, equiparándola con las Islas Comoras como uno de los países con menor competitividad tributaria para el sector financiero a nivel global.
Jonatan Malagón, presidente de Asobancaria Foto:John Montaño/ EL TIEMPO
Consecuencias para el crédito y los ciudadanos
Para el gremio, el problema trasciende los balances contables de los bancos y golpea directamente la capacidad de financiación de la sociedad. Al encarecerse la operación financiera por la vía impositiva, se generan barreras que afectan a distintos perfiles de usuarios. Según el análisis de Asobancaria, las repercusiones se sentirían en áreas como:
- El financiamiento de matrículas y gastos de educación para estudiantes.
- El acceso a créditos de vivienda para las familias colombianas.
- La capacidad de los empresarios para expandir sus líneas de producción.
- La disponibilidad general de crédito en el mercado nacional.
Un escenario de incertidumbre jurídica
La postura del sector financiero coincide con un momento de cautela económica, caracterizado por una inversión moderada y un crecimiento contenido. Malagón sostiene que aumentar la presión sobre la banca en este contexto desplaza al sector privado en favor del público, lo que podría comprometer la expansión económica a largo plazo.
Ante este panorama, diversos actores han anunciado que acudirán a la Corte Constitucional para demandar la legalidad del decreto de emergencia. El alto tribunal tendrá la tarea de revisar si el Gobierno cumplió con los requisitos estrictos que exige la ley para saltarse el trámite ordinario del Congreso.
Mientras se producen estos fallos, el sector financiero permanece en alerta ante los decretos con fuerza de ley que el Ejecutivo pueda expedir en materia de recaudo y tributación.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
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