La cartera morosa estatal se ha convertido en un desafío significativo para las finanzas públicas de Colombia, tras la revelación de la Contraloría General de la República (CGR). Un informe técnico de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) del ente de control confirmó que las deudas pendientes a favor de las entidades públicas ascienden a una alarmante cifra de $165,64 billones de pesos. Este monto corresponde a 996.611 deudores, con corte al 31 de mayo de 2026, y representa un volumen considerable de recursos que no ingresan al erario nacional.
¿Qué implica la cartera morosa estatal para el presupuesto colombiano?
Esta ingente suma de dinero, que representa aproximadamente el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, podría financiar iniciativas cruciales para el desarrollo del país, como proyectos de infraestructura, programas de salud o educación, o incluso la reducción de la deuda pública. La falta de recuperación de estos fondos tiene un impacto directo en la capacidad del Estado para invertir en el bienestar de los colombianos. La investigación de la Contraloría, basada en el análisis del Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), un registro administrado por la Contaduría General de la Nación, resalta la urgencia de fortalecer los mecanismos de cobro y transparencia en la gestión de los recursos públicos. El BDME incluye a personas naturales y jurídicas con moras superiores a seis meses y que superan los cinco salarios mínimos legales vigentes.
El informe de la Contraloría evidenció serias fallas administrativas. Al cruzar bases de datos, se descubrió que de 6.398 entidades estatales evaluadas, 3.853 (el 60,2%) jamás han reportado cartera pendiente desde 2019. Esta omisión, que podría ser por falta de saldos o incumplimiento de la obligación legal, entorpece la fiscalización y la gestión de cobro.
Principales anomalías detectadas por la Contraloría
La DIARI identificó varias inconsistencias y riesgos que exacerban la problemática de la cartera morosa estatal:
Concentración de la deuda: Veinte entidades estatales concentran cerca de $135,8 billones, el 82% del pasivo total.
Antigüedad de las deudas: Aproximadamente $65 billones tienen una antigüedad de cinco años o más, incrementando el riesgo de prescripción y la pérdida definitiva de estos recursos.
Pagos a deudores morosos: Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, 13.282 deudores registrados en el BDME recibieron pagos del Estado por $124,9 billones, a pesar de mantener deudas pendientes por $20,9 billones.
Contratación con morosos: En el mismo periodo, 20.238 personas y empresas en el BDME firmaron contratos con el Estado por $16,3 billones, mientras debían $11,8 billones.
* Depuración contable: Más del 70% de los montos retirados del boletín ($26,4 billones) se debieron a depuración contable, no a la recuperación efectiva del dinero.
Estos hallazgos demuestran una falta de articulación y seguimiento que permite la persistencia de estas deudas. La Contraloría ha planteado siete frentes de trabajo especializados para verificar reportes, hacer seguimiento a deudas antiguas y de alto riesgo, y crear un manual normativo, según informó el organismo en su portal oficial, la Contraloría General de la República.
La situación actual exige una respuesta contundente para garantizar que estos $165,64 billones de pesos regresen a las arcas del Estado, fortaleciendo la confianza ciudadana y la sostenibilidad fiscal del país. Manténgase informado sobre este y otros temas en más noticias de economía.
