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En cuanto a expansión urbana Cartagena de Indias solo tiene tres certezas: En el Centro Histórico y la zona turística de Bocagrande Crespo y Manga ya hay unas normas establecidas y claras. Hacia el norte, por la Vía al Mar que conduce a Barranquilla se imponen los proyectos de vivienda para estratos altos, 4, 5 y 6 como Serena del Mar.. Hacia el sur, en mediaciones de la terminal de transportes, crecen los proyectos urbanos para vivienda 1,2 y 3; el resto de la ciudad crece en la informalidad, como puede y en medio de un caos en la construccion que ya dejó como resultado la tragedia del edificio Portales de Blas de Lezo.
Es por ello que este jueves 30 de octubre, Cartagena da un paso crucial hacia la equidad territorial y el ordenamiento urbano.
La Dirección Administrativa de Control Urbano presentará oficialmente el proyecto de política pública de legalización urbanística, con el objetivo de establecer una hoja de ruta para integrar formalmente a los asentamientos informales que, por años, han crecido al margen de la planificación urbana.
La iniciativa busca revertir décadas de crecimiento desordenado en la ciudad, donde más de 200 asentamientos informales —según estimaciones preliminares— se han desarrollado en zonas de alto riesgo, suelos de protección ambiental, manglares, bajamares y lotes baldíos.
“Una parte significativa de Cartagena ha crecido de manera informal. Con esta política pública vamos a empezar a ordenar la casa”, señala una fuente del Distrito.
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Queremos que las comunidades sean protagonistas. Este diagnóstico nos permitirá tomar decisiones informadas sobre el futuro territorial de Cartagena
El desafío de combatir la informalidad urbana
Cartagena de Indias, como telón de fondo ‘las falda de la Popa’. Foto:Juan Montaño / EL TIEMPO
Cartagena enfrenta una realidad compleja: millas de familias viven en asentamientos que no cuentan con reconocimiento legallo que impide la llegada de inversión pública en servicios básicos, infraestructura y equipamientos comunitarios. Esta situación ha perpetuado la desigualdad y ha limitado el desarrollo de sectores vulnerables.
La expansión informal ha sido especialmente crítica en zonas de manglar, bajamar, caños, canales, el mismo cerro de la Popa, así como ecosistemas protegidos por su importancia ambiental.
La ocupación de estos territorios no solo representa un riesgo para las comunidades —por inundaciones y graduales— sino también una amenaza para la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región.
“Hay sectores cuyo desarrollo se ha retrasado o no ha sido posible porque no están legalizados. La política pública viene a reivindicar los derechos de estas personas ya traer equidad territorial”, añade. .
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Un diagnóstico participativo con las comunidades.
Cartagena de Indias, bahía de Cartagena Foto:John Montaño/EL TIEMPO
La construcción de esta política pública comenzará con una fase de diagnóstico, en alianza con la Universidad de Cartagena. Este estudio permitirá identificar y caracterizar los asentamientos informales, evaluando su ubicación, condiciones socioeconómicas, riesgos ambientales y posibilidades de mitigación.
El diagnóstico será participativo, involucrando a las comunidades, dependencias del Distrito y autoridades ambientales. “Queremos que las comunidades sean protagonistas. Este diagnóstico nos permitirá tomar decisiones informadas sobre el futuro territorial de Cartagena”, señaló el funcionario.
Se espera que esta fase se extenderá hasta diciembre de 2025, y que en 2026 se iniciará la formulación del documento.mediante mesas de trabajo con actores institucionales y sociales.
El objetivo es que la política pública sea presentada ante el Concejo Distrital para su aprobación como Acuerdo Distrital.
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Legalización con criterios técnicos y ambientales
Cartagena de Indias, sector de Paseo Bolívar Foto:John Montaño/EL TIEMPO
La política pública no busca legalizar indiscriminadamente todos los asentamientos, sino establecer criterios claros.
aquellos ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable o en suelos de protección ambiental no podrán ser legalizados. En estos casos, se evaluará la necesidad de reubicación de las familias.
“Si existen formas de mitigar el riesgo, identificaremos las acciones necesarias. Si no, se establecerá cuántas familias deben ser trasladadas. Eso se conocerá en el diagnóstico”, explica el experto.
Este enfoque técnico busca evitar que la legalización se convierta en una validación de invasiones ilegales en zonas sensiblescomo manglares y bajamares, donde la ocupación ha sido históricamente impulsada por la falta de vivienda digna y la presión demográfica.
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Primeros avances y comunidades priorizadas
Este año, el barrio Arroz Barato se convirtió en el primer asentamiento informal legalizado en Cartagena. Además, el Concejo otorgó facultades al alcalde para avanzar en el proceso en 12 comunidades másentre ellas Puerta de Hierro, Policarpa, La Sevillana, Villa Rosa, Bernardo Jaramillo Ossa, Jorge Eliécer Gaitán, Primavera, Villa Andrea, Los Deseos, Los Robles, 18 de Enero y Las Vegas de Nelson Mandela.
La política pública definirá qué otros sectores pueden ser legalizados, siempre que cumplan con los criterios establecidos. “La totalidad de la oferta institucional no puede llegar a un asentamiento irregular. Con esta política trazaremos la ruta para invertir recursos públicos en su desarrollo”, indicó Molina.
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Una invitación a construir ciudad con legalidad.
El lanzamiento de esta política pública marca el inicio de un proceso que busca transformar la manera en que Cartagena crece y se organiza. Más allá de la legalización, se trata de garantizar derechos, proteger el medio ambiente y construir una ciudad más justa y sostenible.
“Invitamos a toda la ciudad a ser parte de este proceso. Que participen activamente, que nos acompañen en el diagnóstico y en la formulación”.
Además, te invitamos a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
cartagena
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