La situación de emergencia sanitaria causada por el brote tuberculosis Cartagena en la Cárcel de San Sebastián Ternera, en el sur de la ciudad, ha provocado un vehemente llamado de la Procuraduría General de la Nación. Este requerimiento insta a las autoridades del sector salud y penitenciario a implementar medidas prioritarias e inmediatas frente a los recurrentes brotes de tuberculosis y otras patologías respiratorias agudas que afectan a la población privada de la libertad.
¿Por qué el brote tuberculosis Cartagena es una alerta nacional?
El brote tuberculosis Cartagena no es un hecho aislado, sino un síntoma de las deficiencias estructurales en el sistema carcelario colombiano, que impactan directamente la salud pública del país. En mayo pasado, 12 internos fueron aislados por tuberculosis, pero el número de enfermos se disparó a 20 y ha continuado en aumento, según el Ministerio Público. Esta situación genera preocupación no solo por la población privada de la libertad, sino también por el personal de custodia y administrativo, e incluso por la comunidad en general debido a la naturaleza contagiosa de la enfermedad. La tuberculosis, causada por el bacilo de Koch, puede propagarse con facilidad en entornos de hacinamiento y falta de higiene, condiciones prevalentes en muchas prisiones del país.
La Procuraduría, tras un riguroso seguimiento que incluyó mesas de trabajo y visitas al penal, ha puesto la lupa sobre los entes territoriales y los operadores privados de la atención médica. La Asociación Sindical de Empleados Penitenciarios (Aseinpec) denunció los nuevos contagios entre reclusos y funcionarios del Inpec, confirmando que, si bien se han aislado casos en el patio 2 del establecimiento, los controles epidemiológicos y seguimientos médicos han sido insuficientes desde principios de año.
Medidas exigidas y el impacto en la salud penitenciaria colombiana
Ante la gravedad del brote, que ya había sido objeto de una acción de tutela fallada a favor por el Juzgado Décimo Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena, la Procuraduría exige acciones contundentes. Las demandas del órgano de control resaltan la urgencia de fortalecer la prestación de servicios de salud en la Cárcel de Ternera y, por extensión, en el resto de los centros penitenciarios del país, donde la falta de atención médica adecuada es una constante violación de derechos humanos.
Entre las exigencias operativas y sanitarias se encuentran:
Personal permanente: Garantizar la presencia continua de médicos y personal asistencial al interior del penal.
Diagnóstico oportuno: Practicar de manera prioritaria pruebas complementarias, exámenes de laboratorio y evaluaciones clínicas integrales.
Esquema riguroso: Que el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) mantenga inspección, vigilancia, control y asistencia técnica permanente para contener la propagación.
Corrección de fallas: Que el Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, la Unión Temporal Norsalud PPL y Vivir IPS corrijan las deficiencias en la prestación del servicio.
Esta intervención subraya la necesidad de una política de salud penitenciaria más robusta y preventiva en Colombia, un tema que ha sido objeto de múltiples críticas y fallos judiciales por la vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, como lo ha documentado en repetidas ocasiones El Tiempo. La persistencia de un brote tuberculosis Cartagena en un contexto de hacinamiento pone en evidencia la fragilidad de un sistema que requiere reformas urgentes para evitar futuras crisis sanitarias.
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