Colombia avanza para responder a reglas de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación: Gobierno

Para el Gobierno, Colombia avanza en la consolidación de herramientas técnicas, institucionales y sectoriales para responder a las exigencias del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR), que comenzará a regir el 30 de diciembre de 2026.

Concretamente, ese bloque de países exigirá que los bienes que ingresen a ese mercado no provengan de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. 

Explica que aunque la norma aplica directamente a los operadores en la Unión Europea, sus efectos impactan a países exportadores como Colombia, cuyos productores deberán demostrar el origen libre de deforestación de sus productos ante compradores europeos.  

El reglamento cubre siete cadenas: ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera. Para Colombia, los sectores más expuestos son café, cacao y aceite de palma, por su peso en las ventas hacia ese bloque. 

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, durante la última década el país ha fortalecido políticas de producción sostenible, monitoreo de cobertura boscosa y trazabilidad predial. La entidad sostiene que la evidencia técnica disponible indica que las exportaciones agroindustriales colombianas, especialmente en café, cacao y palma, no están asociadas con procesos de deforestación reciente. 

No obstante, el Gobierno ha expresado preocupación por la clasificación de riesgo “estándar” asignada a Colombia por la Unión Europea, al considerar que no refleja plenamente los avances ambientales e institucionales del país. 

Para enfrentar el nuevo escenario, el Gobierno Nacional conformó una mesa interinstitucional con el objetivo de articular capacidades, consolidar políticas públicas y diseñar herramientas que faciliten exportaciones sostenibles.  

En esta instancia participan los ministerios de Comercio, Ambiente y Agricultura, junto con ProColombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

De acuerdo con la información oficial, esta mesa ha permitido mantener un diálogo técnico con la Delegación de la Unión Europea y trabajar con los gremios productivos en la construcción de instrumentos que faciliten el cumplimiento de los nuevos requisitos. 

Uno de los principales soportes del país es el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, liderado por el Ideam, que opera con estándares internacionales de seguimiento satelital y reporte de cambios en la cobertura forestal. El sistema es de acceso público y permite identificar la dinámica de pérdida de bosques naturales. 

Según cifras del Ideam, Colombia cuenta con 59,1 millones de hectáreas de bosques naturales, equivalentes al 51,8 % del territorio nacional. En 2024, la deforestación se redujo 34% frente a la línea base de 2021, manteniendo una tendencia inferior a la de años anteriores. 

En paralelo, la UPRA lidera la política de ordenamiento productivo agropecuario, orientada a dirigir la producción hacia áreas con aptitud agrícola y respetar la frontera agrícola legal, con el fin de evitar la expansión sobre zonas boscosas. Esta política combina criterios de uso del suelo, enfoque social —con énfasis en pequeños productores— y productividad con sostenibilidad. 

La UPRA también realiza monitoreo sistemático de cultivos mediante imágenes satelitales y datos de campo, lo que permite generar reportes sobre expansión productiva y verificar su compatibilidad con los usos del suelo. Esta información está disponible en el Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA). 

En el ámbito gremial, el Ministerio señala que las principales cadenas han fortalecido sus sistemas de trazabilidad. La Federación Nacional de Cafeteros opera el Sistema Único de Información Cafetera (SICA), que integra datos georreferenciados del 100 % de las fincas cafeteras, permitiendo verificar el origen del grano. 

En palma de aceite, Fedepalma reporta que el 99 % del área cultivada está libre de deforestación, respaldado por monitoreo satelital en tiempo real. 

En cacao, dice el Ministerio, Fedecacao lidera la Mesa Nacional de Trazabilidad del Cacao, que articula esfuerzos públicos y privados para garantizar transparencia y verificabilidad. 

Con estos instrumentos, el Gobierno considera que el país busca asegurar el acceso al mercado europeo y posicionarse como referente regional en producción y comercio libre de deforestación, en un entorno internacional cada vez más exigente en materia ambiental. 

Posición de los exportadores

Al respecto, Javier Díaz, presidente de Analdex, precisó que la reglamentación de la Unión Europea en materia de deforestación ha sido un proceso de desarrollo y adaptación para el país, frente al cual Colombia ha avanzado en el fortalecimiento de capacidades para su implementación.

