Colombia
Centro Democrático se va los tribunales para frenar la emergencia económica de Petro: denunciaron “uso estratégico” del Gobierno
Desde la capital del país se ha formalizado una acción legal que cuestiona directamente el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno nacional. El partido Centro Democrático ha interpuesto una acción de tutela destinada a detener los efectos de dicho decreto, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica y social por 30 días.
La tutela fue presentada por la senadora Paloma Valencia, en su calidad de congresista y candidata a la presidencia del grupo, junto con el director del partido, Gabriel Jaime Vallejo, como ciudadanos.
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El recurso legal está dirigido contra el decreto presidencial y las entidades responsables de su implementación, incluyendo la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
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De acuerdo con el escrito presentado ante un juez del circuito de Bogotá, la principal solicitud consiste en suspender de manera inmediata los efectos del decreto mientras la Corte Constitucional ejerce el control automático de constitucionalidad que la Carta Política exige para decisiones excepcionales de este tipo.
En el texto se menciona que la vacancia judicial de la Corte genera un vacío temporal de control que, según los demandantes, justifica la intervención del juez de tutela.
La acción legal advierte que permitir la aplicación del decreto en ese periodo “implicaría vaciar de contenido la protección judicial efectiva de los derechos fundamentales y aceptar una utilización estratégica del poder de excepción para evadir los controles propios del Estado constitucional de derecho”.
El partido dirigido por el expresidente Álvaro Uribe expone que el decreto se activó de forma inmediata y facultó al Ejecutivo para emitir decretos con fuerza de ley, incluyendo aquellos de naturaleza tributaria. Según la tutela, esta autorización temporalmente desplazó la competencia constitucional del Congreso para crear o modificar tributos, justo en un periodo cercano al cierre del año fiscal.
En los hechos mencionados, se recordó que el Congreso de la República archivó la reforma tributaria del Gobierno el 9 de diciembre de 2025, tras rechazar la ponencia positiva en las comisiones económicas conjuntas; este antecedente fue citado como un elemento previo a la declaración de emergencia económica, una situación que el Gobierno reconoció.
Así, el recurso judicial argumenta que el Gobierno justificó la emergencia por una crisis fiscal relacionada con el déficit presupuestal, la rigidez del gasto y la baja recaudación tributaria. Sin embargo, los demandantes indican que estos factores no corresponden a hechos nuevos o imprevisibles, requisito constitucional para invocar un estado de excepción.
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La tutela también pide al juez que ordene al Ministerio de Hacienda y a la Dian abstenerse de imponer, recaudar o exigir nuevos tributos derivados del decreto mientras se evalúa su constitucionalidad. Según el documento, esta medida se busca para evitar efectos irreversibles sobre los contribuyentes.
En el comunicado que acompañó la presentación de la acción, el partido afirmó que “permitir que el decreto produzca efectos sin control judicial constituye un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos”, frase que se mantiene como uno de los pilares de la argumentación.
Cabe destacar que, el decreto en cuestión otorgó al Gobierno la facultad de crear impuestos especiales para recaudar hasta USD41.000 millones (equivalentes a 155.000 millones de pesos), con el objetivo de atender necesidades presupuestales proyectadas para 2026. Este aspecto también fue mencionado como uno de los elementos centrales que motivaron la acción del Centro Democrático.
La acción planteada por el partido se suma a otras solicitudes presentadas ante la Corte Constitucional por las congresistas Angélica Lozano y Cathy Juvinao, ambas del Partido Verde, que también pidieron la suspensión del mencionado decreto. La decisión final ahora depende del juez asignado a la tutela y del alto tribunal, una vez retome plenamente sus funciones.
