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Los 74 fenómenos naturales que impactaron a América Latina y el Caribe en el 2024 afectaron a 7 millones de individuos y provocaron pérdidas económicas de aproximadamente 10.000 millones de dólares, según un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Asamblea anual del BID llevada a cabo en Santiago de Chile. Foto:BID
Según la organización, ‘Preparados y Resilientes en las Américas’ busca consolidar la cooperación regional para aumentar la resistencia, optimizar la preparación, garantizar una respuesta rápida y eficiente y robustecer la protección financiera contra desastres.
“Nuestro objetivo es mejorar la preparación ante desastres en nuestra región, proporcionando a los países datos y herramientas más útiles, fomentando una respuesta coordinada a nivel regional y cerrando la brecha de financiamiento a través del apoyo a bonos de resiliencia y otros mecanismos de transferencia de riesgos,” expresó el presidente del BID, Ilan Goldfajn, durante el evento de presentación.
En total, el BID anunció que asignará 10 millones de dólares en financiamiento no reembolsable para el programa entre 2025 y 2030. Esto se suma al financiamiento y la asistencia técnica que el BID ofrece a los países.
“América Latina y el Caribe es la segunda región más susceptible a los desastres naturales en el planeta. Además, estos tienen un impacto desproporcionado en la población pobre y vulnerable, lo que puede llevar a importantes ciclos de pobreza”, enfatizó Ana María Ibáñez, vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID.
Ana María Ibáñez, vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID. Foto:BID
Hasta ahora, 37 países miembros han suscrito la declaración de compromiso a este programa y cuentan con el apoyo de 16 aliados estratégicos del sector privado, ONGs e internacionales.
Específicamente, Ibáñez explicó que el programa se basa en tres pilares fundamentales. El primero se centra en ofrecer a los países herramientas avanzadas para evaluar mejor los riesgos y sus costos asociados; el segundo creará una red de colaboración entre países, redes subregionales, entidades internacionales y el sector privado para asegurar el acceso y coordinación de servicios y bienes esenciales; y el tercero promoverá instrumentos financieros innovadores para reforzar la resiliencia y la capacidad económica de los países frente a las catástrofes.
Este último aspecto incluirá el apoyo a la emisión de bonos de resiliencia, bonos catastróficos, swaps y la indagación de mecanismos regionales para reducir costos y incrementar la cobertura de productos de seguros en los ámbitos de la agricultura y la infraestructura.
Ilan Goldfajn, presidente del BID, durante la 65ª Asamblea de Gobernadores en Santiago de Chile. Foto:BID
“Nos esforzaremos por encontrar la forma de movilizar recursos del sector privado condicionados a que los países logren ciertos objetivos para mejorar la resiliencia”, afirmó Ibáñez.
En la última década, el BID ha aprobado alrededor de 1.100 millones de dólares en iniciativas de manejo del riesgo de desastres y ha proporcionado cobertura ante desastres a 14 países mediante préstamos contingentes por 4.000 millones.
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