El ministro de Justicia, Iván Cancino, anunció este martes 22 de septiembre de 2026 un paquete de medidas para impedir que reclusos sigan coordinando extorsiones y otros delitos desde el interior de las cárceles colombianas. El anuncio se hizo durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
Las medidas incluyen doble requisa, reducción de fuentes de energía disponibles para los internos, revisión del acceso a internet mediante antenas satelitales portátiles, y refuerzo de los controles en los días de visita. El primer escenario de aplicación será un nuevo pabellón de alta seguridad en Girón, Santander, al que serán trasladados 44 de los presos más peligrosos del país.
¿Por qué el Gobierno endurece los controles en los penales?
Las autoridades llevan tiempo documentando el uso de celulares y dispositivos de comunicación para coordinar extorsiones desde el interior de los establecimientos penitenciarios. El problema, sin embargo, va más allá del teléfono móvil: Cancino alertó que mientras se bloquean las comunicaciones por celular, los reclusos pueden recurrir a antenas satelitales portátiles de internet para mantener conectividad y seguir operando.
“Colombia es un país repleto de leyes. Lo que tenemos es que dejar que las leyes sean sencillamente algo que leemos, de lo que sacamos pecho”, afirmó el ministro durante el debate. El Decreto 851 de 2024 ya establece procedimientos para bloquear líneas y teléfonos usados en extorsiones desde prisiones, pero Cancino insistió en que el reto no es legislar más, sino hacer cumplir lo que ya existe.
44 presos a Girón y doble requisa en los días de visita
El pabellón de alta seguridad en Girón, Santander, será el primer escenario donde se aplicarán las nuevas medidas de manera concentrada. Allí serán trasladados los 44 internos que el Ministerio considera más peligrosos, para someterlos a los controles más estrictos disponibles en el sistema penitenciario.
En cuanto a las visitas, Cancino explicó que la Policía y el Ejército ejercerán controles en la vía pública los días en que están programadas, con el fin de detectar celulares y estupefacientes antes de que siquiera lleguen a las puertas del establecimiento. El objetivo es que el control empiece fuera de los muros y no únicamente en la entrada del penal.
También se revisará la disponibilidad de fuentes de energía dentro de los pabellones, como parte de las medidas para dificultar el uso de equipos electrónicos no autorizados.
La cadena también debe cortarse en lo financiero
Además de las medidas físicas y tecnológicas, Cancino hizo un llamado directo a Asobancaria y a las entidades financieras para que reaccionen con más rapidez ante las cuentas, líneas pasarela y medios de pago utilizados para recibir dinero proveniente de extorsiones ordenadas desde prisiones.
“No basta con bloquear el teléfono desde el cual se realiza una llamada extorsiva si el delincuente puede seguir recibiendo el dinero a través de los canales financieros”, señaló el ministro.
La estrategia que plantea el Gobierno combina tres frentes simultáneos: controles físicos dentro de las cárceles, restricciones tecnológicas a las comunicaciones, y presión sobre los flujos financieros ilegales. Para que funcione, Cancino subrayó que se requiere coordinación entre el Ministerio de Justicia, el Inpec, la Uspec, el Viceministerio de Política Criminal, el Gaula y la Fiscalía.