Caso UNGRD: Corte Suprema decidirá el 11 de marzo si congresistas van a juicio y cárcel por corrupción

El 11 de marzo, la Corte Suprema de Justicia tomará una decisión crucial sobre la posible llamada a juicio de cinco congresistas y un excongresista por corrupción en el escándalo de saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según El Tiempo, esta decisión sigue a intensos debates internos y se produce luego de las recientes elecciones legislativas, lo que podría afectar la situación política de varios involucrados.

En las sesiones del 4 y 5 de marzo, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema discutió intensamente la ponencia del magistrado Misael Rodríguez. Esta propuesta sugiere medidas de aseguramiento y prisión preventiva para algunos de los acusados, lo que ha provocado inquietud en el Congreso. El Tiempo indicó que la situación es más compleja para dos de los acusados que buscan su reelección, ya que sus candidaturas podrían verse afectadas. Así, la decisión de la Corte adquiere una gran relevancia en el contexto político del país.

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La decisión final estará a cargo de dos conjueces: Alfredo Rey, un experto en Derecho y Ciencias Políticas con amplia experiencia judicial y en el sector de las comunicaciones, y Javier Fonseca, un penalista con estudios de posgrado en la Universidad de los Andes. El papel de estos conjueces será esencial para romper el empate en la Sala y determinar si se procede con el llamado a juicio y la detención de los implicados.

Los aforados bajo investigación son:

• Wadith Manzur (Partido Conservador)
• Liliana Esther Bitar (Partido Liberal)
• Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal)
• Karen Astrid Manrique (Curules de Paz)
• Juan Pablo Gallo (Partido Liberal)
• Juan Diego Muñoz (excongresista, Alianza Verde)

A todos se les acusa de intercambiar su apoyo a proyectos del Gobierno a cambio de asignaciones presupuestarias de la UNGRD en sus respectivos territorios.

La investigación, según El Tiempo, revela que altos funcionarios del Gobierno, incluido el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, quien actualmente es prófugo, habría coordinado un esquema ilegal con el fin de asegurar votos esenciales para iniciativas como el endeudamiento nacional, el cual requería la aprobación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en la que estaban los procesados.

El expediente judicial, que consta de más de 1.500 páginas, incluye testimonios de figuras destacadas como el presidente Gustavo Petro. Según El Tiempo, el presidente declaró bajo juramento ante la Corte el 6 de febrero de 2025 que su entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le informó sobre las dificultades para aprobar proyectos en el Congreso, aunque no sobre presiones individuales. Bonilla, actualmente encarcelado, enfrenta cargos, al igual que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien es acusado de idear un plan para influir en las decisiones legislativas.

También se incluyen declaraciones de exdirectivos de la UNGRD, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, quien se encuentra en prisión por su presunta participación en el esquema. Además, el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, aportó información sobre el traslado irregular de 200.000 millones de pesos desde esa entidad a la UNGRD en 2023, lo que calificó como un hecho vinculado a la “falta de cooperación” de algunos congresistas.

El expediente detalla comunicaciones y actividades relacionadas con el caso. Entre las pruebas se encuentran mensajes de Diana Carolina Joya, secretaria privada de Olmedo López, y registros de las visitas de Karen Manrique a la UNGRD. Asimismo, destaca la insistencia de Jaime Ramírez Cobo en establecer contactos con Carlos Ramón González, advirtiendo sobre posibles problemas con proyectos en el Congreso.

El medio señala que estas evidencias demuestran la existencia de una red de favores y presiones para facilitar la aprobación de iniciativas oficiales, lo que fortalecería la acusación de cohecho impropio.

Dentro de la Sala de Instrucción, hay opiniones dispares sobre el proceso. Una corriente propone regresar el caso a una etapa previa por supuestas irregularidades en el reparto procesal, mientras que otra argumenta que la negativa inicial a las medidas de aseguramiento en agosto de 2025, por no haberse presentado nuevos hechos, restringiría la prisión preventiva. El empate registrado en la última sesión (3 a 3) refleja la complejidad del debate y la pluralidad de opiniones respecto a las sanciones.

La decisión que se tomará el próximo miércoles será crucial para el futuro legal de los seis implicados, ya que la Sala puede decidir llamar a juicio y ordenar prisión preventiva para todos, limitar la medida a algunos congresistas, o incluso devolver el expediente para corregir errores procesales.