Desde el comercio exterior, es clave que este proceso se traduzca en esquemas claros y facilitadores, que no generen barreras, y que contribuyan a fortalecer la confianza de los mercados internacionales en los productos colombianos. 

A su juicio, si bien esta regulación puede ser percibida como un obstáculo para el comercio, los exportadores colombianos han venido preparándose. “Ejemplo de ello es el sector cafetero, que se encuentra altamente avanzado en materia de trazabilidad y sostenibilidad, lo que demuestra que es posible cumplir con estas exigencias y convertirlas en una oportunidad para fortalecer la competitividad del comercio exterior colombiano”, comentó.

Preocupaciones de los pequeños  

El productor de cacao de Arauca y líder gremial Domingo Pérez, cofundador y presidente del Salón del Cacao y Chocolate de Colombia, advierte que la entrada en vigor del reglamento europeo sobre productos libres de deforestación puede convertirse en una nueva barrera para los pequeños cacaoteros del país si el Estado no asume un papel activo en la certificación.  

A su juicio, la exigencia de demostrar que el cacao no proviene de zonas deforestadas termina favoreciendo a las grandes compañías que dominan el mercado mundial, mientras que los pequeños productores carecen de recursos para asumir los costos de georreferenciación, trazabilidad y certificación. “Esto puede abrir un nuevo mercado de certificadores privados que cobren por hectárea, encareciendo aún más la producción, cuando hoy el productor ya está vendiendo por debajo de sus costos”, sostiene.  

Pérez subraya que en Colombia el cacao no se está sembrando sobre selva virgen, sino en antiguos potreros o tierras degradadas en departamentos como Santander, Arauca, Antioquia, Huila, Tolima y Nariño. Por eso considera que el país podría cumplir con relativa facilidad los requisitos técnicos —georreferenciación y respaldo institucional— si hubiera voluntad política y coordinación entre entidades.  

No se le puede dejar esta responsabilidad a 65.000 familias que la están pasando mal. Debe ser una política de Estado

Para Pérez, si no se facilita el acceso a la certificación, las marcas pequeñas y las cooperativas que exportan grano podrían quedar por fuera del mercado europeo.  

Los caucheros dicen que están listos 

En el caso del caucho, Fernando García Rubio, director ejecutivo de Confecaucho, asegura que el sector está preparado para cumplir con las exigencias europeas y que la regulación representa una oportunidad. 

Desde 2019, el gremio participa en el programa Empresas de Excelencia Exportadora de ProColombia, donde estructuró un sistema de seguimiento predio a predio para garantizar la trazabilidad del caucho natural, especialmente en Caquetá, Guaviare y Putumayo. 

García Rubio señala que el caucho proviene de una especie forestal nativa de la Amazonia y que ha sido una alternativa de sustitución de economías ilícitas. En cuatro décadas, el sector ha reemplazado más de 25.000 hectáreas de cultivos ilícitos con plantaciones de caucho. 

Todas las plantas agroindustriales del gremio cuentan con certificación del Forest Stewardship Council (FSC), estándar reconocido en Europa para acreditar cero deforestación y buenas prácticas sociales y ambientales.

 Colombia tiene la primera comunidad de pequeños productores amazónicos certificada bajo este sello y la primera comunidad indígena cauchera certificada FSC en el mundo, ubicada en Caquetá. 

Más de 15.000 pequeños productores —98 % con menos de 50 hectáreas— integran el gremio. Existen además acuerdos de conservación por 20 años que protegen más de 5.000 hectáreas de bosque amazónico y más de 300 hectáreas cuentan con certificación y monitoreo satelital. 

El sector ha incrementado sus exportaciones 220 % en los últimos cinco años y 43 % el último año, con envíos a Italia y España. “Estamos listos”, afirma García Rubio, al sostener que el caucho colombiano cumple con los estándares europeos y tiene margen para expandirse en ese mercado.

Constanza Gómez Guasca

Redacción de Economía y Negocios

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