Colombia
Caso Ungrd: Fiscalía acusa a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco de ser parte de un ‘pacto criminal’
El lunes 1 de diciembre de 2025, se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, en relación con un caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).
La Fiscalía General de la Nación les imputa los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por ofrecer o dar.
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El exministro de Hacienda se presentó en persona ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde reafirmó su inocencia en el caso. “Soy inocente”, declaró Bonilla a los medios.
Mauricio Pava, abogado de Ricardo Bonilla, destacó que poseen pruebas que demostrarían la inocencia de su cliente.
“Contamos con una cantidad significativa de elementos. Hemos participado en aproximadamente siete u ocho audiencias. En todas ellas hemos llamado a la Fiscalía y hoy hemos pasado del debate mediático a un debate jurídico”, comentó el abogado a la prensa nacional.
Luis Fernando Velasco participó en la audiencia de manera virtual, mientras que el equipo de fiscales, junto a la Procuraduría y las presuntas víctimas, asistieron en persona a la citación presidida por la magistrada Aura Alexandra Rosero.
La decisión de la Fiscalía de proceder con la imputación de los exministros del Gobierno de Gustavo Petro se basa en un principio de oportunidad acordado con la exasesora María Alejandra Benavides, quien ha proporcionado información crucial a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia.
La fiscal María Cristina Patiño explicó que los exfuncionarios habrían estado involucrados en la gestión de contratos de la Ungrd, a cambio de obtener respaldo legislativo para los proyectos del Gobierno.
“Los exministros Velasco y Bonilla concertaron con otros funcionarios y ciertos parlamentarios de comisiones del Senado el direccionamiento de proyectos contractuales a cambio de su apoyo a los intereses del Gobierno en el legislativo”, explicó la fiscal en la audiencia.
Patiño acusó a los dos exministros de participar en un ‘pacto criminal’, que buscaba asegurar el apoyo de congresistas hacia las iniciativas del Gobierno de Petro.
“En el marco del pacto criminal, los ministros Velasco Chávez y Bonilla González prometieron a ciertos parlamentarios dirigir y priorizar proyectos contractuales ante el Invías y la Ungrd, a cambio de que apoyaran las propuestas legislativas del Gobierno en el Congreso”, afirmó.
La fiscal también apuntó al exministro del Interior, afirmando que, según la investigación, había ordenado la presencia del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, durante la discusión de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado.
“Usted, Luis Fernando Velasco Chávez, en junio de 2023, le instruyó a Olmedo de Jesús López Martínez asistir a la discusión de la reforma pensional para poder entregar contratos a ciertos parlamentarios y así ampliar las mayorías en esa comisión”, declaró.
La fiscal encargada del caso aseguró que los procesados “deben responder como autores de la conducta punible de concierto para delinquir agravado”.
La decisión de la Fiscalía de proceder con la imputación fue motivada por la negociación de un principio de oportunidad concedido a la exasesora María Alejandra Benavides, quien ha participado en la investigación.
Según la investigación, Benavides actuó como vínculo entre el Ministerio de Hacienda y la Ungrd en el direccionamiento de tres contratos por un total de 92.000 millones de pesos.
Se argumenta que estos contratos estaban destinados a beneficiar a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público a cambio de apoyo para aumentar el endeudamiento del Gobierno Nacional. Entre los municipios mencionados en la adjudicación se encuentran Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), por un total de $89.619 millones.
Además, la Fiscalía ha obtenido pruebas que sugieren que los acusados coordinaron con Ricardo Bonilla González, entonces ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides y Sneyder Pinilla el direccionamiento de los contratos.
Los presuntos beneficiarios serían los senadores y representantes Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya.
