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El proyecto de ley que busca redefinir el régimen sancionatorio aduanero intensificó las alertas por el alcance de las facultades de la DIAN, la eliminación de la gradualidad de las sanciones y los efectos sobre el comercio formal.
Analdex advierte riesgos para empresarios legales por la tipificación de omisiones como contrabando, mientras el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, subraya que el cambio es obligatorio por mandato constitucional, pero advierte impactos directos sobre envíos postales y compras frecuentes en plataformas como Amazon y Temu. En paralelo, la senadora Paola Holguín radicó un proyecto alterno que propone un enfoque distinto sobre sanciones y decomisos.
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La discusión se origina en un esquema previo a 2021, cuando el Gobierno ejercía facultades para regular el régimen sancionatorio aduanero bajo el criterio de que la política de comercio exterior corresponde al Ejecutivo. Esa habilitación fue demandada y la Corte Constitucional determinó que el régimen sancionatorio debía expedirse por ley del Congreso, al tratarse de una facultad del Estado.
Tras el fallo, el Ejecutivo solicitó facultades al Congreso en 2022 para expedir el régimen por decreto. Ese camino derivó en una nueva declaratoria de inconstitucionalidad. La Corte reiteró que no bastan facultades delegadas y que la regulación debe emanar directamente del Legislativo. En ese escenario se radicó el proyecto de ley que hoy cursa en el Congreso para evitar un vacío normativo antes de junio de 2026.
Exportaciones Foto:Carlos Arturo García M.
Facultades a la DIAN
El proyecto en discusión propone reducir el número de infracciones de 357 a 80 y concentrar atribuciones en la DIAN. Para Analdex, la disminución numérica no equivale a simplificación si se eliminan definiciones precisas y la gradualidad de las sanciones. El gremio sostiene que la discrecionalidad ampliada puede equiparar omisiones formales con conductas de contrabando.
En su análisis, Analdex advierte que la eliminación de categorías como leve, grave y gravísima permite que una omisión sea calificada de manera directa como contrabando, con consecuencias administrativas y penales. “Se sanciona por errores de forma a empresarios que operan en la legalidad”, ha señalado el gremio al referirse a decomisos, aprehensiones y procesos derivados de incumplimientos formales. Según esta visión, el esquema podría desincentivar el comercio legítimo sin introducir herramientas específicas contra el contrabando técnico y el contrabando abierto.
Lisandro Junco coincidió en que la expedición de la ley es ineludible, pero advirtió que el diseño actual tiene efectos prácticos sobre el comercio cotidiano y los envíos postales. Según explicó, la eliminación de la gradualidad permite que omisiones de forma sean tratadas como contrabando, lo que impacta operaciones frecuentes asociadas al comercio electrónico. En su análisis, compras realizadas por personas naturales en plataformas como Amazon o Temu podrían ser objeto de aprehensiones o procesos si se configuran errores de declaración o formalidades.
“El problema es que se va a clasificar como contrabando muchas cosas que no lo son”, ha señalado Junco al referirse a operaciones de bajo monto y a envíos postales, que hoy concentran una parte creciente del comercio transfronterizo. Para el exdirector, ese enfoque no introduce estrategias tecnológicas ni controles específicos contra el contrabando técnico o abierto, pero sí eleva el riesgo para usuarios y empresarios que buscan cumplir la norma.
Junco también indicó que el nuevo esquema puede generar dificultades tanto para funcionarios de la DIAN que intentan aplicar la norma como para operadores formales, al no diferenciar de manera expresa entre el error y la conducta fraudulenta.
Salón Elíptico del Congreso. Foto:Prensa Cámara.
La propuesta alterna de la senadora Paola Holguín
En paralelo al proyecto del Gobierno, la senadora Paola Holguín, junto con María Fernanda Cabal, Jhon Jairo Berrío y Juan Espinal, radicó el 2 de diciembre de 2025 un proyecto de ley para expedir el Régimen Sancionatorio y de Decomiso de Mercancías en materia de aduanas. La iniciativa plantea un marco orientado a reglas claras y seguridad jurídica para la DIAN y los usuarios aduaneros.
Según Holguín, el propósito es “garantizar reglas claras, justicia material y seguridad jurídica”, eliminando esquemas que sancionan el error humano y reforzando la acción contra estructuras criminales de contrabando. El proyecto incorpora principios de legalidad, favorabilidad, tipicidad, proporcionalidad y debido proceso; propone racionalizar causales de aprehensión para excluir errores formales; y restablece la gradualidad de las sanciones conforme al CPACA y al Estatuto Tributario.
La iniciativa también prevé mecanismos de corrección voluntaria y mantiene facultades de fiscalización de la DIAN con herramientas modernas de control y medidas cautelares proporcionales. “Queremos un Estado fuerte contra el contrabando, pero justo con el empresario que obra de buena fe”, afirmó la senadora al presentar el proyecto, sustentado en los plazos fijados por las sentencias C-441 de 2021 y C-072 de 2025 de la Corte Constitucional.
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