Economia
CCI dice que el Gobierno está poniendo en riesgo un billón de pesos en proyectos estratégicos
En una carta enviada a los ministros de Hacienda y Transporte, al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura y a la directora del Departamento Nacional de Planeación, la Cámara Colombiana de la Infraestructura expresó su “profunda” preocupación por la reducción de los recursos asignados a dos proyectos estratégicos.
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El proyecto vial Mulaló-Loboguerrero. Foto:Covimar
De
un lado, está la ‘Construcción, operación y mantenimiento de la vía
Mulaló-Loboguerrero, en el departamento del Valle del Cauca’ por cerca de 340.000
millones de pesos. Del otro, la ‘Restauración de los Ecosistemas degradados del
Canal del Dique’ por alrededor de 636.000 millones de pesos. En total, ambos
suman cerca de un billón de pesos.
“La
disminución de las vigencias futuras para estas iniciativas pone en riesgo
obras clave para la competitividad, el crecimiento y la integración regional,
al tratarse de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo y
fundamentales para el Valle del Cauca y la región Caribe”, señaló el gremio.
Además, la CCI alertó sobre posibles irregularidades en la forma como se tomó
esta decisión y recordó que un decreto expedido el 29 de diciembre del año
pasado estableció que las vigencias futuras solo podían modificarse si existía
acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el propio Gobierno
redujo de manera unilateral los recursos, pese a haber definido previamente que
dichos ajustes requerían el consentimiento de los concesionarios.
Canal del Dique, dragados Foto:Sacyr
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“Esta
actuación transgrede los lineamientos que el mismo Ejecutivo estableció, afecta
la confianza en los contratos de infraestructura y puede generar riesgos legales
y financieros para la Nación”, aseguró.
Por estas razones, la Cámara exhortó al Gobierno a restablecer las
vigencias futuras previstas para 2025 y a garantizar el cumplimiento de los
compromisos asumidos en proyectos que resultan esenciales para el desarrollo
del país.
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“De
no honrar estos compromisos de pago, los funcionarios responsables serían
sujetos de eventuales sanciones disciplinarias y fiscales”, sentenció.
