Con posturas divididas, la Corte Suprema resolverá si aplica la figura de femicidio en un crimen de 2016

La Corte Suprema de Justicia ha convocado a dos conjueces para participar en el caso de Julieta González, la joven que fue asesinada en 2016 en Mendoza, por el cual Andrés Di Césare está cumpliendo una condena. Los magistrados comenzarán a abordar un aspecto crucial de la causa relacionado con la aplicación de la figura de femicidio.

La decisión de incluir más jueces responde a la previsión de una votación dividida entre los actuales miembros del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, según información obtenida por Infobae.

El expediente que analizan involucra a Di Césare, quien fue condenado por el homicidio de la joven de 21 años en la localidad mendocina de Cacheuta, Luján de Cuyo. El cuerpo de González fue descubierto atado de pies y manos, seis días después de que su familia denunciara su desaparición el 21 de septiembre. Se encontraba en una zona montañosa cerca del penal de máxima seguridad de Almafuerte, donde también se hallaron su DNI y su chaqueta.

Según el relato posterior de la madre durante el juicio, Julieta y Andrés se conocían desde la infancia y, tras un reencuentro, comenzaron a salir a pesar de tener otros compañeros. La madre mencionó que Julieta le contó sobre el renacer de su relación con “Andresito”, así como las citas que tuvieron en diferentes lugares de la ciudad durante poco más de un mes. “Me comentó que él le recordó cuando de pequeños jugaron a la botellita y se dieron su primer beso”, afirmó la mujer. Días antes del asesinato, la joven presentó a Di Césare, de 26 años e hijo de un conocido empresario del transporte provincial, como su novio.

La noche de la desaparición, la madre de González se puso en contacto con el joven, quien negó saber el paradero de su hija. Admitió que ese día tuvieron una discusión, ella lo arañó y él le pegó en el rostro; pero luego la llevó unas cuadras en su coche y cuando se bajó, no la vio más.

No obstante, los forenses encontraron piel de Di Césare bajo las uñas de la víctima y sangre de ella en su automóvil. Las torres de telefonía posicionaron a ambos en el mismo lugar la noche del crimen. Asimismo, se descubrió que el acusado había buscado en Internet cómo deshacerse de un cuerpo y sobre pruebas de ADN de un feto en un cadáver antes del asesinato. Se sospecha que ese mismo día González le informó que estaba esperando un hijo suyo.

Condena por homicidio

Según la reconstrucción aprobada por los tribunales, el crimen fue motivado porque González le habría revelado que estaba embarazada, lo que llevó a Di Césare a actuar violentamente. En 2019 fue arrestado y juzgado por el homicidio. El tribunal penal mendocino consideró demostrado el homicidio, pero desestimó el agravante de violencia de género.

Por esta razón, la condena fue de 18 años de prisión por homicidio simple, ya que, según los jueces, no existía un vínculo de pareja formal y no había elementos suficientes para clasificar el hecho como femicidio. Esta decisión generó una inmediata reacción por parte de organizaciones como #NiUnaMenos, que rápidamente se movilizaron.

En 2021, la Sala Segunda de la Corte de Mendoza reclassificó el crimen, determinando que el homicidio ocurrió en un contexto de violencia de género. Así, la pena de Di Césare fue modificada a prisión perpetua de acuerdo con el artículo correspondiente a la figura mencionada.

Esta validación se sustentó, entre otros aspectos, en el estado en que quedó el cuerpo de González y en la evidente asimetría de poder. El fallo provincial señaló: “La multiplicidad de lesiones y la forma en que fue agredido el cuerpo de la víctima sugieren una intención de disciplina y un control por parte del agresor ante la resistencia de la víctima –se afirmaron. Es innegable que hubo una discusión –aunque se ignore el contenido preciso de la misma– y que Di Césare utilizó todos los medios a su alcance –su mayor contextura física para asfixiar hasta la muerte y golpear, incluso, con piedras– para imponerse sobre la débil defensa de Julieta González. Estas circunstancias muestran una clara asimetría de poder, que es característica de la violencia de género.”

Esto llevó a la defensa del acusado a presentar varios recursos. El proceso llegó a la esfera nacional mediante el recurso de casación horizontal, lo que llevó el caso a la Corte Suprema. El máximo tribunal, después de verificar la complejidad y sensibilidad del caso, decidió incorporar a Rocío Alcalá, jueza federal de Resistencia, y Gustavo Castiñeira, juez federal de Mendoza, elegidos por sorteo. Según ha podido conocer este medio, ambos fueron notificados y tendrán la responsabilidad de desempatar la votación si sigue la división entre los ministros del tribunal.