Controversia por traslado de Epa Colombia tras intervención presidencial: el ministro Montealegre cuestiona la condena y habló sobre el cambio

El reciente cambio de centro de reclusión de la influencer, motivado por amenazas y autorizado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, desató la discusión sobre proporcionalidad de penas y posibles presiones políticas en Colombia.

La afirmación que hizo el jefe de esa cartera sobre la condena impuesta a Daneidy Barrera, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, desató un debate sobre el sistema penal colombiano.

“La condena que se le impuso, que no es por culpa de la justicia, sino de una mala política criminal, es muy alta y no corresponde a la gravedad de los hechos”, aseguró el ministro en diálogo con Blu Radio.

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Esa declaración no solo pone en cuestión la proporcionalidad de la pena, también reveló la postura crítica del Gobierno frente al llamado “populismo punitivo”, una tendencia que, según el ministro, ha llevado a endurecer las penas sin que ello implique una respuesta efectiva a la criminalidad.

El debate y las opiniones divididas se desataron debido al reciente traslado de Epa Colombia desde la cárcel El Buen Pastor a la Estación de Carabineros de la Policía, una decisión, que generó una intensa controversia pública, especialmente porque se produjo poco después de que el presidente Gustavo Petro solicitara al ministro de Justicia ayuda para la influencer, la cual cumple una condena de más de cinco años por los daños ocasionados al sistema TransMilenio durante las protestas sociales de 2019.

Algunas personas han salido a defender la determinación, otras a celebrar el cambio que recibió la creadora de contenido, mientras que hubo quienes cuestionaron la acción porque consideran que podría haber un trasfondo de intereses.

Según la información recogida por Semana y confirmada por el propio Montealegre en la emisora Blu Radio, la medida respondió a motivos de seguridad y no a presiones políticas.

El traslado de la empresaria y creadora de contenido se produjo tras una solicitud formal de sus abogados, quienes argumentaron que su integridad física estaba en riesgo dentro del centro penitenciario.

Montealegre detalló que: “las razones específicas fueron de seguridad, por eso se trasladó”, subrayando que la reclusa había recibido amenazas en El Buen Pastor, tal como en su momento lo mencionó el abogado de Epa Colombia.

El ministro aseguró que la nueva ubicación, una estación de Policía, ofrece garantías plenas para la protección de la influencer: “Esta es una estación de Policía donde va a tener todas las seguridades”, indicó en entrevista con Blu Radio.

Durante la conversación Montealegre evitó vincular el traslado a las declaraciones de Petro y reiteró que la prioridad fue la seguridad de la interna: “cuando se dan este tipo de amenazas en contra de una persona en una cárcel, se suelen tomar este tipo de decisiones”, y recordó que no se trata de un caso aislado: “Este no es el único caso en el que se ha hecho un traslado a una guarnición de Policía. Cuando se trata de situaciones extremas donde realmente hay un riesgo inminente, siempre se hacen traslados a otras cárceles o patios”.

El ministro también contextualizó la situación de Epa Colombia dentro de un fenómeno más amplio, pues indicó que actualmente, más de 20.000 personas privadas de la libertad se encuentran en estaciones de Policía, lo que ha motivado al Gobierno a trabajar en una política pública que modifique esta realidad.

En cuanto a la duración de la condena, el titular de Justicia fue enfático al señalar que el castigo impuesto a la empresaria responde a una lógica punitivista que, en su opinión, debe ser revisada.

“Desde el Ministerio tenemos que hacer una reformulación de esas políticas punitivistas, de algo que se ha llamado el populismo punitivo, se cree que la única forma de luchar contra la criminalidad es aumentando penas y ya en muchos casos resultan desproporcionadas”, afirmó en la entrevista con Blu Radio.

La decisión de trasladar a Epa Colombia a una estación de Policía, donde solo hay otras dos mujeres privadas de la libertad, fue presentada por el ministro como una garantía adicional de seguridad. Montealegre insistió en que la integridad de la influencer está plenamente resguardada en su nuevo lugar de reclusión.