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Por segunda vez en menos de seis meses, el Consejo de Estado negó la tutela presentación por el Instituto Nacional de Vías (Invías) para levantar las medidas cautelares que mantienen suspendido el cobro de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) en la región Caribe. La decisión, emitida el pasado 11 de diciembre, prolonga la incertidumbre sobre un proyecto que busca recaudar recursos para financiar obras ya ejecutadas, como el Viaducto Gran Manglar y tramos de la vía 4G entre Cartagena y Barranquilla.
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El fallo judicial ratifica que el cobro no puede aplicarse mientras persistan las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, tras una acción popular interpuesta por el senador barranquillero Carlos Meisel. El legislador ha sido uno de los grandes protestantes de este cobro y sostiene que el Gobierno insiste en avanzar con un proceso al que “todos los caminos conducen a que lo están declarando ilegal y lo van a seguir declarando”.
El plan del Invías contempla aplicar la CNV a 123.000 predios en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, en Atlántico y Bolívar. Según la entidad, el cobro permitiría recuperar parte de la inversión en infraestructura vial, pero la propuesta ha generado rechazo entre comunidades y líderes políticos.
El senador barranquillero Carlos Meisel, opositor de este proyecto. Foto:cortesia
El Gobierno ha defendido el esquema argumentando que se trata de una contribución justa, con exoneraciones para estratos 1, 2 y 3, predios únicos, hogares en pobreza extrema y unidades agrícolas familiares. Sin embargo, Meisel advierte que estas exenciones no cubren casos como el de pequeños propietarios rurales. “Si un ciudadano en Juan de Acosta, que es estrato uno, tiene una pequeña parcela a las afueras del pueblo, ya lo considera multipropietario y le afecta la parcela. ¿De dónde va a sacar la plata para pagar esos impuestos?”, cuestionó en una conversación con El Heraldo.
Invías siguió socializando pese a la suspensión
A pesar de que el cobro está suspendido judicialmente, Invías había seguido realizando jornadas de socialización en varios municipios del Atlántico. Desde septiembre, la entidad organizará audiencias públicas en Malambo, Galapa, Soledad, Puerto Colombia, Tubará, Piojó y Juan de Acosta, con el argumento de cumplir la orden judicial que exige. participación ciudadana antes de cualquier decisión.
Estas reuniones buscaban explicar los criterios técnicos y económicos del cobro, las zonas de influencia, las exenciones y la metodología para calcular el beneficio individual. Sin embargo, la baja asistencia y las críticas por falta de claridad marcaron las jornadas. Líderes comunitarios denunciaron desinformación y desconfianza frente a un proceso que consideran “inviable”para la mayoría de los afectados.
Es la segunda vez en seis meses que el Consejo de Estado niega una tutela al Invías para este caso. Foto:Jesús Blanquicet
El senador Meisel ha sido uno de los más férreos opositores y esto lo exacerbó. Tras conocerse la nueva negativa del Consejo de Estado, el congresista denunció que Invías estaría incurriendo en un uso indebido de recursos públicos. “Se están gastando plata pública en un proceso que está suspendido y que, a todas luces, no es conveniente. Aquí lo que uno ve, sin tener que ser experto, es que empiezan a transitar ya por un detrimento patrimonial y un peculado”, afirmó.
Por ello, anunció que solicitará la intervención de la Procuraduría General y la Contraloría para investigar el origen y el destino de los fondos utilizados en las socializaciones. “La Contraloría y la Procuraduría deben intervenir urgentemente y efectuar las acciones y las sanciones que se requieran”, agregó.
Más allá del debate jurídico, el potencial impacto económico preocupa a empresarios y ciudadanos. Meisel advirtió que muchos comercios y hoteles ubicados en la zona atraviesan una situación crítica, algunos incluso en procesos de reorganización empresarial. “Imponer nuevas cargas tributarias en este contexto es inviable”, señaló.
Imágenes de una socialización realizada hace unas semanas. Foto:redes sociales
El legislador también cuestionó la lógica del recaudo: “El Gobierno cree que los 123.000 predios que pretenden afectar están llenos de multimillonarios, y comete una gran irresponsabilidad y un gran desconocimiento. El dinero que se recaude entraría a una cuenta que no vamos a ver ninguno de los que contribuya ahíni los barranquilleros, ni los cartageneros, ni los diez municipios que se pretenden afectar”.
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Por ahora, el cobro de valorización no se puede aplicar. Las medidas cautelares siguen vigentes y cualquier intento de reactivación depende de nuevas decisiones judiciales. Invías insiste en que las socializaciones son un requisito para avanzar, pero la oposición política, las acciones legales en curso y la presión ciudadana podrían modificar el rumbo del proyecto. Mientras tanto, el debate sobre la viabilidad del cobro y la transparencia en el uso de recursos públicos se intensifica, dejando en evidencia que este proceso está lejos de resolverse.
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