El exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa anunció que el próximo 5 de octubre presentará una acción penal ante la Fiscalía por presuntos seguimientos, escuchas e interceptaciones en su contra mientras ejercía el cargo. El anuncio se produce después de que una auditoría forense ordenada por el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) documentara actividades irregulares durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desopinion ya reportó los hallazgos de la auditoría y las reacciones iniciales de figuras del poder judicial y político.
La reacción de Barbosa y su anuncio del 5 de octubre
Según información de Caracol Radio, Barbosa declaró que los hallazgos de la auditoría constituyen una amenaza directa a la independencia de la justicia colombiana: “De confirmarse estas versiones, se estaría ante uno de los ataques más graves contra la independencia judicial en la historia reciente de Colombia”.
Además de la denuncia penal, el exfiscal anunció que solicitará formalmente información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y a la propia DNI sobre los registros y actividades que pudieran involucrarlo. La acción está programada para el 5 de octubre de 2026.
Qué reveló la auditoría sobre la DNI
La auditoría forense examinó 40 computadores y 5 teléfonos de la DNI y encontró indicios de actividades que, según los auditores, no corresponden a funciones legítimas de inteligencia. Entre los hallazgos reportados por medios como Semana —citados a su vez por Caracol Radio— figuran reuniones celebradas en abril de 2026 en el centro comercial El Tesoro de Medellín y en el sector de El Poblado. Ninguna de las personas que esos reportes mencionan como participantes ha sido imputada por la Fiscalía, de modo que Desopinion no publica sus nombres.
La auditoría también documentó lo que describe como un esquema de amenazas falsas, cuya finalidad habría sido justificar operaciones de vigilancia sobre objetivos no relacionados con la seguridad nacional.
Por qué la denuncia penal va más allá de la auditoría
La auditoría forense fue un proceso interno, encargado y presentado dentro del propio Estado. Una denuncia penal ante la Fiscalía, en cambio, activa el aparato judicial: obliga a la entidad a investigar, a citar testigos y a solicitar evidencia bajo medidas cautelares. Si la Fiscalía decide abrir investigación formal, los funcionarios de la DNI implicados podrían quedar sujetos a medidas restrictivas.
La decisión de Barbosa de actuar en calidad de víctima —y no solo como exfuncionario que comenta desde afuera— eleva la presión institucional sobre la DNI y sobre el Gobierno en un momento en que el debate sobre la inteligencia del Estado ya está instalado en el Congreso y en la opinión pública.
