Aumento del salario mínimo para 2026 podría ser de más del 23%, de acuerdo con nueva pista que dio el Gobierno Petro

El Consejo de Estado ha decidido suspender provisionalmente el decreto que establece un incremento del 23.7% en el salario mínimo para Colombia en 2026. La corte argumentó que el gobierno no proporcionó la justificación técnica necesaria según la Ley 278 de 1996, eligiendo en lugar de ello factores como el “salario vital” familiar y la “brecha de suficiencia material”.

Según la resolución, el Gobierno tiene un plazo de ocho días para emitir un nuevo decreto que se base en criterios técnicos claros. Mientras tanto, las empresas deberán seguir pagando el salario mínimo anterior hasta que se defina el nuevo aumento.

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Esta medida impacta a más de 2.4 millones de trabajadores y ha suscitado una fuerte respuesta del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien exigió un aumento salarial que supere ese porcentaje y movilizó a la población en defensa de un salario digno.

Desde la región del Caribe colombiano, el ministro reiteró que la situación económica justifica un aumento aún superior al 23%. “He revisado la decisión del Consejo de Estado para hacer algunas observaciones. Ellos se equivocan, ya que fallaron al considerar los factores en la fijación del salario mínimo, y ignoran que entre 1996 y 2025, la brecha entre el salario mínimo y la productividad ha caído alrededor del 53.8%”, comentó Palma.

Añadió que “los trabajadores han visto mermar su poder adquisitivo durante las últimas décadas; la productividad ha incrementado, pero el salario mínimo ha permanecido estancado debido a decisiones políticas neoliberales de administraciones anteriores. Solo considerando este parámetro de productividad, se justificaría un aumento mayor al 23% en el salario mínimo”.

Asimismo, instó a la comunidad a movilizarse en contra de la suspensión del decreto. “Convoco a los colombianos a salir a las calles y expresar su descontento ante el fallo del alto tribunal, el cual impacta las finanzas de más de 2.5 millones de trabajadores en el país, afectando gravemente los ingresos de sus hogares que fueron dignificados por el Gobierno nacional a inicio de este año”, afirmó.

El funcionario aseguró que hay sectores poderosos que se oponen al avance de los derechos laborales y que “operan en la oscuridad de clubes privados, donde deciden el destino de miles de colombianos”.

Ante esta situación, hizo un llamado a la población a defender la remuneración. “Les insto a no retroceder y a continuar ampliando la democracia en todos los aspectos de nuestras vidas. Invito a organizarnos y movilizarnos en la lucha por un salario mínimo vital y móvil, como lo establece la Constitución, y a seguir luchando contra esas estructuras del poder que desoyen nuestra voz”, comentó.

Palma también criticó el apoyo de algunos sectores de la política y el poder judicial a decisiones que van en detrimento de los trabajadores. “¿Cuál es la animadversión de la clase política hacia la clase trabajadora más humilde? Hoy vemos la decisión de un consejero de Estado que también percibe entre 50 y 70 millones mensuales, en detrimento del pueblo trabajador que gana apenas el salario mínimo”, interpeló el ministro, resaltando la discrepancia de ingresos entre funcionarios de alto nivel y trabajadores.

El líder de la cartera también mencionó que existen sectores con mentalidad de explotación que “nunca aceptaron los cambios en el país”. Según él, estos sectores se oponen a que el salario mínimo permita a una familia “planear su futuro, ahorrar, estudiar y disfrutar de un domingo sin preocupaciones”. Criticó los abusos en los contratos y la precariedad laboral respaldados por minorías con poder económico. “Promueven condiciones laborales precarias y jornadas extensas mal remuneradas. Tienen la intención de que el trabajo vuelva a ser puramente subsistencial”, destacó Edwin Palma.

Compara los salarios de la élite y señaló que “hay magistrados y personas de esa élite que ganan más de $50.000.000 al mes, una cifra que muchos trabajadores no obtendrán en toda su vida laboral”, refiriéndose a lo que se destina a quienes reciben el salario mínimo. “Se escandalizan por $2.000.000 para quienes trabajan duro diariamente, cifra que ellos pueden gastar en una cena en cualquier momento. Esa es la brecha moral que defienden”, concluyó.

Además, expresó su preocupación acerca del resentimiento de clase hacia las familias trabajadoras y la defensa de privilegios de ciertos sectores. “Estén atentos a quienes promueven la esclavitud como una propuesta de campaña. No hay justificación, ni económica ni legal. Hoy, hasta la oposición y la Andi respaldan la decisión del gobierno, lo que refleja un rechazo de clases”, indicó.

En relación al funcionamiento institucional, el ministro denunció obstáculos en el avance de reformas sociales y laborales dentro del Congreso y el Consejo Nacional Electoral, afirmando que tales bloqueos buscan impedir los beneficios para el “inmenso pueblo colombiano”.

Por su parte, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), comentó sobre el fallo del Consejo de Estado, reiterando que el debate sobre el salario mínimo no debe limitarse a cuestiones técnicas. “Si se toma en serio la opinión del Consejo de Estado, cada gobierno solo aplicaría la fórmula de inflación más productividad para ajustar el salario mínimo y sería el final del debate. Si eso fuera así, ¿para qué se establece una mesa de concertación?”, expresó.

El líder sindical, quien también es candidato al Senado, enfatizó que el salario mínimo es un tema político donde “trabajadores y empresarios competen para determinar quién se queda con la mayor parte de las ganancias generadas por el trabajo”. Aclaró que, cuando no se llega a un acuerdo en la mesa de concertación salarial, la ley otorga al Gobierno nacional la autoridad para decretar el incremento anual. “Así lo estipula la ley, y así actuó el Gobierno con el aumento del 23%”, concluyó Arias, definiendo como injusto privar a la clase trabajadora de un derecho social ya consagrado.