Colombia debe ya elevar recaudo, revisar gasto público y frenar endeudamiento

Problemas

Para el académico, esta discrepancia no obedece a factores coyunturales, sino a un problema estructural persistente. “Se trata de una ineficiencia administrativa en la gestión fiscal y tributaria que debe ser atendida con soluciones de fondo”, advierte.

En ese sentido, Amorocho considera inaplazable iniciar la elaboración y presentación de un proyecto de reforma tributaria estructural, en lugar de continuar recurriendo a reformas de corto plazo, como la sugerida por el Ministerio de Hacienda el mismo 13 de junio.

Según el Mfmp, el Gobierno contempla dos caminos para sostener el aumento de los ingresos en 2026: una reforma tributaria que permitiría recaudar cerca de $19 billones o un nuevo endeudamiento por $38 billones. Sin embargo, incluso con esas medidas, el incremento proyectado en el recaudo tributario durante los próximos cinco años es apenas entre el 0,4% y el 0,9% del PIB, lo que revela, en palabras de Amorocho, una “baja efectividad en la gestión del sistema tributario”.

El gasto

Para el experto, el panorama del gasto público es igual de preocupante. En los próximos cinco años, solo se proyecta una reducción del 2,5% del PIB sin ninguna propuesta de reforma estructural. Además, no se aborda la urgente convergencia entre el nuevo Sistema General de Participaciones, aprobado en 2024, y el proyecto de Ley de Competencias que actualmente se estudia en el Congreso.

A ello se suma la previsión de un endeudamiento de $38 billones en un contexto en que el gasto público en 2025 ya equivale al 24,4% del PIB. La deuda pública, por su parte, apenas se reduciría del 61% al 60% del PIB en cinco años, “una mejora marginal que no resuelve el problema de fondo”, afirma Amorocho.

Calificadoras

Mientras tanto, las calificadoras de riesgo también han expresado su preocupación. Ficht Ratings advirtió oficialmente sobre el deterioro fiscal colombiano, agravado por la decisión del Gobierno de aplicar una cláusula de escape que suspende la regla fiscal durante tres años, elevando el déficit del 5,1% al 7,1% del PIB.

Al mismo tiempo, el crecimiento económico tampoco acompaña este panorama: el PIB se proyecta con un promedio de apenas 2,8% para los próximos cinco años, tan solo 0,1% por encima del crecimiento estimado para este año. Para Amorocho, esta situación demuestra que “la fórmula actual −gasto en aumento, ingresos estancados y más deuda− no es viable y solo traslada el problema a futuras administraciones”.

Frente a este escenario, el experto enfatiza que el país necesita adoptar cambios estructurales profundos. Esto implica una reforma tributaria integral que revise la estructura tarifaria, las bases gravables y las exenciones, de forma rigurosa y técnica.

Revisión funcional

En cuanto al gasto, Amorocho propone una revisión funcional del Estado para identificar y eliminar duplicidades de funciones y procesos en distintas instituciones del Estado. “Es necesario acabar con la redundancia de competencias y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos”, subraya.

Como colofón a este análisis, el profesor Amorocho Moreno concluye que una combinación de reforma tributaria estructural y reforma del gasto permitirá al país recuperar la sostenibilidad fiscal, fortalecer su economía y proteger la salud de sus finanzas públicas. Solo así, añade, se podrá enfrentar con responsabilidad el difícil contexto fiscal que vive Colombia.

Las dudas

Por otra parte, desde el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, señalan que, aunque el Gobierno haya sincerado algunas cifras fiscales, aún persisten dudas importantes sobre la viabilidad de las proyecciones y las medidas planteadas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

“Uno de los principales puntos en los que consideramos se debe hacer especial énfasis para fomentar un debate público e informado es que una nueva reforma tributaria no puede basarse en supuestos económicos y políticos poco realistas. Ninguna reforma en las últimas décadas ha logrado recaudar más de $19 billones. Por otro lado, la anterior Ley de Financiamiento no prosperó en el Senado. Surge entonces una pregunta: ¿qué garantías existen de que esta vez sí se logrará un consenso político y técnico suficiente para que una nueva reforma prospere? Y de no lograrlo: ¿cómo quedarán las cuentas?”, se preguntan los analistas.