El Gobierno de Abelardo de la Espriella completó en septiembre de 2026 sus primeros 36 días en el poder y presentó un primer balance de seguridad: más de 17.000 capturas, 1.761 armas de fuego incautadas, 75.613 kilogramos de droga decomisados, 1.506 hectáreas de coca erradicadas y 73 extradiciones firmadas. Pero en paralelo, una cifra inquieta a las fuerzas militares: los ataques con drones por parte de grupos armados han aumentado un 146% en apenas cinco meses.
Las cifras del balance oficial
Según información presentada por la Presidencia de la República, durante los primeros 36 días de la administración De la Espriella la Fuerza Pública registró:
- Más de 17.000 capturas de integrantes de grupos armados ilegales y delincuencia organizada.
- 1.761 armas de fuego incautadas.
- 75.613 kilogramos de droga decomisados.
- 1.506 hectáreas de coca erradicadas, combinando erradicación manual y aspersión en tierra.
- 73 extradiciones firmadas hacia Estados Unidos y otros países que tienen solicitudes activas contra ciudadanos colombianos.
El Gobierno de De la Espriella asumió con el compromiso explícito de restablecer la seguridad como prioridad del Estado, revertir lo que consideró una postura permisiva del gobierno Petro frente a los grupos armados, y retomar la política de extradición que el expresidente Petro había condicionado en sus negociaciones con el ELN y las disidencias.
El problema que crece: ataques con drones
Mientras el Gobierno muestra avances en capturas y decomisos, una amenaza tecnológica se consolida en el conflicto colombiano. Según información presentada por un oficial retirado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y reportada por Caracol Radio, los ataques con drones por parte de grupos armados aumentaron un 146% en los últimos cinco meses.
Los drones han pasado de ser dispositivos de vigilancia a convertirse en armas de ataque. Los grupos armados los utilizan para lanzar explosivos sobre instalaciones militares y posiciones de la Fuerza Pública, y en algunos casos contra objetivos civiles. El uso de este tipo de dispositivos fue documentado en el Catatumbo, el Cauca y otras zonas de conflicto activo.
La preocupación central es la asimetría: los drones son baratos, fáciles de conseguir y difíciles de neutralizar con los equipos antidrones disponibles actualmente en las fuerzas militares colombianas. El debate en el Gobierno y en el sector defensa se concentra en cómo desarrollar capacidades de detección y neutralización antes de que el problema escale.
Qué dicen los números y qué no dicen
Los datos del balance oficial muestran actividad operativa sostenida en los primeros 36 días del nuevo Gobierno. Sin embargo, los indicadores de seguridad más relevantes para la población —homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, presencia territorial de grupos armados— no se miden en semanas sino en meses y años.
Colombia tiene una historia de gobiernos que han presentado cifras de capturas, decomisos y operativos como evidencia de victorias tácticas, mientras los grupos armados se reconstituyen, reclutan y adaptan. La experiencia del conflicto enseña que la presión operativa sostenida es necesaria pero no suficiente si no va acompañada de control territorial, desarrollo institucional y alternativas para las comunidades en zonas cocaleras.
El propio Gobierno reconoce que el balance del impacto real de sus medidas tomará meses en verse reflejado en las estadísticas. Por ahora, el mensaje político es claro: el Estado está reaccionando con contundencia, y los 73 extradiciones firmadas en 36 días envían una señal a carteles y grupos que tenían extradiciones pendientes.
