Corte dio ultimátum para definir el valor de la UPC y mantuvo el incidente de desacato contra el ministro de Salud

La Corte Constitucional ha iniciado la etapa probatoria en el incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, una medida que surge ante el continuado incumplimiento de las órdenes dirigidas a asegurar el derecho fundamental a la salud de los colombianos.

El alto tribunal destacó que el objetivo de este incidente no es la imposición de sanciones automáticas, sino orientar y dirigir a la autoridad competente para que cumpla de manera efectiva con los mandatos supervisados desde hace más de diez años, con un enfoque en la protección de la vida humana.

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La Sala Especial de Seguimiento de la Corte ha determinado que persisten las fallas en el cumplimiento de las órdenes para garantizar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para acceder a servicios de salud. La UPC es el valor anual que el sistema de salud asigna a cada afiliado para financiar los servicios incluidos en el régimen contributivo y en el subsidiado.

La decisión adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 incluye la formalización de la apertura de la etapa probatoria en el marco del incidente de desacato mencionado en el Auto 2049 de 2025.

Según lo dispuesto por la Sala, presidida por Carlos Camargo Assis y conformada por Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade —quien aclaró su voto—, la decisión se basa en que las gestiones informadas por Jaramillo en el plazo establecido no aseguran un cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales. A pesar de la solicitud del ministro de cerrar el proceso, considerando que se habían satisfecho los requerimientos, el tribunal encontró insuficiencias en los resultados obtenidos.

En un comunicado oficial, se establece como meta garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso del funcionario investigado. La Corte subrayó que esta etapa no interrumpe los plazos para la ejecución de las órdenes establecidas en el Auto mencionado.

La providencia habilita la inclusión de las pruebas documentales presentadas al expediente, que serán consideradas durante el procedimiento.

Además, el tribunal ha ordenado la realización de una mesa técnica, cuya fecha será fijada en febrero de 2026, según la agenda de la Sala Especial de Seguimiento. La entidad ministerial será informada mediante auto.

El documento también indica la negativa a llevar a cabo las pruebas solicitadas por el Ministerio de Salud y Protección Social relacionadas con la orden a las EPS de reportar información sobre la UPC, la exhibición de los libros contables y la prueba pericial, basándose en los argumentos presentados en la parte motiva de la decisión.

La Corte reiteró que el Ministerio de Salud y Protección Social ha incumplido las órdenes establecidas en el Auto 2049 de 2025 y exigió su cumplimiento inmediato para evitar sanciones legales. Finalmente, instruyó a la Secretaría General del tribunal para que envíe las comunicaciones pertinentes junto con una copia integral de la providencia.

Durante el proceso, la Corte otorgó al ministro de salud un plazo de 48 horas, a partir de la notificación de la providencia, para corregir las fallas en el sistema de información que afectan la fiabilidad del cálculo de la UPC, garantizar la suficiencia financiera de este valor de acuerdo con los parámetros establecidos y ajustar la UPC del régimen subsidiado al 95% de la correspondiente al régimen contributivo, a menos que se demuestre técnicamente la suficiencia del subsidio.

Es importante mencionar que el ministro de Salud enfrenta otro proceso con la Procuraduría General de la Nación, que lo ha citado a juicio por supuestas irregularidades en la implementación del nuevo modelo de salud para los docentes, conocido como Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). En relación con esto, el Ministerio de Salud aclaró que el Fomag es una entidad autónoma y, por lo tanto, el ministerio no tiene responsabilidades directas sobre su administración.