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Los gremios del sector transportador alertaron al Gobierno Nacional por una situación que califican como una emergencia paralela a la atención invernal: el aumento sostenido de puentes caídos o con afectaciones estructurales graves en distintas regiones del país.
Colfecar señaló que en los últimos 12 años se han registrado 29 casos, de los cuales 18 ocurrieron entre 2023, y lo que va de 2026 y cinco solo en los primeros meses de este año.
Según los firmantes, la magnitud y frecuencia de estos eventos está generando impactos directos sobre la movilidad, el abastecimiento y la actividad económica regional, sin que se evidencie, a su juicio, una gestión estatal diligente y oportuna.
Las cifras presentadas por los gremios muestran una concentración reciente de las afectaciones. El 62 % de los puentes reportados con fallas graves o colapsos se registró desde 2023, mientras que el 17 % corresponde únicamente a 2026.
El documento sostiene que este comportamiento no puede considerarse normal en ningún país y plantea interrogantes sobre la gestión, mantenimiento y respuesta institucional frente a la infraestructura vial.
Vías regionales y caminos ancestrales, cuyo avance apenas llega al 24%, Foto:iStock
Al desagregar los casos por entidad responsable, el Instituto Nacional de Vías (Invías) aparece como la entidad con mayor número de novedades reportadas, seguido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), administraciones departamentales y, en un caso, el Ejército Nacional.
En el detalle presentado por los firmantes se indica que Invías concentra 13 de los 29 puentes con afectaciones graves registradas en los últimos 12 años.
La ANI figura con nueve casos, los departamentos con seis y el Ejército con uno.
Esta distribución es utilizada por los gremios para sustentar su llamado a que las entidades nacionales asuman un rol más activo y coordinado frente a la situación, especialmente en los corredores estratégicos.
Puentes caídos en 2026 y afectaciones regionales
Durante 2026, la problemática se ha concentrado en zonas específicas del país, en un contexto marcado por la ola invernal.
En menos de dos meses, Colfecar reportó la caída de cinco puentes con impactos significativos en la movilidad del Urabá antioqueño y en los departamentos de Córdoba y Magdalena.
Las afectaciones incluyen cierres totales o parciales de vías clave para la conexión regional y nacional.
Según la información consignada, uno de los casos se registró en el departamento de Córdoba, en la vía Lorica–Chinú, donde el puente Chima, bajo jurisdicción de Invías, presentó una novedad a la altura del kilómetro 23 desde el 2 de febrero de 2026.
En el Magdalena, en la vía Santa Marta–Río Palomino, el puente Mendihuaca, también a cargo de Invías, registró una afectación el 3 de febrero, en el kilómetro 37.
En Antioquia, se reportaron dos casos en la vía Necoclí–Arboletes. El primero corresponde al puente San Juan, en el kilómetro 63, con novedad desde el 3 de febrero.
El segundo es el puente Mulatos, en el kilómetro 17 de la misma vía, afectado en la misma fecha.
El quinto caso señalado ocurrió nuevamente en Córdoba, en la vía Puerto Rey–Montería, donde el puente Jalisco, bajo jurisdicción de la ANI, presentó una novedad el 8 de febrero, en el kilómetro 19.
Colfear destaca que pese a la gravedad de las afectaciones, la respuesta institucional ha sido desigual.
Para el caso del puente Mendihuaca, en el Magdalena, se anunció el 13 de febrero el inicio de la construcción de un paso provisional.
Sin embargo, en la vía Necoclí–Arboletes, una comisión de Invías llegó a la zona solo el 25 de febrero, es decir, 22 días después.
A la fecha del comunicado, ninguna de las cinco novedades había sido resuelta ni se había restablecido el paso.
Impacto en el transporte y solicitudes al Gobierno
Las organizaciones firmantes señalaron que la prolongación de los cierres y restricciones está generando afectaciones directas al sector transportador de carga y pasajeros que opera en las regiones impactadas.
Según el comunicado, la situación ha derivado en una crisis económica y social que afecta a empresas, conductores, auxiliares y a cientos de familias cuyo sustento depende de la actividad transportadora.
A esto se suma la alteración de las cadenas de abastecimiento y de la dinámica comercial local y regional.
Paula Galeano
Periodista Portafolio
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