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El Consejo Gremial Nacional manifestó su “profunda inquietud” ante el reciente proyecto de decreto que busca reformar el mecanismo de autorretención y aumentar las bases mínimas para la retención en la fuente.
Indica que esta acción, lejos de constituir una solución duradera, es una estrategia financiera carente de soporte técnico, sin proyección a largo plazo y con graves repercusiones para la economía nacional.
Según el Consejo Gremial, “la propuesta del Gobierno equivale a solicitar al sector productivo un crédito forzado para cubrir el déficit fiscal causado por su ineficiencia en la gestión del gasto público”.
Foto:iStock
“En esencia, se trata de una reforma fiscal encubierta que carga la responsabilidad a aquellos que cumplen, producen y generan ingresos. La retención en la fuente no es un impuesto adicional, sino un anticipo. Es un cobro anticipado sobre ingresos que ni siquiera han sido definitivamente consolidado”, añade.
El Consejo Gremial también afirmó que esta iniciativa penaliza el flujo de caja de empresas, trabajadores formales, autónomos y pequeños comerciantes. “La medida impacta directamente el consumo, el ahorro y la inversión, que son pilares fundamentales para el progreso y la formalización de la economía”, sostiene.
Según estimaciones de Fedesarrollo, este cambio conllevaría un adelanto de impuestos de 2026 por 13,9 billones de pesos (0,8 por ciento del PIB), repitiendo el mismo error fiscal de 2023.
Foto:Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Por lo tanto, el Consejo Gremial advierte que esta medida agravaría el déficit fiscal en 2026 y pondría en peligro el cumplimiento de la regla fiscal y la calificación crediticia del país.
“Desde el Consejo Gremial Nacional señalamos las serias implicaciones legales del proyecto de decreto, en particular la implementación de una autorretención del 3,5 por ciento a entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta”, menciona.
Adicionalmente, al no existir un impuesto a pagar, este anticipo se convierte en un pago sin causa tributaria, lo que va en contra del principio de legalidad.
Foto:iStock
Asimismo, la medida no contempla mecanismos de compensación ni beneficios, lo que afecta de manera directa el flujo de caja de organizaciones sin fines de lucro.
“Este cambio modificaría de manera significativa el régimen fiscal actual, sin una reforma legal que lo respalde, y por lo tanto requiere una revisión jurídica y técnica exhaustiva”, agrega.
Teniendo en cuenta las consecuencias de esta propuesta, el Consejo Gremial realizó un llamado al Gobierno Nacional para que ajuste el gasto y priorice la inversión eficiente, respetando los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.
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