Casi 80 mil estudiantes de más de 250 universidades tendrían titulos irregulares: no habrían presentado la prueba Saber Pro para graduarse, según MinEducación

El Ministerio de Educación ha detectado que 78,000 estudiantes de 269 universidades no habrían presentado la prueba Saber Pro, un requisito fundamental para la graduación.

De acuerdo con el ministro Daniel Rojas, hay “evidencia de estudiantes que pueden haber falsificado certificaciones y engañado a la institución”. Este segmento representa apenas “un 3.2% de los graduados, lo que podría considerarse un porcentaje marginal. Son 78,000 estudiantes de un total de 2,400,921”.

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El ministro aclaró que “es posible que existan errores en los registros de las bases de datos del Icfes” o en el Snies, por lo que algunas circunstancias podrían ser corregidas. Rojas destacó la importancia de actuar de buena fe y la creación de un grupo de trabajo para resolver estas inconsistencias.

El líder del Ministerio de Educación subrayó que solamente “6 instituciones de educación superior” no presentan estudiantes en esta situación durante el período examinado, lo que indica que “casi todas” las universidades tienen casos.

En el caso de los programas técnicos y tecnológicos, el porcentaje es aún más alto: 37,816 de 877,114 graduados no han presentado el examen, mientras que 4,417 lo hicieron posteriormente.

Desde 2016, las universidades tienen la obligación de exigir la presentación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT como requisito para graduarse, pero muchas instituciones han fallado en cumplir completamente con esta normativa.

Estos datos indican que la problemática no se limita a una sola institución ni a un grupo pequeño, sino que afecta casi todo el sistema de educación superior del país. Rojas Medellín comentó: “No detectamos una sola IES con un porcentaje alarmante o preocupante”, aunque resaltó la necesidad de entender las razones detrás de la omisión de este requisito.

El Ministerio ha identificado varias causas que podrían explicar el incumplimiento. Rojas Medellín indicó que algunos estudiantes podrían haber falsificado certificados o que se habrían producido errores en las bases de datos del ICFES o del SNIES, considerándolo como “subsanables”. Para abordar esta situación, el departamento organizará mesas de trabajo con las 269 instituciones involucradas y revisará la calidad de los reportes entregados.

Adicionalmente, el ministro no descartó la posibilidad de implementar una reforma integral al sistema de educación superior, dada la recurrencia y extensión del problema. La meta es robustecer los mecanismos de control y asegurar que todos los graduados cumplan con los requisitos legales para obtener sus títulos.

A pesar de la situación general, el Ministerio ha informado que las IES que no registraron ningún caso de graduación irregular durante el período investigado son: El Centro de Estudios Aeronáuticos CEA, la Fundación Alberto Merani, la Fundación Universitaria San Pablo, la Fundación Universitaria Católica del Sur, la Fundación Universitaria de Cataluña y la Fundación Universitaria Patricio Symes.

Por otro lado, el Ministerio ya está llevando a cabo acciones de inspección y vigilancia en instituciones como la Fundación Universitaria San José, analizada por casos de graduaciones sin cursar materias, irregularidades en convenios y omisiones en el reporte de información al Snies. Rojas Medellín subrayó que la acción oficial busca proteger a los estudiantes y mantener la calidad de la educación superior.

Este proceso de investigación inició tras el descubrimiento de que la Fundación Universitaria San José graduó a estudiantes, incluyendo a la exviceministra Juliana Guerrero, sin haber cumplido con el requisito legal de la prueba Saber Pro (Icfes), generando un escándalo por presuntas irregularidades en la emisión de títulos y acelerados procesos académicos.

El Ministerio ha afirmado que se aplicarán sanciones siempre que exista fundamento, respetando el debido proceso. La prioridad, según Rojas Medellín, es evitar la concesión de títulos sin cumplir con los requisitos legales y garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes universitarios y tecnológicos en el país.