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El balance revelado esta semana por la Superintendencia Financiera, que muestra el avance del Pacto por el Crédito que el Gobierno selló con la banca colombiana en septiembre del 2024, contradice lo dicho por el presidente Gustavo Petro (20 de julio) en su discurso de instalación del Congreso de la República, en el sentido de que ese acuerdo fracasó, no solo por el monto de desembolsos —transcurridos nueve meses de la firma del mismo— sino porque la economía popular y la industria han recibido muy poco de esos recursos.
En su décimo reporte César Ferrari, superintendente Financiero, y responsable de hacerle seguimiento a dicho pacto, reveló que los desembolsos de la banca a los cinco sectores priorizados por el propio Gobierno sumaron 128,8 billones de pesos al cierre de junio, que representan el 50,9 por ciento del monto total acordado de 252,7 billones hasta febrero del 2026, cuando se completan los 18 meses convenidos.
Los resultados fueron bien recibidos por los banqueros, quienes indicaron que esto se constituye en “excelentes noticias para la economía colombiana”, según lo manifestó Jonathan Malagón, presidente de la Asobancaria, para quien dicho pacto “va por buen camino”.
“De los 55 billones de pesos de desembolsos adicionales acordados para los cinco sectores estratégicos, ya se han otorgado 45 billones durante diez meses. En apenas el 56 por ciento del tiempo previsto, la banca entregó el 81 por ciento de los recursos”, dijo el vocero gremial.
Y si bien el mismo balance deja ver que el crédito otorgado por la banca a la llamada economía popular en el marco de dicho acuerdo es el de menor avance con 35,6 por ciento, frente al 65,3 por ciento de cumplimiento en vivienda e infraestructura; 52,5 por ciento del turismo; 48,3 por ciento del sector de manufactura y transformación energética, y 49,1 por ciento del agropecuario, el propio Superintendente ha dicho que “sí ha habido un crecimiento en el otorgamiento de crédito por encima de lo que hubiéramos esperado si no hubiese este compromiso de poner en total 55 billones adicionales”.
En reciente entrevista con EL TIEMPO, Ferrari reconoció, no obstante, que el crédito a la economía popular sí muestra cierto rezago, pero no porque no se le esté irrigando recursos a ese sector como se comprometió la banca, sino porque “de repente el problema está en la manera como lo estamos midiendo”, dijo.
Según el funcionario, la mayoría de los créditos para la economía popular, que pueden ser para comprar una moto por parte de una persona que se dedique a realizar domicilios o un televisor para mejorar un pequeño comercio (tienda) y de esta forma atraer más clientes, se cuentan como créditos de consumo o comerciales, pero al final es una inversión y no un gasto para la persona que depende de ese negocio, muchas veces situados en barrios humildes, lo cual implica que hay que comenzar a repensar la metodología para medir esos préstamos que van a la economía popular, lo cual no es una tarea fácil, insistió en su momento Ferrari.
César Ferrari llegó a la Superintendencia Financiera de Colombia hace dos años. Foto:Superintendencia Financiera
Pese a que la autoridad del mercado reconoce que se trata de un problema de metodología y de medición para saber con certeza qué tanto de esos recursos están llegando a la economía popular, el presidente Petro volvió a retomar su idea de imponer obligaciones forzosas a la banca. “Como el pacto por el crédito industrial no dio resultado, propongo que se establezca una inversión obligatoria, como ya existe para el agro, pero esta vez dirigida a la industria manufacturera y exportadora en Colombia”, dijo el jefe de Estado en su discurso del pasado 20 de julio en el Congreso.
Eso implicaría exigirles a las entidades financieras que destinen un porcentaje de su portafolio a ciertos sectores o actividades, generalmente bajo condiciones reguladas de tasa o riesgo, algo que se ha utilizado en el pasado con resultados que no han sido del todo positivos para el propio segmento crediticio y la economía en general.
Las dificultades
Si bien en términos generales el avance de los desembolsos en los primeros 10 meses cumplidos del pacto se acercó en junio al 51 por ciento, hay tres sectores que están por debajo de esa media: agropecuario (49,1 por ciento), manufactura (48,3 por ciento) y economía popular (35,6 por ciento), lo que en opinión de algunos expertos puede sugerir que el Pacto por el Crédito requiera ajustes antes de considerarse un ‘fracaso’.
“La solución no pasa por imponer obligaciones que puedan alterar los equilibrios del sistema financiero, sino por reforzar la capacidad del Estado y de este sector para trabajar en conjunto, con criterios técnicos y mecanismos bien diseñados”, señaló Víctor Ramírez, socio de Auditoría y Aseguramiento, líder de industria Financiera en la firma consultora BDO Colombia.
Un crédito para comprar una moto para hacer domicilios, puede ser más una inversión que un gasto. Foto:Rappi
En el reciente informe entregado por la Superfinanciera se advierte que, además de los problemas de metodología que aduce la entidad para determinar qué recursos van a la economía popular, la entidad encontró que el rezago en la entrega de recursos a ese renglón obedece también a factores como la autoexclusión.
“Los potenciales clientes de la Economía popular manifiestan reparos para asumir créditos, pues tienen dudas sobre su capacidad de pago dado que sus ingresos no son necesariamente regulares, mientras que las obligaciones crediticias sí lo son”, señala la entidad, al tiempo que menciona que otra restricción relevante está relacionada con las tasas de interés.
“La mayoría de los créditos para este segmento se ofrecen a las tasas más altas del mercado (58,1 por ciento en junio de 2025), lo que dificulta su cobertura. Superar esa tasa con una rentabilidad mayor en pequeños negocios resulta casi imposible, lo que genera alta morosidad”, comenta la entidad.
En el reporte entregado por la entidad se detalla que la tasa promedio de los créditos entregados en el marco de ese acuerdo fue de 15,4 por ciento efectiva anual a junio. Pero al mirarla por segmentos se tiene que el costo de un préstamos en el de Manufactura y Transición Energética fue de 14 por ciento; en Vivienda e Infraestructura, de 11,8 por ciento; en el Agropecuario, de 14.6 por ciento; en Turismo, de 14,8 por ciento, y en la Economía Popular, de 58.1 por ciento, nivel que “representa una barrera significativa para la demanda potencial de crédito en ese segmento”, comenta la la Superfinanciera.
El costo de un préstamo para aquellos que dependen de la economía popular alcanzó el 58 % en junio. Foto:Solutions & Payroll
Ajustes
Aunque el balance de la Superfinanciera muestra hasta junio pasado que el Pacto Por el Crédito se viene cumpliendo, hay quienes consideran que el mismo es susceptible de ajustarse para que el impacto del mismo sea mucho mayor.
A mediados de junio funcionarios de la Superfinanciera se reunieron con directivas de la Asobancaria y varias entidades financieras, entre otros razones, para fortalecer y promover el Pacto por el crédito en la Economía popular. De ese encuentro surgió un nuevo compromiso de los bancos de recopilar información sobre las acciones que vienen implementando para dinamizar ese segmento en particular.
En adición a lo anterior, Ramírez, experto de la consultora BDO en Colombia, sostiene que parte de esos esfuerzos se pueden concentrar en tres frentes específicos: fortalecer los esquemas de garantía para facilitar acceso al crédito sin trasladar todo el riesgo a las entidades; ajustar metas sectoriales, incluyendo enfoques territoriales y diferenciados por tipo de empresa, e impulsar programas de acompañamiento técnico, alfabetización financiera y estructuración de proyectos que mejoren la bancarización de los beneficiarios.
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