Comité de la Regla Fiscal

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) manifestó que la estrategia fiscal del Gobierno de Gustavo Petro requiere “esfuerzos adicionales” para garantizar la estabilización de la deuda y su convergencia al ancla de la regla fiscal en el mediano plazo.

“Entre más rápido se reduzca el desequilibrio fiscal, menor será la magnitud del ajuste requerido. De esta manera, se reducirán riesgos macroeconómicos tales como mayores primas de riesgo, presiones sobre la inflación y la tasa de cambio, aumento en el costo de financiamiento y efectos adversos sobre la inversión y el bienestar de la población”, asegura el organismo independiente a través de un nuevo pronunciamiento.

Hay que recordar que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció hace unos días que se activó una cláusula de escape para suspender las metas fiscales del país por un periodo de tres vigencias. Ello le permitirá al Gobierno gastar más sin saltarse la norma.

“El Gobierno decidió activar la cláusula y aprobó una senda de reducción del déficit fiscal insuficiente para conducir la deuda a un nivel prudente. Además, el plan de ajuste a las finanzas públicas implica que la mayor parte del esfuerzo se materializaría en el mediano plazo”, se puede leer en su pronunciamiento.

El Carf estima que la deuda neta del Gobierno Nacional Central podría ascender hasta 61,4 por ciento del PIB en este 2025, llegar a 63,5 por ciento en el 2026 y a 64,3 por ciento del PIB en el 2027, máximos históricos, que estrecharían el margen frente al límite legal de endeudamiento (71 por ciento del PIB).

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“Si la disminución del desbalance fiscal inicia en 2025, se fortalece la credibilidad del plan de ajuste. La activación de la cláusula de escape no es un mecanismo para abandonar desde ahora el esfuerzo de estabilización de las finanzas públicas”, asegura.

Para este 2025, el Carf proyecta que el cumplimiento de la meta de déficit fiscal aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) de 7,1 por ciento del PIB requiere un ajuste de 8,3 billones de pesos y para el 2026 la cifra de 6,2 por ciento necesitaría otro de 33 billones de pesos, de los cuales 19,7 billones de pesos podrían obtenerse si se aprueba la reforma tributaria que actualmente estudia el Gobierno.

“Para llevar la deuda hacia su nivel prudente se requerirá que la diferencia entre ingresos y gastos, excluyendo el pago de intereses (es decir, balances fiscales primarios), sea equivalente a entre 1,5 y 2 por ciento del PIB en la próxima década. El escenario fiscal oficial prevé superávits primarios promedio menores, de 1,1 por ciento del PIB entre 2029 y 2036”, indicó.

Para el Carf, la estrategia aprobada por el Gobierno debería ser complementada con medidas específicas que permitan garantizar el proceso de consolidación fiscal.

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“Todo lo anterior pone de presente la urgente necesidad de que el Gobierno Nacional, el Congreso y la sociedad como un todo acuerden las reformas que reduzcan el gasto (y sus inflexibilidades), fortalezcan los ingresos y permitan retomar la senda de la regla fiscal en un plazo razonable”, aseguró.