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La controversia en torno al futuro de la vivienda de interés social (VIS) en Colombia ha escalado nuevamente. Esta vez, se ha dado un intercambio directo entre el presidente Gustavo Petro y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la cual contestó públicamente las declaraciones del mandatario sobre el efecto del salario mínimo y los límites de precios en la VIS.
El conflicto se originó a raíz de un mensaje del presidente en el que defendió la política del Gobierno respecto al ajuste del salario mínimo y los topes de precios de la vivienda subsidiada. Petro afirmó que “no hay riesgo jurídico” y que “el salario mínimo no incrementa significativamente el precio de la vivienda, dado que el costo laboral solo representa un 20%”. Argumentó que la cuestión clave es el límite de precios de la VIS y cómo afecta la vivienda popular.
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“Lo que se está debatiendo es que si se aumenta el techo para la VIS, se dejará de producir vivienda realmente popular, que es el objetivo de la política pública de vivienda”, enfatizó el presidente. También indicó que la decisión de bajar el límite de precio de la vivienda en salarios mínimos “a 135 implica un aumento en pesos que sobrepasa el índice de inflación de la vivienda, que fue del 3%”.
Petro fue claro en mencionar una supuesta ilegalidad en el esquema de venta del sector: “Camacol debería solicitar a sus miembros que no hagan promesas de compraventa basadas en salarios mínimos, ya que eso es ilegal”, afirmó.
La contestación de Camacol no se hizo esperar. En un comunicado dirigido al presidente, el gremio solicitó “claridad técnica y legal en el debate sobre la vivienda de interés social (VIS)” y cuestionó la idea de imponer controles de precios en el sector como estrategia de política pública.
“Seamos claros: establecer controles de precios en la VIS busca trasladar a la política de vivienda los efectos inflacionarios de un ajuste excesivo del salario mínimo”, indicó Camacol. Para este gremio constructor, este tipo de medidas no resguardan a los compradores, sino que perjudican la oferta y el acceso al crédito. “El control de precios no protege al comprador; reduce la oferta, encarece el mercado y compromete los subsidios y el acceso al crédito hipotecario”, advirtió.
Uno de los puntos cruciales del comunicado es el comportamiento reciente de los precios de la VIS. Según Camacol, “bajo esta Administración, el precio máximo de la VIS creció un 76%, casi tres veces más que en administraciones anteriores”. Este dato contradice la afirmación de que el ajuste del salario mínimo tenga un efecto marginal sobre el sector.
En el mismo sentido, Camacol respondió a la afirmación del presidente sobre el costo laboral. “Que el costo laboral sea del 20–25% no lo convierte en marginal”, argumentó el gremio. Aclaró que el aumento del salario mínimo afecta no solo la mano de obra directa, sino también el precio de los materiales de construcción. “Estos componentes representan cerca del 70% del costo directo, por lo que los costos de nuevos proyectos podrían aumentar entre un 10% y un 15%, y no solo un 3%”, agregó.
Camacol también buscó aclarar que el debate no se centra en el efecto inmediato sobre las viviendas ya vendidas. “Nadie ha dicho que el salario mínimo encarezca automáticamente en un 23% lo que ya ha sido vendido”, señaló el gremio. No obstante, alertó sobre el impacto en la oferta futura. “El verdadero riesgo es la oferta futura: detener la construcción ahora significa menos vivienda mañana y, por ende, mayor presión sobre los arriendos y la vivienda usada”.
Uno de los puntos más críticos del comunicado se refiere al proyecto de decreto que, según Camacol, introduce un control de precios encubierto. “Hablemos de lo más serio, el proyecto de decreto de control de precios”, afirmó el gremio. Considera que exigir fijar el precio en pesos desde la separación del inmueble y prohibir cualquier ajuste hasta la escrituración “es un control de precios, aunque se intente presentar de otra manera”. Además, advirtió que esta medida “crea inseguridad jurídica, afectando las decisiones de inversión”.
En respuesta a la acusación del presidente sobre la supuesta ilegalidad de vender viviendas en salarios mínimos, Camacol fue contundente. “Afirmar que vender en salarios mínimos es ilegal es incorrecto”, manifestaron. Recordaron que “la ley permite establecer precios ciertos o determinables, y los límites de la VIS en salarios mínimos están definidos en su propio Plan Nacional de Desarrollo”. En este sentido, señalaron que “un tope no es igual a un precio” y proporcionaron un dato clave: “más del 60% de la VIS se vende por debajo del límite”.
El gremio constructor también abordó las consecuencias sociales que, a su juicio, surgieron de las decisiones recientes del Gobierno sobre vivienda. “En los últimos años, 55.000 hogares decidieron no comprar vivienda y más de 70.000 familias quedaron en el limbo tras la suspensión del programa Mi Casa Ya”, apuntó Camacol. Para la entidad, estas decisiones “no protegen a las familias, sino que las excluyen del mercado formal de vivienda”.
El comunicado concluyó con un llamado directo al Gobierno. “Desde Camacol hacemos un llamado a tomar decisiones legales, técnicas y responsables que aseguren un acceso real y sostenible a la vivienda, en lugar de implementar medidas que limitan la oferta y aumentan la exclusión”, finalizó el gremio.
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