El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella retiró a la jurista Carolina Olarte Bácares de la competencia para ocupar una magistratura en la Corte Penal Internacional (CPI), en una decisión que deja a América Latina y el Caribe sin ningún aspirante en la contienda y que apunta a un giro en la relación de Colombia con la justicia internacional.
Lo más llamativo del episodio: Olarte Bácares no se enteró por la Presidencia ni por la Cancillería. “Me enteré por un Estado parte del estatuto que acababan de notificarle el retiro a la corte y a los demás Estados parte”, declaró la jurista al diario El País América el 21 de septiembre de 2026.
Cuatro meses de proceso, cancelados de un día para otro
Olarte Bácares había sido postulada en mayo de 2026 por el gobierno de Gustavo Petro, cuando vencía el plazo para presentar candidatos ante la CPI. En los meses siguientes, la jurista bogotana presentó informes, sostuvo reuniones y rindió un examen ante el comité de selección, en el que obtuvo, según ella misma relató a El País América, uno de los puntajes más altos del grupo.
Cuando su candidatura fue retirada, Olarte Bácares llevaba cuatro meses activa en el proceso. Hasta agosto había ocupado el cargo de embajadora de Colombia ante los Países Bajos, por nombramiento de Petro. Es magistra en Derecho Internacional por la Universidad Robert Schumann de Estrasburgo y doctora en Derecho por la Universidad de París. Entre 2020 y 2023 fue decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Qué se elige en diciembre y qué significa este retiro
La elección de magistrados de la CPI está programada para entre el 7 y el 17 de diciembre de 2026, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Se definirán seis vacantes entre once aspirantes. Al cerrar el periodo de postulaciones, Olarte Bácares era la única candidata de América Latina y el Caribe. Su retiro abre la posibilidad de que la región no tenga representación en esta ronda de elecciones.
La CPI es el tribunal internacional creado por el Estatuto de Roma en 1998 —entró en vigor en 2002— para investigar y juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio cuando los Estados no pueden o no quieren actuar. Tiene sede en La Haya (Países Bajos) y cuenta con 18 jueces elegidos para mandatos no renovables de nueve años.
El rumor sobre el Estatuto de Roma y la negativa de la Cancillería
El retiro de la candidatura ocurre en medio de un contexto que ya había generado alarma entre juristas: desde el 18 de agosto de 2026 circuló la versión de que Colombia estaría encaminada a denunciar el Estatuto de Roma, es decir, a retirarse formalmente del tribunal. La versión se disparó luego de que el periodista Julio Sánchez Cristo la planteara públicamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores la negó: sostuvo que Colombia no ha iniciado trámite alguno para salir del Estatuto de Roma ni de la ONU, y que no se ha adoptado ninguna decisión en ese sentido.
Esa posibilidad adquirió mayor peso dado que el magistrado del tribunal de paz Ramelli advirtió semanas antes, ante la ONU y la CPI, que el recorte de 185.000 millones de pesos al presupuesto de la JEP en 2027 dejaría al tribunal sin sede ni audiencias. El mismo gobierno que recortó a la JEP es el que ahora retiró la candidata colombiana para la CPI.
Reacciones y lo que viene
La decisión generó reacciones en el espectro político, en especial desde la oposición, según reportó Infobae el 22 de septiembre de 2026. La Cancillería, que sí desmintió el rumor sobre el Estatuto de Roma, no ha explicado públicamente por qué retiró la candidatura ni por qué no avisó a la candidata.
Si esa intención llegara a concretarse pese al desmentido, Colombia se retiraría de uno de los principales mecanismos de justicia internacional, en un momento en que el país atraviesa un proceso de paz con grupos armados cuya supervisión depende, en parte, de instituciones de ese tipo.
Por ahora, la elección de diciembre en Nueva York se realizará sin candidatos de América Latina y el Caribe en la lista.